POLITICOS

Recientes sucesos en distintas instituciones públicas (Parlamento de Galicia, Congreso de los Diputados, Gobierno de Valencia) han provocado nuevos ríos de tinta sobre un tópico: el desprestigio de la política y de quienes la practican. No es un fenómeno nuevo en el tiempo ni circunscrito a España.

En un penetrante ensayo, " Politica y Ciencia", disponible en: http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf, Weber analiza las características de la política profesional y sus ventajas frente a sistemas anteriores, sus riesgos y sus objetivos, que resume en la ocupación del poder para aplicar proyectos o programas. Lo que decía Manuel Azaña claramente, en cita atribuida a Josep Pla: "Yo no sé si soy un estadista. Lo que es cierto es que, de la política, lo que me interesa es mandar." Pero Weber plantea también una perspectiva fundamental para juzgar la acción política, la dimensión ética. Desde Maquiavelo el dilema de fines y medios, de la justificación de las acciones del político por la razón de Estado, ha sido objeto de numerosos ensayos.Un estudio de José Ramón Recalde, de elocuente título ,"Crisis y descomposición de la política", comentado en : http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=52395, ofrece una discusión clara de los problemas y plantea los límites de la ética pública.

Suele atribuirse al sistema de partidos el descrédito de la política y son muchos los argumentos que se proponen para mejorar su funcionamiento. Un reputado especialista, catedrático universitario y hoy conocido como comentarista fustigador del Partido Socialista, Roberto Blanco Valdés, en un libro exhaustivo, "Las conexiones políticas", analiza las patologías de los partidos políticos, desmonta las fáciles y aparentes soluciones, como las listas abiertas y estudia en detalle los aspectos más oscuros de la política, como la financiación. No se aleja de un clásico,

Robert Michels, quien formuló hace un siglo la llamada ley de hierro de la política, resumida en : http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels. Actividad de una minoría que en aras de la eficiencia sacrifica la democracia interna, se burocratiza y reduce el parlamentarismo a la selección de líderes. Otro especialista que reune la doble condición de académico y político, José María Maravall, en su libro "El control de los políticos", analiza empíricamente los conflictos en el seno de los partidos y sus consecuencias electorales, concluyendo que la disensión interna es claramente rechazada por el electorado y consecuentemente pagada en términos electorales.

No tiene sentido negar el sentimiento ciudadano de crítica a lo que percibe como distanciamiento y prácticas difíciles de explicar. El político, en palabras de Weber sólo tiene vocación "si posee la seguridad de no quebrarse cuando, en su opinión, el mundo resulte demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece. Sólo tiene vocación para la política el que frente a todo esto puede responder: Sin embargo..."

Por eso los gobiernos conscientes de las críticas ciudadanas, promueven códigos de conducta, amplían incompatibilidades, promueven el acceso de los ciudadanos a la información oficial, multiplican los controles, etc. La Xunta de Touriño lo hizo así, promulgando dos normas muy avanzadas: http://www.derecho.com/l/boe/ley-4-2006-transparencia-buenas-practicas-administracion-publica-gallega/ y http://www.derecho.com/l/boe/ley-9-2007-subvenciones-galicia-comunidad-autonoma-galicia-18-07-2007/. La primera introduce obligaciones de información permanentes sobre salarios, concursos, adjudicaciones, normas en preparación , etc y la segunda reduce la discrecionalidad y ordena el régimen de subvenciones. A las personas interesadas en las tendencias para mejorar la política, puede resultarles útil la obra "Etica pública: Desafíos e propostas", publicada por la Xunta anterior y cuyo texto está en: http://egap.xunta.es/fich/public57.pdf

La nueva Xunta ha hecho tabula rasa de esos avances. Hoy ni transparencia, ni control, tampoco diálogo, menos aún resultados. En su lugar el ruido de la propaganda para acallar a la razón, siempre necesitada de sosiego para hacer oir su voz.

CAJAS

Cuando a finales de noviembre pasado, el Presidente Núñez Feijoo utilizaba una táctica parlamentaria para modificar,por vía de urgencia, la normativa vigente en materia de Cajas de Ahorro, iniciaba, como en el caso de la lengua gallega, un conflicto político que ha derivado en un conflicto jurídico de final incierto. El proceso abierto en diferentes Comunidades: Cataluña, Andalucía, Valencia, Extremadura, País Vasco o Castilla y León, ha sido diferente en todos los casos. Incitados por el Banco de España que urge entidades financieras de mayor tamaño, aunque también supraregionales, los Presidentes autonómicos han impulsado procesos de diálogo que faciliten la fusión de entidades, con desigual fortuna. En ningún caso, salvo en Madrid y en un contexto de Caja única, se ha utilizado la presión legislativa para imponer Consejos de Administración dóciles con el poder.

Pero en Galicia se ha modificado la normativa para forzar una fusión que es rechazada de plano por Caixanova y sobre la que Caixagalicia guarda un prudente silencio. El presidente Núñez Feijoo, que cada día muestra una deriva menos dialogante, zanjó los escasos encuentros que mantuvo con esas entidades para urgir una maniobra parlamentaria carente de lo más esencial: rigor. El procedimiento elegido, supone obviar todos los informes técnicos, que a modo de control de calidad, rigen el proceso de elaboración de las normas: audiencia a los interesados, informes de asesoría jurídica y en este caso del Consello Económico Social, o del Consello Consultivo, éste potestativo. Incluso se ha obviado el asesoramiento jurídico del Parlamento, para imponer un texto escasamente meditado.

No es muy sorprendente que el Consejo de Estado haya apreciado indicios de inconstitucionalidad, por invasión de competencias, en dos artículos y una disposición transitoria de la norma aprobada. El dictamen puede leerse en la web del Consejo. Los informes y dictámenes de la Xunta no figuran en lugar alguno. Cabe recordar que varias leyes similares han sido recurridas en el pasado, sin que ello haya supuesto más que una incidencia ordinaria en el Estado complejo en el que vivimos.

Pero Núñez Feijoo buscaba un objetivo diferente: envolverse en la bandera del agravio, del ataque a las esencias patrias, para aislar así al Psoe y disfrutar de un margen de maniobra mayor. La rara coincidencia de los principales medios de comunicación y agentes sociales, ha acentuado más la posición singular del socialismo gallego. Llama la atención que un procedimiento expeditivo haya concitado tantas adhesiones. ¿Acaso será el modelo de actuación para otros problemas enquistados, ya sean de concentración empresarial o institucional? Los atajos jurídicos para obviar problemas políticos, suelen conducir al fracaso. Ahora será necesario un acuerdo extrajudicial que corrija los excesos del texto y repita la tramitación parlamentaria.

Y cuando ese acuerdo exista, con el concurso de quienes fueron censurados, todavía restará abordar la solución de gestión para la nueva entidad. El sentimiento de agresión que existe al menos en un segmento numeroso de la población de Vigo, no puede despreciarse. Serán necesarias soluciones, que el Presidente de la Xunta ya ha comenzado a sugerir públicamente, para que esa Caja única y mayor que las actuales, no sea solamente la suma de dos problemas y que pueda contar con la capacidad e iniciativa estratégica que la situación económica demanda.

METROPOLITANOS

El debate recurrente sobre espacios supramunicipales en Galicia, o sobre su configuración institucional en las llamadas áreas metropolitanas, está deparando escasas ideas novedosas . Imposible encontrar propuestas sobre la mejor articulación de los servicios públicos locales, quizás porque, con una excepción, han alcanzado ya un notable grado de desarrollo en el ámbito municipal respectivo y nadie ve claro que las soluciones metropolitanas introduzcan economías de escala y una mejor adaptación a la evolución de las demandas ciudadanas. Así el abastecimiento de aguas, la recogida y tratamiento de residuales, la recogida y tratamiento de residuos o el urbanismo, están ya muy desarrollados en cada municipio y se intuye que soluciones de integración pueden generar más problemas que soluciones.

La única excepción es el transporte de viajeros, donde el único avance de la última década ha sido el billete único. Nada se ha hecho, ni existe previsión concreta, sobre la integración del transporte urbano con el interurbano, de suerte que el mismo transporte traslade a los usuarios desde un punto de origen hasta el destino final. Los intereses divergentes de los respectivos concesionarios, la abulia de la Xunta y la dificultad de los municipios para avanzar soluciones conjuntas, mantienen ese proyecto, el único verdaderamente metropolitano, en el limbo administrativo.

Así que el debate actual gira sobre un problema político, quien tendrá el poder en una futura estructura institucional. La asignación de votos, los cargos directivos y sus funciones, constituyen el eje de los proyectos en curso, en el Norte y en el Sur. No estará de más recordar que instituciones similares que han seguido esa senda, han fracasado casi siempre. Que las muchas mancomunidades gallegas de municipios, tienen una existencia virtual pero sin funciones reales. Que las áreas metropolitanas creadas en España ( Valencia, Barcelona, Bilbao, Madrid) han sido disueltas por las Comunidades Autónomas. Y que sólo las experiencias de más bajo perfil político, orientadas a la gestión de servicios o a la planificación, han funcionado.

Porque con las nuevas estructuras acontece lo ya conocido en las Diputaciones Provinciales: déficit de legitimidad democrática, por la elección indirecta de sus miembros, ausencia de competencias propias e imposible financiación con fondos propios. Cierto que las Diputaciones disponen fundamentalmente de las transferencias del Estado, que a su vez redistribuyen. Pero de modo general, no han sido capaces en su larga historia de crear servicios propios que mejoren la eficacia de los municipios: en urbanismo, patrimonio, empleo, cultura, servicios sociales, etc la ausencia de iniciativas de las estructuras provinciales es la norma. Sólo en servicios burocráticos o muy técnicos como son la recaudación o las redes informáticas se ha avanzado. De ahí que donde las Diputaciones, con recursos, personal propio y visibilidad política, ofrecen escasos resultados, atribuirle a nuevas estructuras mejores expectativas, no deja de ser un ejercicio voluntarioso.

Pero no es un intento inútil. La capacidad de los poderes locales cuando actúan unidos es muy visible. El Fondo estatal de los dos últimos ejercicios, es una respuesta clara del Estado. Como lo fue el Pacto Local que el Gobierno Touriño firmó con los municipios gallegos, para, entre otros objetivos, mejorar su financiación. También el proyecto actual que impulsan los municipios gallegos para alcanzar un consenso político en la reforma de la Ley del Suelo, si bien en este caso la Xunta tendrá que mostrar más capacidad de diálogo para lograr un acuerdo parlamentario.

De ahí que con todas las reservas antes expresadas, debamos alentar los proyectos de acuerdo metropolitanos. Porque indica consciencia de que unidos en entidades de mayor tamaño podremos conseguir objetivos más ambiciosos . Que los cargos los ocupen políticos o funcionarios es secundario. Que las presidencias sean visibles o sean técnicas también. Porque la fuerza de esos proyectos no vendrá de su estructura, sino de sus miembros, de la sinergia que unos municipios unidos a otros transmiten. Ningun cargo es más relevante que los derivados de la soberanía popular. Ningun presidente de Area Metropolitana será más visible o influyente que un Alcalde. Quien lo dude que mire hacia las Diputaciones, que en siglo y medio no han conseguido hacerse respetar como interlocutores necesarios.

HAITI

Una catástrofe absoluta como acaba de ocurrir en Haití, muestra, además de la desolación que se abate sobre la pobreza extrema, los límites políticos y morales de nuestras sociedades occidentales. A la práctica desaparición del Estado haitiano como estructura organizadora de la convivencia, que incluye la seguridad física y de las condiciones de vida, se une el espectáculo emocionante, a un tiempo competitivo y consolador, de la cooperación internacional.

Es cierto que bastaron horas para comprobar que los organismos multinacionales como Naciones Unidas, que contaba con 9000 militares sobre el terreno además de centenares de funcionarios civiles, no son eficaces. Y que la bien intencionada, multicultural y burocrática Unión Europea carece de capacidad de respuesta a la altura del desastre. Los organismos multilaterales tienen una gran capacidad, que no debe menospreciarse, como estructuras de diálogo pero carecen de fuerza ejecutiva pues sus decisiones son el punto de encuentro o mínimo común denominador de intereses contrapuestos. En Haití, como en tantos casos, el denostado Imperio estadounidense se ha revelado como la única estructura capaz de actuar con prontitud y eficacia. Y lo ha hecho, es llamativo, con su Ejército. Es decir, existe un Estado, capaz de tomar decisiones unilaterales y de imponerlas, porque tiene los medios coercitivos y logísticos necesarios. Se han mantenido las formas de cooperación con el gobierno haitiano, pero se ha organizado la asistencia y, cuentan los cronistas allí desplazados, la población lo ha aceptado desde el primer momento. Es cierto que se han leído comentarios surrealistas referidos a la supuesta incomodidad de otros gobiernos por las prioridades determinadas por el mando militar americano que opera el único aeropuerto, pero de ser ciertos deben entenderse, piadosamente, como el reconocimiento de la propia incompetencia.

Cuando se observan los esfuerzos de otros ejércitos occidentales para actuar en escenarios internacionales casi siempre como fuerzas de interposición, sin mandato ni capacidad para actuaciones coercitivas, se realza más el papel del único Ejército del mundo occidental capaz de actuar en cualquier misión, en cualquier lugar y de hacerlo al servicio de sus propios objetivos. A veces inasumibles desde el exterior, pero en todo caso sirviendo con firmeza a la política exterior de su gobierno. También asumiendo el coste en vidas que supone actuar en conflictos cruentos. . Ahora que se plantea como única salida de Afganistán el pacto con los talibanes, es decir la solución política, se olvida que prácticamente ninguno de los objetivos allí perseguidos se han cumplido: los talibanes existen, las mujeres continúan en el status represivo que antes tenían, el cultivo de amapolas es floreciente, la violencia endémica, el país está destruido y el Gobierno local no parece resistir un mínimo examen. En descargo de la política americana reconozcamos que está ampliamente acompañada sobre el terreno por contingentes militares de muchos países, que si no soportan el peso de la guerra, si legitiman la actuación norteamericana.Y que en el plano político está también ampliamente respaldada por la comunidad internacional consciente de que no tiene otra alternativa mejor.

Pero Haití nos brinda otra lección interesante. No es posible el desarrollo sin gobiernos comprometidos en su logro. El desembarco de las Organizaciones no gubernamentales y la exhibición, obscena entre tantas miserias, de las cifras multimillonarias que suman las aportaciones de gobiernos, instituciones y particulares, indica que los recursos no serán el problema. Además la cooperación al desarrollo ha alcanzado en todo el mundo el máximo histórico,según los informes de la OCDE y una vez descontada la condonación de la deuda. Pero todo ello no puede hacer olvidar que la reconstrucción del país durará una década, palabras de su Presidente, ratificadas en la conferencia de Montreal que agrupa a los países comprometidos en la recuperación. Tampoco que hasta el momento no existen propuestas para abordar ese problema una vez resueltas las necesidades más acuciantes: cobijo, alimento y cura. Satisfechas las necesidades perentorias quedará un largo trabajo de reconstrucción del capital físico, así como para la creación de condiciones a largo plazo que rompan el bucle de pobreza, subdesarrollo y catástrofes. La creación de servicios públicos básicos como la educación y la sanidad, el desarrollo de una economía de mercado, del comercio y de la adecuación de éstos a las características del país, son tareas muy complejas, que requieren generaciones y compromisos políticos que trascienden la lucha política. Ahí es donde la cooperación bilateral entre Estados puede ser decisiva. De justicia es consignar aquí el fortísimo crecimiento que esa política ha tenido en España con el presidente Rodríguez Zapatero así como la multiplicidad de programas en curso.

Para quienes sigan los problemas que aquí se comentan, recomiendo un magnífico ensayo, de un conocido historiador, reconvertido ahora a la política, el canadiense Michael Ignatieff. En su obra “El honor del guerrero” (Taurus, 2004), analiza con detalle el papel de la cobertura televisiva de los desastres, las guerras étnicas de los Balcanes y otros lugares, la memoria histórica.... Entre otros análisis llamativos estudia en profundidad la más importante de las organizaciones no gubernamentales, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las contradicciones de su neutralidad. Las matanzas étnicas de Bosnia, donde la Unión Europea fue testigo pasivo o el papel de Naciones Unidas en ese mismo conflicto o en el de Ruanda, son asimismo contribuciones impresionantes.

TRILINGÜISMO

Por primera vez en la historia de Galicia el status del idioma alcanza categoría de conflicto político. Se quiebra así una tendencia iniciada en 1983 y liderada entonces, entre otros, por Carlos Casares, que perseguía la llamada normalización, es decir un status de cooficialidad entre dos lenguas en situaciones sociales muy diferentes.

La fórmula elegida, uso exclusivo en las instituciones oficiales, televisión pública incluida y uso equilibrado de ambas en la enseñanza obligatoria, ha funcionado sin excesivos conflictos durante más de un cuarto de siglo. Diferentes consideraciones llevaron al último gobierno Fraga a elaborar un Plan de Normalización que contó con la unanimidad parlamentaria. El gobierno Touriño, en aplicación de ese Plan, promueve una nueva regulación en la enseñanza, apoyada inicialmente por el Partido Popular. Este se desmarca del acuerdo la víspera de su aprobación y desde entonces Núñez Feijoo comienza a transformar el status de la lengua gallega en motivo de debate político. Nueve meses después de su llegada al poder ejecutivo presenta un proyecto de Decreto que ha tenido la rara virtud de molestar a todos los sectores: a unos por regresivo y a otros por insuficiente, y todavía a más por irreal.

El decreto, al mezclar el status de las lenguas oficiales con una lengua extranjera, es decir con un aprendizaje propio del curriculum escolar pero independiente del problema de uso cotidiano de las lenguas, dificulta la aproximación de posiciones y vicia un debate que es esencialmente político.

Porque la lengua es símbolo de la sociedad política. Lo es el castellano o español, recuérdese el debate constitucional de 1978 a este respecto. Y es además una de las escasas justificaciones para la existencia de las llamadas nacionalidades históricas, un eufemismo para designar a las actuales comunidades autónomas que tenían reconocida la existencia de lengua y cultura propias en la ya lejana época de la Segunda República. Todo el debate político español del siglo XX ha estado mediatizado por la oportunidad de reconocer a esos territorios derechos políticos singulares, autogobierno, en términos de igualdad entre si y con otros territorios, fórmula actual, o en términos de singularidad.

No es extraño pues que en todas esas Comunidades (las llamadas históricas, Cataluña, País Vasco, Galicia, pero también Valencia, Baleares y en parte Navarra) el tratamiento de su lengua propia, de su cultura y de otros hechos diferenciales, haya sido objeto de atención preferente por los respectivos Ejecutivos territoriales. En general se ha tendido a considerar que para evitar que en el seno de cada Comunidad Autónoma existiese fraccionamiento social derivado del uso o dominio de las lenguas cooficiales, debería de asegurarse la plena competencia en la lengua propia; el dominio de la lengua común estatal se consideraba siempre suficientemente protegido por la posición social dominante y por la propia legislación estatal.

Pero lo cierto es que existen diferentes formas de asegurar el pleno dominio de unos conocimientos. De hecho inicialmente se desarrollaron modelos de enseñanza paralelos, hasta cuatro modelos en el País Vasco. Cierto es que la presión política permanente fue tendente a la uniformidad. En Galicia como ya se ha indicado se adoptó un criterio uniforme desde el principio.

Ahora la Xunta propone una fórmula que deja en manos de las comunidades educativas la opción sobre un tercio del tiempo escolar. Si el Ejecutivo cree que esa fórmula es un punto de encuentro social, debería coherentemente garantizar los recursos humanos suficientes para el desdoblamiento de grupos en cada centro educativo sostenido con fondos públicos. También la existencia de materiales escolares en doble edición. Y ello con independencia de la enseñanza del idioma extranjero, pues éste es un problema sustancialmente diferente. Aparece aquí la primera contradicción del proyecto de Decreto, carente de memoria financiera y de recursos previstos en los Presupuestos de 2010.

Existe además un problema político general que ahora se pretende trasladar al cuerpo social: la elección de opciones lingüísticas será motivo de confrontación interna en cada comunidad educativa salvo que exista la garantía real de que todos los casos individuales tendrán la solución por la que opten. Es decir frente a un problema organizativo que depende del gobierno, se opta por trasladar el conflicto al seno de cada uno de los miles de centros de enseñanza que existen en Galicia.

Y finalmente para redondear el conflicto, el argumento principal del gobierno parece ser lograr un país trilingüe. No se conocen modelos similares, lo cual ya aconsejaría prudencia al gobierno, pero es que además se trata deliberadamente de confundir. Ante la evidencia del fracaso histórico en la enseñanza de idiomas en España, estudiados durante muchos años pero con un rendimiento insatisfactorio, se apuesta ahora por enseñar en inglés las demás materias: matemáticas, historia, etc. No existiendo suficientes profesores cualificados para ofrecer mejores resultados que los actuales se confía en que quienes han estudiado otras carreras dispongan de una competencia lingüística para la que nunca se han formado. Si los resultados de nuestros estudiantes en las evaluaciones internacionales como el informe PISA, son ya preocupantes, lo que se intenta podría derivar en escandaloso. Y sumaríamos al fracaso idiomático, el fracaso en materias propedéuticas para estudios superiores. Y peor aún: no existe previsión económica alguna. En román paladino, no hay ni un euro en los presupuestos actuales. Es más, ni la universidad se ha atrevido a hacer un planteamiento similar. Para adquirir dominio del idioma extranjero se requieren otras estrategias: formar profesores en el extranjero, incorporar profesores extranjeros, orientar la enseñanza hacia la comunicación más que hacia la teoría, introducir el idioma precozmente, utilizar la televisión subtitulando programas emitidos en inglés, etc. Es decir recursos. Cabe recordar que el ejecutivo de Touriño además de hacer uso de algunas de esas medidas, multiplicó por diez el número de unidades que impartían la enseñanza en idioma extranjero. Un camino gradual de acuerdo con los recursos existentes.

Claro que el propio Ejecutivo mientras pregona las bondades del trilingüismo, introduce una cláusula adicional en el borrador de Decreto que le permite no asumir compromiso temporal alguno. Es decir, el idioma como excusa para atizar el conflicto.

Al final cabe preguntarse por los motivos del Presidente Feijoo, un político habitualmente mesurado, para abrir la caja de Pandora de los hechos simbólicos y diferenciales. No parece que se trate de mejorar la enseñanza de idiomas por cuanto hemos dicho. Ni de mejorar la convivencia educativa pues no existían conflictos notables. Ni de regresar a un consenso parlamentario que ni se intenta. Sólo desde una perspectiva electoral de corto alcance puede entenderse la medida. Se trataría de desestabilizar al socialismo gallego, que también necesita atender a su electorado centrista y urbano, presuntamente incómodo con la última regulación normativa. Pero la sorprendente manifestación del día 21, convocada precipitadamente para un día laboral y que ha concentrado a decenas de miles de personas pone de manifiesto que la percepción social es justamente de acoso y malestar por el proyecto del Presidente Feijoo.

Cabría inferir la oportunidad de intentar un nuevo consenso sobre este problema. Imposible hacerlo sobre las bases propuestas por la Xunta. Pero la posición de la RAG brinda un espacio de encuentro, al proponer el regreso al último hito donde fue posible el acuerdo. No hacerlo así y perseverar en un proyecto de Decreto que no resuelve ningun problema, crea varios y dinamita el consenso social sobre uno de los hechos diferenciales que todos los ciudadanos declaran respetar, sólo aventura deterioro de la vida política y enrarecimiento del debate social.

Es cierto que el Presidente Feijoo parece tener malos consejeros. El de educación y su equipo ya han dado muestras de incompetencia política y técnica que sonrojan. Pero en este caso parece pesar más el cálculo partidista inmediato que la visión de Estado que se le supone al máximo dirigente de una Comunidad.

El mito griego de Pandora la presenta como una creación artificial , de exterior atractivo y de interior peligroso. Una operación pérfida de Zeus que prevé la apertura de la jarra de los males para castigar a los hombres. También narra que una vez abierta, en su interior sólo quedó la Esperanza.

acta pública

La evolución de la vida pública, orientada a la comunicación inmediata a través de los medios, carece progresivamente de espacio para los debates o las exposiciones más complejas. La urgencia por facilitar titulares, las técnicas de divulgación de los mensajes por los aparatos de los grupos políticos, simplifican las exposiciones en aras de una mayor accesibilidad.



No ha lugar a la lamentación. Es un fenómeno común a los sistemas democráticos de nuestro entorno. Así se hace necesario crear otros espacios de exposición y contraste de ideas, proposiciones o hechos. La política sigue siendo el espacio público de la confrontación de ideas, objetivos o estrategias tendentes a introducir cambios en el funcionamiento de la sociedad.



Los grupos parlamentarios no son ajenos a esa tendencia. También aquí la urgencia de lo inmediato opera en contra de la reflexión de largo alcance. No obstante, el propio carácter de las actas parlamentarias que otorgan a quienes las ocupan pleno tiempo y condiciones de trabajo para enfocar el mandato que han recibido del cuerpo electoral, permite ensayar otras formas de comunicación.



Así este blog ofrecerá puntos de vista sobre los problemas actuales o que preocupan a quien lo suscribe, abiertos a las ideas similares de quienes crean necesario participar de un debate sereno y constructivo.



José Luis Méndez Romeu

Diputado