jueves, 31 de mayo de 2012

JUECES

El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de jueces y magistrados. Elegido por las Cortes, a través de un procedimiento de mayoría cualificada, reproduce la pluralidad de éstas, también sus vicios. Está compuesto por 20 magistrados y su Presidente lo es, además, del Tribunal Supremo.

Su actual Presidente, al parecer no ha impuesto nunca una sentencia. Su nombramiento solo puede explicarse desde una maniobra partidista para asegurarse un peón fiel. Cuando ahora se descubre el abuso que viene realizando en materia de viajes y atenciones protocolarias, no puede olvidarse que todo el Consejo adolece de lo mismo, según ha denunciado uno de sus miembros, testigo incómodo que revela las semanas de tres días y el abuso de los viajes con cargo al presupuesto público. Nadie parece inclinado a dimitir.

Pero el Consejo encuentra tiempo para proponer una reforma radical de la planta judicial, suprimiendo multitud de partidos judiciales y concentrando la justicia en las ciudades y grandes municipios. No se persiguen objetivos de racionalización, ni de eficacia, o al menos no se justifican en el documento, disponible en su web. La reforma no ha sido consultada con nadie: ni Comunidades Autónomas, ni Audiencias Provinciales, ni Colegios Profesionales.

Y sin embargo todos los profesionales recitan de memoria los cambios necesarios: mantener una justicia de proximidad para los litigios de menor cuantía que son la mayoría y traspasar los asuntos complejos a las jurisdicciones especializadas. En el momento actual, por ejemplo, la mayor parte del trabajo de la Fiscalía, está centrado en las denuncias por alcoholemia. Mientras un juzgado con pocos medios, como el de Corcubión, tramita una de las causas más voluminosas de la última década, el "Prestige", y así va.

El Consejo olvida, como la Xunta y Feijoo, que eliminar servicios públicos del ámbito rural, sólo acelerará el despoblamiento, sin garantizar mejores niveles de eficiencia.

sábado, 26 de mayo de 2012

DE LA MENTIRA

Escribió Diego Saavedra Fajardo "Todo el estudio de los políticos se emplea en cubrille el rostro a la mentira y que parezca verdad, disimulando el engaño y disfrazar los desinios". Sabía de lo que hablaba pues además de notable pensador político era consejero y embajador de Felipe IV y como tal protagonizó la política exterior de la época.

Hoy su aserto parece cierto. La mentira abierta, la verdad a medias, el engaño adornado, todas las formas espúreas están presentes en el delicado momento actual de España. Gobiernos que hacen lo contrario de lo que prometieron, engaños en las cuentas públicas, en las cuentas de las empresas, en los contratos con particulares, la Xunta rechazando facturas y certificaciones para cuadrar las cuentas, los ayuntamientos aflorando miles de facturas ocultas...El patio de Monipodio a escala nacional.

Repasemos lo último: Bankia reformula sus cuentas, con una desviación de miles de millones de euros, las Comunidades de Madrid y Valencia presentan desviaciones en cifras igualmente escandalosas, los afectados por las participaciones preferentes, sólo en Galicia suman 43.000,el Presidente del Consejo General del Poder Judicial abusa de sus privilegios, el Gobierno contrata a dos empresas con lamentables antecedentes para supervisar la banca, etc.

No son los únicos casos. Grecia falsificó las cuentas públicas para acceder al euro y ahora sufre las consecuencias.Islandia generó una deuda imposible a costa de una riqueza general insostenible. Pero no parece un consuelo fácil. Mientras, todos los bancos españoles son progresivamente descalificados y la Unión Europea acusa la falta de credibilidad de España como país y de sus diferentes instituciones. Parece difícil estar peor. Y nada es descartable.

Las soluciones no las ofrecerán quienes son beneficiados por el actual sistema. Necesitamos más exigencia moral en todos los niveles, más transparencia en las actuaciones y sobre todo responsabilidad para explicar la verdad. Y un opinión pública que no transija ante tanta impunidad.

viernes, 18 de mayo de 2012

HUMANIDADES




La concesión del Premio Príncipe de Asturias a Martha Nussbaum, es una oportunidad para releer sus obras. La que aquí se comenta, "Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades", contiene en su título un verdadero manifiesto. De hecho así lo asume la propia autora, defendiendo que sólo una visión del mundo impregnada por el debate de ideas, la confrontación de propuestas, transmitidas a través de los contenidos de la historia de la cultura, puede librarnos de la deriva autoritaria de nuestras sociedades.
  • La experiencia de Estados Unidos, analizada con detalle, y confrontada con la de un entorno totalmente distinto como es India, le permite a la autora revisar los principales argumentos de política educativa. También para reivindicar el valor de la pedagogía socrática, la enseñanza de las artes y de la literatura, los valores morales y en suma, reclamarse heredera de Dewey, el gran pedagogo norteamericano y al tiempo impulsor de la idea democrática a través de la pedagogía.
  • Nussbaum en nuestro país probablemente no sería comprendida. El grado de confusión en el que se mueve la política educativa no permite análisis como los que aquí se defienden.Cuando las posiciones oscilan entre los recortes presupuestarios y los resultados del informe PISA, no queda mucho espacio para el análisis de los fines de la educación.
  • La visión economicista de la sociedad, empuja a las humanidades hacia la marginación. Los argumentos: estudios no utilitarios, costes no justificados por los resultados, irrelevancia en la producción de bienes y servicios, etc. Se olvida que la comprensión del mundo, la capacidad de dialogar, los intercambios creativos, el patrimonio común de ideas y creencias, se sustentan en cosmovisiones, a su vez dependientes de las humanidades.

jueves, 17 de mayo de 2012

VALEDOR

La dimisión del Valedor do Pobo, órgano estatutario nombrado por mayoría cualificada del Parlamento y dependiente de éste, tiene dos lecturas. La más elemental, mantuvo opinión propia en asuntos sometidos al debate político y no pudo soportar la pérdida de confianza consiguiente.

La lectura más interesante se refiere a la propia naturaleza de los órganos reguladores y similares, progresivamente más numerosos en las democracias occidentales, nombrados por la representación parlamentaria, pero sustraídos a su control. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Seguridad Nuclear y sus correspondientes órganos autonómicos, Consello de Contas, Valedor do Pobo, Consello Consultivo, Consello da CRTVG. A éstos habría que añadir aquellos que son nombrados por el Ejecutivo pero que también están sustraídos a su control posterior: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, etc.

Esa tendencia, iniciada en Estados Unidos a finales del siglo XIX, se ha visto incrementada desde 1980 en todos los países de nuestro entorno. Lo que distingue a esos órganos tan diversos es que una vez nombrados, sus miembros son inamovibles y no obedecen otras directrices que las de la ley y sus normas específicas. Son órganos democráticos en su origen, pero en su funcionamiento no dependen de otras instancias de control. Por razones de complejidad técnica, de especialización o de eficacia, se han configurado como una Administración paralela.

Las encuestas de opinión valoran peor a los órganos elegidos directamente, como los Parlamentos, que a estos órganos especializados. Los encuestados muestran rechazo a los órganos puramente políticos porque los perciben como el lugar de las maniobras partidistas y los cálculos personales.

Una vez más, la legitimación de la confrontación de ideas, la esencia de la democracia, tiene que ser puesta en valor, depurándola de elementos secundarios y evitando la tentación de extender el marco de actuación hacia aquellos órganos independientes que se han revelado como eficaces y al mismo tiempo democráticos en su funcionamiento, normalmente evidenciado en sus dictámenes o informes.

Por eso conviene dar pasos hacia los mecanismos de identificación elector-elegido, como las listas electorales uninominales, la elección directa de determinadas magistraturas o la transparencia de la financiación de los partidos políticos.

martes, 8 de mayo de 2012

BANCA

El Gobierno acaba de anunciar una nueva vuelta de tuerca al sector financiero, clave para la recuperación económica. Desde hace meses los fondos librados por el Banco Central Europeo (BCE) al 1% de interés, no están produciendo el crédito suficiente para las empresas. Los problemas de los balances bancarios, lastrados por activos inmobiliarios sobrevalorados, están dificultando que tomen los capitales necesarios en el mercado interbancario.

Los bancos se han resistido hasta ahora a adoptar las medidas necesarias: depreciación o venta de activos, reestructuración, fusiones. Sólo la presión política y del Banco de España ha conseguido resultados. Las nuevas medidas apuntan a Bankia y han originado la dimisión de Rodrigo Rato. Probablemente el proceso de venta de los bancos sometidos a reestructuración, Novagalicia Banco incluido, será cuestión de semanas.

Así la crisis económica actual, de origen financiero y que ha tenido en Bancos y Cajas a sus principales responsables, aunque con la complicidad de gobiernos y del regulador, se saldará con más dinero público. La alternativa, dejar quebrar las entidades insolventes, no se ha considerado. De esta forma los directivos bancarios siguen a cubierto de cualquier responsabilidad. A cubierto y con magníficas indemnizaciones.

Todavía no se conoce una explicación racional sobre la crisis de las Cajas de Ahorro gallegas o de cualquier otro territorio. Núñez Feijoo, los directivos de las Cajas fusionadas, no han sentido la necesidad de explicar lo ocurrido, de analizar los errores de la auditoría que propició la fusión, de reconocer errores de gestión. Nada ha pasado, porque el Estado cubrirá los errores, al precio de subir impuestos, disminuir prestaciones y empobrecer a millones de españoles.

Sin duda el patrón de crecimiento de la economía española durante las dos últimas décadas, basado en el mercado inmobiliario y en industrias intensivas en empleo pero no en competitividad, ha sido alentado por todos los Gobiernos. Era fácil, no exigía demasiados recursos, facilitaba un capitalismo popular aunque especulativo, nutría las arcas de los municipios, favorecía el turismo. Demasiados beneficios como para reducirlo y sustituirlo por otro modelo más exigente en capital e innovación y con resultados más inciertos a corto plazo.

Hoy cosechamos lo que sembramos. Podemos quejarnos de Merkel, de la Unión Europea o del capitalismo sin escrúpulos. Pero muchos analistas lúcidos advirtieron de los riesgos desde hace muchos años. Si algo está claro es que las víctimas de la crisis no coinciden con los gestores que la provocaron. De un lado millones de personas que asistieron como espectadores y del otro unos pocos beneficiados, antes de ingentes beneficios, ahora de notables privilegios.