domingo, 28 de febrero de 2010

POLITICOS

Recientes sucesos en distintas instituciones públicas (Parlamento de Galicia, Congreso de los Diputados, Gobierno de Valencia) han provocado nuevos ríos de tinta sobre un tópico: el desprestigio de la política y de quienes la practican. No es un fenómeno nuevo en el tiempo ni circunscrito a España.

En un penetrante ensayo, " Politica y Ciencia", disponible en: http://www.hacer.org/pdf/WEBER.pdf, Weber analiza las características de la política profesional y sus ventajas frente a sistemas anteriores, sus riesgos y sus objetivos, que resume en la ocupación del poder para aplicar proyectos o programas. Lo que decía Manuel Azaña claramente, en cita atribuida a Josep Pla: "Yo no sé si soy un estadista. Lo que es cierto es que, de la política, lo que me interesa es mandar." Pero Weber plantea también una perspectiva fundamental para juzgar la acción política, la dimensión ética. Desde Maquiavelo el dilema de fines y medios, de la justificación de las acciones del político por la razón de Estado, ha sido objeto de numerosos ensayos.Un estudio de José Ramón Recalde, de elocuente título ,"Crisis y descomposición de la política", comentado en : http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=52395, ofrece una discusión clara de los problemas y plantea los límites de la ética pública.

Suele atribuirse al sistema de partidos el descrédito de la política y son muchos los argumentos que se proponen para mejorar su funcionamiento. Un reputado especialista, catedrático universitario y hoy conocido como comentarista fustigador del Partido Socialista, Roberto Blanco Valdés, en un libro exhaustivo, "Las conexiones políticas", analiza las patologías de los partidos políticos, desmonta las fáciles y aparentes soluciones, como las listas abiertas y estudia en detalle los aspectos más oscuros de la política, como la financiación. No se aleja de un clásico,
Robert Michels, quien formuló hace un siglo la llamada ley de hierro de la política, resumida en : http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Michels. Actividad de una minoría que en aras de la eficiencia sacrifica la democracia interna, se burocratiza y reduce el parlamentarismo a la selección de líderes. Otro especialista que reune la doble condición de académico y político, José María Maravall, en su libro "El control de los políticos", analiza empíricamente los conflictos en el seno de los partidos y sus consecuencias electorales, concluyendo que la disensión interna es claramente rechazada por el electorado y consecuentemente pagada en términos electorales.

No tiene sentido negar el sentimiento ciudadano de crítica a lo que percibe como distanciamiento y prácticas difíciles de explicar. El político, en palabras de Weber sólo tiene vocación "si posee la seguridad de no quebrarse cuando, en su opinión, el mundo resulte demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él le ofrece. Sólo tiene vocación para la política el que frente a todo esto puede responder: Sin embargo..."

Por eso los gobiernos conscientes de las críticas ciudadanas, promueven códigos de conducta, amplían incompatibilidades, promueven el acceso de los ciudadanos a la información oficial, multiplican los controles, etc. La Xunta de Touriño lo hizo así, promulgando dos normas muy avanzadas: http://www.derecho.com/l/boe/ley-4-2006-transparencia-buenas-practicas-administracion-publica-gallega/ y http://www.derecho.com/l/boe/ley-9-2007-subvenciones-galicia-comunidad-autonoma-galicia-18-07-2007/. La primera introduce obligaciones de información permanentes sobre salarios, concursos, adjudicaciones, normas en preparación , etc y la segunda reduce la discrecionalidad y ordena el régimen de subvenciones. A las personas interesadas en las tendencias para mejorar la política, puede resultarles útil la obra "Etica pública: Desafíos e propostas", publicada por la Xunta anterior y cuyo texto está en: http://egap.xunta.es/fich/public57.pdf

La nueva Xunta ha hecho tabula rasa de esos avances. Hoy ni transparencia, ni control, tampoco diálogo, menos aún resultados. En su lugar el ruido de la propaganda para acallar a la razón, siempre necesitada de sosiego para hacer oir su voz.







domingo, 14 de febrero de 2010

CAJAS

Cuando a finales de noviembre pasado, el Presidente Núñez Feijoo utilizaba una táctica parlamentaria para modificar,por vía de urgencia, la normativa vigente en materia de Cajas de Ahorro, iniciaba, como en el caso de la lengua gallega, un conflicto político que ha derivado en un conflicto jurídico de final incierto. El proceso abierto en diferentes Comunidades: Cataluña, Andalucía, Valencia, Extremadura, País Vasco o Castilla y León, ha sido diferente en todos los casos. Incitados por el Banco de España que urge entidades financieras de mayor tamaño, aunque también supraregionales, los Presidentes autonómicos han impulsado procesos de diálogo que faciliten la fusión de entidades, con desigual fortuna. En ningún caso, salvo en Madrid y en un contexto de Caja única, se ha utilizado la presión legislativa para imponer Consejos de Administración dóciles con el poder.

Pero en Galicia se ha modificado la normativa para forzar una fusión que es rechazada de plano por Caixanova y sobre la que Caixagalicia guarda un prudente silencio. El presidente Núñez Feijoo, que cada día muestra una deriva menos dialogante, zanjó los escasos encuentros que mantuvo con esas entidades para urgir una maniobra parlamentaria carente de lo más esencial: rigor. El procedimiento elegido, supone obviar todos los informes técnicos, que a modo de control de calidad, rigen el proceso de elaboración de las normas: audiencia a los interesados, informes de asesoría jurídica y en este caso del Consello Económico Social, o del Consello Consultivo, éste potestativo. Incluso se ha obviado el asesoramiento jurídico del Parlamento, para imponer un texto escasamente meditado.

No es muy sorprendente que el Consejo de Estado haya apreciado indicios de inconstitucionalidad, por invasión de competencias, en dos artículos y una disposición transitoria de la norma aprobada. El dictamen puede leerse en la web del Consejo. Los informes y dictámenes de la Xunta no figuran en lugar alguno. Cabe recordar que varias leyes similares han sido recurridas en el pasado, sin que ello haya supuesto más que una incidencia ordinaria en el Estado complejo en el que vivimos.

Pero Núñez Feijoo buscaba un objetivo diferente: envolverse en la bandera del agravio, del ataque a las esencias patrias, para aislar así al Psoe y disfrutar de un margen de maniobra mayor. La rara coincidencia de los principales medios de comunicación y agentes sociales, ha acentuado más la posición singular del socialismo gallego. Llama la atención que un procedimiento expeditivo haya concitado tantas adhesiones. ¿Acaso será el modelo de actuación para otros problemas enquistados, ya sean de concentración empresarial o institucional? Los atajos jurídicos para obviar problemas políticos, suelen conducir al fracaso. Ahora será necesario un acuerdo extrajudicial que corrija los excesos del texto y repita la tramitación parlamentaria.

Y cuando ese acuerdo exista, con el concurso de quienes fueron censurados, todavía restará abordar la solución de gestión para la nueva entidad. El sentimiento de agresión que existe al menos en un segmento numeroso de la población de Vigo, no puede despreciarse. Serán necesarias soluciones, que el Presidente de la Xunta ya ha comenzado a sugerir públicamente, para que esa Caja única y mayor que las actuales, no sea solamente la suma de dos problemas y que pueda contar con la capacidad e iniciativa estratégica que la situación económica demanda.