viernes, 30 de septiembre de 2011

PRIVILEGIOS

La prensa, ávida de asuntos morbosos, ha elevado a categoría política asuntos como los salarios de los cargos electos, sus presuntas prerrogativas, los coches oficiales, patrimonios, etc. Es cierto que los propios representantes políticos han utilizado como arma dialéctica esos asuntos, Núñez Feijoo el primero. Nada de eso eleva el nivel de la vida pública, al contrario, lo degrada. Sin perjuicio de que las conductas abusivas deban ser vigiladas y erradicadas.

Es comprensible que en momentos de ajustes económicos el coste de la política también sea revisado. Pero como se viene demostrando el coste no es exagerado, al menos en España. Los salarios de la mayoría de cargos electos y de todos los miembros de la Administración están publicados y pocos privilegios han podido demostrarse. El más notable, el uso de vehículo oficial con conductor, es ahora el campo de batalla. Más que en la política, se ha generalizado su uso en la Alta Administración como forma de salario indirecto.Es el caso de Galicia, donde los más de cincuenta Directores Generales deben desplazarse de su ciudad de residencia a Santiago a diario.El vehículo podría sustituirse por una indemnización, pero los salarios si son tabú. Añadase que la mitad de los Directores Generales tienen perfil técnico, la mayor parte son funcionarios y que su salario viene a superar en unos 200 euros al de sus inmediatos subordinados, los Subdirectores, con los que no comparten ni horarios, ni responsabilidad, ni exposición.

Algo similar ocurre en torno a los patrimonios. Como se ha demostrado en los casos ya publicados, poca información relevante aportan y ninguna sobre su origen o evolución. Es una foto fija de una situación que se corresponde con la de muchas personas del mismo nivel de ingresos.

Sin embargo hay menos debate sobre los problemas de fondo: los límites de la externalización del sector público, la necesidad de separar más la Administración de la política, la mayor profesionalización de los Ayuntamientos, etc. Conviene recordar que los asuntos juzgados en España por corrupción, que afectan a unos 800 cargos electos, provienen en su inmensa mayoría de decisiones urbanísticas locales y algunos de la contratación de bienes y servicios. Siempre es más fácil el ataque simplista al sector público, menor que en países de nuestro entorno, que abordar objetivos de eficiencia y transparencia.

domingo, 18 de septiembre de 2011

PROBLEMAS

Un conocido historiador, Santos Juliá, publica hoy un artículo en el que explica que las clases trabajadoras han perdido poder frente a otros intereses: mercados, capital, clases acomodadas en definitiva. Así se entiende en su opinión el fracaso actual de la socialdemocracia. Sin negar la capacidad de coacción que éstas últimas han logrado en la globalización, y no es disculpa que se hubiese visto venir desde el principio del proceso, creo que hay razones más profundas, relacionadas con el modo adoptado por la socialdemocracia para hacer valer las necesidades de las clases trabajadoras, su verdadero bastión electoral.

Mientras la división social era nítida, la movilidad social mínima y los derechos escasos, el programa era sencillo: extensión de la igualdad de oportunidades, de las libertades y de los mecanismos de solidaridad. Cuando el Estado de Bienestar, genuina contribución socialdemócrata, ha alcanzado un grado extraordinario de desarrollo, las primeras turbulencias serias de la economía lo colocan ante su desarbolamiento rápido.

Pero hay más malestar de fondo. La meritocracia, consustancial al principio de igualdad de oportunidades ha tocado techo. Los títulos académicos, trabajosamente logrados por los hijos de los trabajadores, se devalúan, mientras se prestigian otras titulaciones restringidas, donde la puerta de acceso es casi siempre la capacidad económica. Hoy, por primera vez en la historia, miles de titulados procedentes de los sectores con menor poder adquisitivo engrosan las filas del paro y sobre todo las del subempleo. El fracaso ante el paro es absoluto y las sucesivas reformas laborales sólo han dejado un rastro de contratos temporales encadenados y de precariedad.

Lo mismo ha ocurrido en otros frentes. La socialdemocracia, incapaz de oponer una visión global al empuje de la economía financiera, ha claudicado país por país, aplicando las recetas que decretan los ultraliberales. No es extraño que perdamos elecciones.

Y sin embargo, como proclama Tony Judt en su alegato póstumo, la socialdemocracia sigue vigente en sus propuestas y sigue siendo necesaria. Sólo hace falta actuar sin perder de vista los valores tradicionales. La claudicación ante el discurso de la derecha sobre el déficit, es sonrojante. Cuando hasta los ultraliberales Estados Unidos defienden la introducción de incentivos para movilizar los recursos económicos, la derecha europea impone la contención del déficit como arma principal. Se olvida que Alemania financió con déficit, durante una década, el proceso de reunificación y sólo cuando finalizó, elevó a rango constitucional el control del déficit. Quizás en agosto la situación fuese insostenible pero hasta llegar a ese punto pasaron años.

Por eso es bueno recuperar, aunque moleste profundamente a la derecha, el impuesto sobre el patrimonio, que nunca debió de haberse derogado y al tiempo animar a nuestros ricos oficiales a que prosigan, cuando lo hacen, con su labor de mecenazgo en favor de Fundaciones y otras actividades de reversión a la sociedad. Y es bueno oponerse a las recetas simplonas de la derecha para contener el déficit: cierre de hospitales y servicios asistenciales, demonización de los profesores, persecución de los sindicatos, etc.

También es malo mantener formas caducas de control jerárquico que distancian no ya a los electores sino incluso a los afliados, como las listas electorales impuestas, las elecciones primarias falseadas o los procedimientos de aclamación. Recuperar terreno electoral exige modernizar las propuestas, los modelos y las formas. Lo único bueno de las crisis es que obliga a cuestionar todos los datos, también a preguntarnos por las razones de nuestro fracaso y en consecuencia, a revisar nuestros proyectos.




sábado, 3 de septiembre de 2011

AGENDA POPULAR

El anuncio de recortes presupuestarios en Castilla-La Mancha, realizado por la Presidenta Cospedal e inmediatamente respaldado por Mariano Rajoy, indica su importancia estratégica.
Significa, por primera vez, que la agenda política del PP se hace pública . Es cierto que antes en Galicia, en Madrid, en Valencia, los diferentes gobiernos populares han venido aplicando muchas de esas medidas. Pero no en vano la presidenta castellana es también una importante dirigente popular. Su anuncio, enfatizado, cuantificado en elevadas cifras y con detalles provocadores, pretende anunciar lo que viene.

Por un lado ataques frontales a los sindicatos, a los funcionarios, a los grandes servicios públicos y universales. Por otro, recorte de éstos últimos. Como guinda mediática los gastos de representación, las televisiones autonómicas, el personal de alta dirección. Poner en el mismo nivel de la balanza el servicio público educativo, o el sanitario, con los coches de servicio de la Administración, los asesores o las empresas públicas de comunicación es querer confundir a la opinión pública. Porque estos son gastos menores comparado con el coste de la sanidad o la educación que suman el 70% del gasto autonómico. Ahí es donde se quiere recortar y ahí es donde muchos países nos siguen aventajando, lo que no se dice.

Desde hace meses las diferentes tribunas de los medios de comunicación vienen clamando en esa dirección, en general con pocos datos y muchos adjetivos. Se obvian las comparaciones estadísticas con otros países para saber si tenemos muchos funcionarios, suficientes o pocos. En todo caso son los que ahora necesitamos para el nivel de servicios que tenemos.Tampoco se explica la función que prestan: médicos, profesores, jueces o policías parecen ser invisibles para los heraldos del recorte.

En Galicia, como en Madrid, el desprecio hacia el sector educativo es notorio: escandalosa distribución de medios informáticos o de profesores de lenguas, recorte en los comedores, amenazas sobre el transporte, incremento de la carga lectiva, etc. En el sector sanitario se recorta en atención pero se despilfarra en la concesión de hospitales.

Por fin, la derecha española asume abiertamente su tradicional programa. Quizás porque considera que el PSOE está un mal momento para contrarrestarlo, tal vez porque el contexto internacional empuja hacia el abismo y por tanto hacia las fórmulas drásticas, obviando los costes sociales y los que se difieren hacia el futuro.


jueves, 1 de septiembre de 2011

REFORMA CONSTITUCIONAL

Durante tres décadas la reforma constitucional fue un asunto tabú. Se suponía que cualquier modificación abriría la caja de Pandora de las tensiones territoriales centrífugas. Ha bastado una breve indicación alemana para un cambio ultrarrápido, sin debate político ni social. Un acuerdo entre dos dirigentes políticos acaba con la sacralizada rigidez de la Carta Magna.

Hagamos de la necesidad, virtud. El procedimiento elegido para la reforma permitiría modificar casi todo el texto constitucional, en concreto: los derechos y deberes de los ciudadanos, los principios rectores de la política social y económica, las garantías de las libertades y derechos fundamentales, las Cortes generales, el Gobierno y la Administración, el poder judicial, la organización territorial del Estado.

De modo que debates eternos como el Senado, la estructura administrativa y judicial, las competencias territoriales, pueden solventarse con rapidez si hay un grado suficiente de consenso en la dirección de los partidos o una contundente indicación del exterior. Es una mala imagen de la soberanía y no será la última.

No todo es negativo. La capacidad de diálogo y acuerdo de los dos principales dirigentes políticos españoles, habitualmente muy enfrentados entre sí, es una buena noticia. Si la situación es desesperada, parece que es posible entenderse. ¿Se podría haber hecho antes?