miércoles, 26 de junio de 2013

SUBE LA LUZ


El Gobierno Rajoy pretende aprobar en fecha próxima una reforma integral del sector eléctrico. Tras un año de vacilaciones y medidas contradictorias, inmerso en varios frentes judiciales y cuestionado por el Ministerio de Hacienda, el equipo de Industria pretende un cambio en profundidad, que afectará a la producción, transporte y consumo. Con respecto a la primera, la situación es caótica. Rajoy ha eliminado las primas a las energías renovables, cerrando el registro de preasignaciones y condenando al fracaso todos los proyectos previstos, lo que ha provocado una gran inseguridad jurídica para los inversores, de la que se han hecho eco los medios europeos. Además ha incrementado los impuestos sobre las distintas fuentes energéticas.

La producción de origen eólico, fotovoltaico, de biomasa, o geotermia, queda estancada. La dependencia de los combustibles fósiles continuará. Recordemos que el coste de las importaciones de petróleo y demás combustibles, iguala los ingresos por turismo. Además, una industria puntera en investigación se ve abocada a la deslocalización. Por otra parte, los intereses del oligopolio de las grandes compañías eléctricas han impedido el desarrollo de la tecnología del autoconsumo, que permitiría a comunidades de vecinos, pequeñas empresas o instalaciones agropecuarias, producir su propia energía y verter el excedente a la red.

Para los consumidores se plantea otro escenario, el incremento continuado de tarifas. La Tarifa de Último Recurso, que abonan todos los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, bajará su umbral a 4 o 5 kilovatios, empujando a millones de hogares al mercado libre, sensiblemente más caro. Sobre todo si los consumidores continuan pagando, a través de su factura, conceptos que no tienen nada que ver con el coste de la energía que consumen y que son fruto de distintas decisiones políticas. Los llamados peajes representan la mitad del precio final que pagamos a través del recibo de la luz. Y todo ello sin considerar el llamado déficit de tarifa, una cantidad desorbitada, 28000 millones de euros, fruto de la decisión política de establecer precios diferentes de los que corresponderían y mantenida a lo largo de los últimos 11 años por los sucesivos gobiernos. Un problema cuya solución es exclusivamente política y que debería abordarse a través de los Presupuestos del Estado y no a través del recibo de los consumidores.

Galicia era una Comunidad puntera en el desarrollo de la energía eólica. Núñez Feijoo, queriendo dejar su impronta, anuló el concurso para adjudicar 2300 nuevos megavatios, convocado por el gobierno Touriño. Tras varios años perdidos, el nuevo concurso, que debería impulsar además un proyecto de industrialización cifrado en 13000 nuevos empleos y 6000 millones de inversión, es hoy el paradigma del fracaso conservador. Ni un nuevo empleo, ni un euro invertido, ni un megavatio en funcionamiento. Y paralelamente las empresas tecnológicas, fabricantes de componentes y con gran capacidad exportadora, están cerrando sus puertas: Gamesa, Emesa, Alstom, entre otras.

De forma sorprendente, disponer de un recurso natural en abundancia y transformarlo en riqueza, no genera grandes beneficios en Galicia. Siendo exportadora neta de energía, merced a las energías renovables, no se beneficia ni de tarifas diferenciales ni de retornos industriales. Es más, un proceso de concentración empresarial ha externalizado los beneficios e incluso el empleo como recordaban recientemente los trabajadores de las compañías de atención al usuario, también abocadas a la deslocalización. El Gobierno Feijoo no ha conseguido hacer valer ese recurso ante la política del Ministerio de Industria. El último episodio, la necesidad de una tarifa diferencial para grandes consumidores, progresiva, en lugar de la actual, que opera a partir de un umbral, está provocando movilizaciones en Megasa, ante el silencio de la Xunta y del Ministerio.

martes, 25 de junio de 2013

LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



El Consejo de Ministros ha aprobado un informe elaborado por la Vicepresidencia del Gobierno con la cooperación de los diferentes Ministerios. Sumando cantidades disjuntas han concluido que se pueden ahorrar 37000 millones de euros con diferentes medidas administrativas, organizativas y de racionalización. El documento puede consultarse en Internet y aporta desiguales contribuciones, algunas relevantes y otras anecdóticas. Las aportaciones de algunas áreas de la Administración, como Cultura, son inanes. Otras, afortunadamente, aportan reflexiones de mayor interés.

El documento reconoce algunos hechos relevantes. Así, que en 2012, España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino Unido (48,5%) o Italia (50,7%).

Por otra parte, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer trimestre de 2013, se ha producido una reducción del empleo público en 374.800 trabajadores. En este periodo, el empleo público ha caído un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el sector privado. Es decir, que la crisis ha permitido al gobierno reducir el sector de servicios públicos de forma ostensible.

En consecuencia, analizando el nivel de ingresos y gastos públicos de nuestro país, se puede concluir que el sector público español es relativamente reducido en comparación con nuestros socios de la Unión Europea. Si atendemos a la estructura del gasto, desde el punto de vista funcional, con datos extraídos de los Presupuestos de las AA.PP. para el ejercicio 2012, el gasto social y en servicios públicos básicos representó el 65,92% del gasto público y cerca del 30% del PIB, sin contar los intereses de la Deuda. Y en cuanto al personal, en la AGE y las CC.AA. sólo el 25% de los empleados públicos se encuentran en las estructuras puramente administrativas, estando el resto dedicados a servicios de sanidad, educación, seguridad, defensa o justicia.

Respecto a su distribución territorial, casi la mitad del gasto público está gestionado por las CC.AA. y las EE. LL. Según los últimos datos disponibles de la OCDE, comparables con los de otros países de estructura descentralizada, la estructura de gastos en 2011 fue la siguiente: Gobierno central: 21,6%; Gobierno regional: 34,3%; Gobierno local: 12,3%; y Seguridad Social: 31,9%.

El informe plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el caso de las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales, agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o servicios cartográfi cos, órganos de defensa de la competencia, entre otros. Asimismo, otras medidas pretenden mejorar la eficacia y eficiencia mediante la compartición de medios entre las distintas Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la conservación de carreteras, las plataformas de formación de empleados públicos o de gestión de centros educativos.

De esa forma, aparentemente burocrática, se plantea un objetivo político, la reducción de funciones y competencias de las Comunidades Autónomas. El informe no dedica ni un comentario a la estructura organizativa de la Alta Administración del Estado, ni a las Subdelegaciones del gobierno y otras estructuras perfectamente superfluas, pero si entra en el detalle de algunas funciones autonómicas, dificilmente modificables sin cambios legales profundos.

De hecho la mayor parte del informe, y la más interesante, está dedicada al análisis de medidas administrativas de mejora de la eficiencia, también sin coste estimado, pero donde la iniciativa corresponde exclusivamente a la voluntad de los dirigentes ministeriales. Y no sería objetivo menor lograr una Administración más eficiente. Del resto, queda la propaganda y previsiblemente un fracaso tan notable como el de la reforma local.

lunes, 24 de junio de 2013

AEROPUERTOS

¿Me guardas el secreto?

Con ese título se promociona el turismo hacia una de las Comunidades Autónomas más singulares por paisaje y cultura, del territorio español, Galicia. Como si fuese algo reservado a iniciados y que no debe hacerse patrimonio del común de los mortales. Una idea que sería lógica para captar a un segmento de elevado poder adquisitivo y sentido elitista de su existencia. Pero el turismo no funciona así, sino que, como fenómeno de masas, persigue la comercialización de productos definidos: pernoctaciones, billetes emitidos, paquetes combinados, etc.

Como era previsible, esa malhadada campaña ha logrado lo imposible, que las cifras de visitantes a Galicia, medidas por el mejor indicador, las plazas hoteleras ocupadas, se hayan desplomado. Cuando el turismo hacia España es uno de los pocos sectores que producen alegrías, incluso en las Comunidades del Norte de España, con producto diferenciado, Asturias, Cantabria, País Vasco, las cifras en Galicia son catastróficas.

Anotemos un dato. Sólo el 9% de los más de dos millones de viajeros que registra Galicia, lo hacen por avión. La Comunidad, envuelta en el secreto, promociona el Camino de Santiago como experiencia de peregrinación espiritual, pero desdeña las modernas comunicaciones. Una metáfora del Gobierno gallego, incapaz de avanzar a pesar de su mayoría absoluta.

Ahora el Presidente de Galicia y sus voluntariosos Consejeros, desempolvan un clásico de la política, el número de aeropuertos, tres, para intentar racionalizarlos o sea reducirlos. El País Vasco que tiene la mitad de territorio y los mismos aeropuertos no aplica esas medidas, ni Cataluña, ni Valencia ni Andalucía.

Tertulianos y comentaristas se incorporan al debate. No es posible sostener tantos aeropuertos se nos dice, más que en Alemania. Y es cierto que en España el tráfico aéreo doméstico triplica al de Alemania, pero no es menos cierto que en la periferia de España hay muchas ciudades de tamaño importante que necesitan aeropuerto para comunicarse con Madrid o Barcelona en tiempos competitivos y desde éstas con el resto del mundo.

Así que tenemos varios aeropuertos y nuestros gobernantes no saben como rentabilizarlos. Descubrieron que las subvenciones a las compañías low-cost, son perversas, alterando la demanda de los tráficos e hipotecando el desarrollo del mercado. Descubren también que la política clientelar de subvenciones, castigando aquellas ciudades gobernadas por la oposición, comienza a provocar recelos. Se censuran las inversiones de anteriores gobiernos, tildadas hoy de exageradas, 500 millones de euros para lograr aeropuertos modernos, pero al tiempo se busca la comparación con Oporto, el segundo aeropuerto del país vecino, dimensionado para 20 millones de pasajeros y un verdadero hub de comunicaciones internacionales.

Si el gobierno estuviese más atento a la economía competitiva y menos mediatizado por los pequeños intereses locales o partidistas, tendría tiempo de saber que el tráfico aéreo remontará en cuanto lo haga la crisis económica y de forma más intensa, como acontece en Europa y que el impacto de la Alta Velocidad tardará tiempo en notarse, sobre todo en los lugares donde el tiempo de desplazamiento a Madrid será muy superior al del avión, a pesar de la imagen de incomodidad que éste comienza a incorporar.

Y sobre todo comprendería que el futuro económico pasa por el crecimiento y la competitividad de las ciudades, que éstas necesitan disponer de los recursos de comunicaciones y servicios que tienen aquellas con las que compiten, para atraer inversiones o visitantes. También podría descubrir cuanto puede crecer el segmento de turismo, o la capacidad de las rutas aéreas transversales, sin escala en Madrid, para abrir mercados, o la potenciación de la conectividad.

Porque Galicia no es todavía una Comunidad atractiva para las inversiones de capital, ni para la captación de industrias,ni de investigadores, ni siquiera de turistas. Y envolverse en el secreto no parece la estrategia más acertada para superar ese déficit.

domingo, 23 de junio de 2013

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN

En uno de sus peores días como comunicadora, la Vicepresidenta del Gobierno español ha explicado la Reforma de las Administraciones. Juntando la Cría Caballar de Defensa, organismos inoperantes, la Obra Pía y un heterogéneo conjunto de entidades, se pretende ahorrar 37000 millones de euros. Un verdadero milagro de la ingeniería presupuestaria o una "boutade" indigna de un gobierno serio. En especial cuando ese proyecto sigue al fracaso de la reforma local, aparcado por el momento ante la rebelión de los alcaldes españoles, incluidos los populares.

Por otra parte la reforma pretende, con poco rigor, recortar organismos de las Comunidades Autónomas. De la frivolidad de la propuesta baste decir que en Galicia se propone suprimir el Consello de Contas y el Valedor do Pobo, ambos previstos en el Estatuto de Autonomía y, es importante anotarlo, que no duplican la labor de sus homónimos estatales.

Lo que hasta ahora si se ha reformado, y lamentablemente para destrozarlo, es el Estado de Bienestar, con la pérdida de 300000 empleados públicos, en especial en los sectores de sanidad, educación y servicios sociales. Una tasa de reposición mínima y el ajuste fiscal impuesto a todas las Administraciones han provocado un vuelco en los servicios públicos. En el ámbito de la sanidad para fomentar la entrada del sector privado, a pesar de las muchas evidencias de su mayor coste y peor servicio. De nuevo en Galicia tenemos pruebas, ayer en las Fundaciones sanitarias promovidas por el Gobierno Fraga y suprimidas por el Gobierno Touriño por su notorio fracaso y hoy en el nuevo Hospital de Vigo, cuyo coste se ha disparado antes de entrar en funcionamiento pese a lo cual está paralizado.

En el ámbito de los servicios sociales las consecuencias han sido la supresión de la oferta y en el ámbito educativo, donde no existe mercado para ampliar la oferta privada, se está produciendo la pérdida de calidad en el sector público.

La Vicepresidenta, en medio de sus proyectos, no tuvo tiempo para comentar los recortes. Sólo para disfrutar de una tarde de humo, convenientemente publicitado por muchos medios de comunicación. Ni en su exposición, ni en el documento oficial, figuran cifras ni detalles para analizar la relevancia y el impacto de cada propuesta.

sábado, 15 de junio de 2013

EL EJERCICIO DEL PODER

Así se titula una interesante película francesa que estos dias asoma a nuestras pantallas. Narra, en clave de comedia negra, la vida laboral de un ministro francés.Lo que la hace interesante, es la evidencia de una rutina laboral que escapa al control de cualquier persona, presidida por la necesidad de ofrecer una imagen, un discurso a los medios, y a través de éstos al público, y que está dominada por un ritmo de acontecimientos sobre los que es imposible ejercer control.

Entre la vulgaridad cotidiana y la ambición desmedida, transcurre la vida de un fiel servidor de la vida pública, dispuesto a sacrificar a cualquier colaborador, a cambiar de alianzas, a dar la vuelta a su discurso  e incluso a sus convicciones, pero siempre al servicio del mayor poder.Que la película prescinda de cualquier aproximación ideológica y se centre en el enunciado de su título, el ejercicio del poder, es de agradecer. Así, sin discursos, nin grandes palabras, la fuerza de los hechos cotidianos se empeña en dibujar un programa político, alejado de la teoría.

Es interesante reseñar la aproximación a los conflictos de intereses y también de lealtades, siempre resueltos en el altar del poder, no de los objetivos, ni de las convicciones. Como alguno de los personajes observa, el ejercicio del poder se ha vaciado de contenido, se lleva a cabo aunque exista la convicción de que nada relevante se puede hacer.

Recomendable para quienes desean interpretar el contenido último de la política. Se advierte que puede herir sensibilidades.