jueves, 12 de septiembre de 2013

EL DIA DESPUES DE LA DIADA



La impresionante manifestación a favor del “Derecho a decidir”, ha sido un éxito para los convocantes, y una primera aproximación para el resto de España a la situación social y política en Cataluña. Para el Gobierno Rajoy es un problema más en un contencioso territorial que al parecer comienza a afrontarse en conversaciones reservadas.

Al mismo tiempo existe una extraña situación en la que los problemas de fondo no se discuten, sepultados por las emociones. Así, la posibilidad de una secesión en España apenas se analiza con rigor, ni las consecuencias para las partes, ni el modo de afrontarla, ni los derechos de las minorías y de las mayorías resultantes, ni las consecuencias económicas.

La invocación continuada a un referéndum, sin que esté claro lo que se someterá a votación, es una más de las formas de enmascarar el debate. Ni el Gobierno Rajoy ni la oposición han planteado una posición tan elaborado como hizo el Gobierno de Canadá ante el desafío de Quebec en la década de los 90, que dio lugar a la Ley de Claridad en aquel pais, fijando unas normas claras.

Puede ser comprensible que no se debata mucho en Galicia, donde el debate político suele ser de vuelo bajo, o en Andalucía, donde los problemas urgentes pueden tapar los importantes, ni en otras Comunidades. Pero la ausencia de debate en los principales foros y tribunas del Estado, es más difícilmente inteligible. En una forma de pensamiento mágico, lo que no se nombra no existe.

Es cierto que se puede vivir con un problema así durante muchos años, como demuestra Quebec. Pero no es menos cierto que el peso de Cataluña en la economía, la sociedad y la cultura de España es muy elevado y que por tanto sus demandas, más o menos explícitas, deben de ser atendidas, racionalizadas y encauzadas.

Se han planteado tres escenarios: la secesión, el federalismo y un status singular. La secesión no figura en este momento en la agenda de los partidos políticos españoles y por tanto no será considerada durante un largo tiempo. El federalismo, defendido en especial por el PSOE, está superado por la posición del gobierno catalán, y más por la sociedad, que rechazan una nueva lectura igualitaria de la Constitución. La tercera vía, encontrar fórmulas a la carta para encajar la singularidad de Cataluña en el marco constitucional, tropieza, entre otros, con un escollo muy relevante, inexistente en otras épocas: las Comunidades Autónomas. La forma tan poco racional en la que surgieron, y su rápido desarrollo, han generado un marco competitivo entre las mismas y un discurso de agravio frente al Estado, que hace difícil evolucionar hacia una situación asimétrica.

En todo caso el problema, más que social, es político, como lo ha sido durante todo el siglo XX. El Gobierno catalán, atrapado entre la deriva de su electorado y el bloqueo de Madrid, no tiene un futuro cómodo. Rajoy tiene la posibilidad de marcar la agenda pero no de resolver el problema. Su mayoría absoluta no es suficiente para afrontar el principal problema de la gobernación de España, una vez superado el terrorismo. Necesitará fraguar un consenso básico sobre la evolución del Estado, con todo el arco parlamentario, incluidos los socialistas. Éstos, envueltos en un proceso interno de tensiones y desequilibrios, necesitan recuperar autoridad moral en Cataluña.

Además existe el temor generalizado a una reforma de la Constitución que abra más problemas de los que puedan ser racionalmente resueltos. La crisis tan aguda no es mejor marco para revisar a fondo el sistema institucional de las últimas cuatro décadas, aunque motivos y razones no faltan.
Previsiblemente, continuaremos en esta ambigua situación, hasta que las urgencias electorales en Cataluña o en el Gobierno de España, hagan inevitable tomar decisiones.

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