REFORMAS EDUCATIVAS

El Gobierno Rajoy no iba a ser menos que los anteriores gobiernos españoles y ya tiene su ley educativa, nada innovadora, regresiva y provocadora de problemas. Es fácil prever que durará lo mismo que dure la mayoría conservadora.

Es más difícil comprender las razones que dificultan la ausencia de un modelo educativo mínimamente consensuado después de 35 años de democracia y numerosas reformas. Aunque los indicadores no se discuten (alto fracaso, baja excelencia, abandono prematuro, déficits en idiomas y matemáticas, etc) la importancia de cada uno de ellos y las estrategias para abordarlos, son objeto de un debate incesante y muy polarizado ideológicamente. Las absurdas batallas sobre la Educación para la Convivencia, encubren en realidad el debate sobre la religión en las escuelas y ésta nos remite al peso de la Iglesia Católica como titular de un elevado número de centros concertados ubicados principalmente en las zonas urbanas. Por eso la cuestión de fondo es la influencia de ese grupo de presión en la política educativa. Con Rajoy ya sabemos que es mucha y determinante. Pero no necesariamente eficaz.

El discurso recurrente de la izquierda, en los últimos años, ha sido la defensa de la enseñanza pública y con más o menos énfasis, el desdén hacia la enseñanza privada o concertada. A pesar de que la izquierda ha gobernado sin excepción en todas las Comunidades Autónomas, a menudo durante muchos años y lo ha hecho en el gobierno de España durante  dos tercios de la vida democrática, no ha producido ningun cambio en el régimen, titularidad o distribución de los centros educativos privados. ¿Por qué tanta distancia entre el discurso y la práctica?

Fue Felipe González, el gobernante socialista cuyo éxito e importancia nadie discute en la izquierda, quien reguló el actual sistema de centros escolares en España. El ministro ejecutor, José María Maravall, publicó un libro en 1984 ("La reforma de la enseñanza", Laia) donde explicaba las razones de la política de conciertos. No fueron como ahora se dice con mala conciencia, sólo por la ausencia de centros públicos, sino fruto del pacto constitucional, cuyo artículo 27 expresamente reconoce " el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones",  "la libertad de creación de centros docentes" y que los poderes públicos "ayudarán a los centros docentes que reunan los requisitos que la ley establezca".

Ese artículo resume el problema histórico de España y su alejamiento de otros países. El fracaso del Estado liberal,en 1812, 1830, 1868, a manos de la sociedad estamental, no permite crear el servicio público educativo que por esas fechas inician otros países. La Iglesia se hace con el cuasi monopolio de la educación, y bajo el franquismo, con el control del Ministerio. Así el analfabetismo será endémico en España hasta bien entrada la década de los 70 del siglo pasado por la debilidad del Estado frente a esos intereses conservadores. En palabras de Maravall "el largo ejercicio del poder por los conservadores produjo un sistema escolar al que muchos ni siquiera tenían acceso y del que la inmensa mayoría era expulsada tempranamente". Por eso la Segunda República inicia un formidable plan de creación de escuelas y numerosas reformas organizativas y académicas, con Marcelino Domingo (Izquierda Republicana) y Fernando de los Ríos (PSOE) como ministros durante el primer bienio.

Sólo a partir de 1970 el Estado franquista, bajo la influencia de los tecnócratas y del Banco Mundial, aborda la extensión de la educación, invirtiendo el peso del Estado en la enseñanza. La Iglesia reacciona a la pérdida de peso consiguiendo un régimen de subvenciones sin contrapartidas,  vigente hasta que el primer gobierno de Felipe González, implanta el régimen de conciertos en el que:
a) se crea una red mixta
b) las condiciones de funcionamiento de los centros privados se homologan a las de  los centros públicos
c) se eliminan las discriminaciones en el acceso a cualquier centro financiado con centros públicos

Además el Partido Socialista rechazó cualquier forma de cheque escolar para evitar financiar la  desigualdad en la oferta, introdujo la participación de las familias, reformó la enseñanza del profesorado y abordó un ambicioso programa de construcción de nuevos centros escolares y de extensión de la escolarización. Un programa fuertemente ideológico pero también prudente para desarrollar la Constitución. Trece años de masivo respaldo electoral fueron la consecuencia.

Hoy, frente a la ofensiva del PP con la LOMCE, el argumentario es conocido pero la falta de alternativas destaca. Faltan respuestas viables técnica y financieramente, integradoras socialmente y que tiendan a objetivos ambiciosos para los ciudadanos y para el país. La política educativa no es la suma de objetivos menores sino la definición de la ambición de una sociedad, de los valores y capacidades de sus ciudadanos.

Reducirla como hacen el Ministro Wert o el Presidente Feijoo a problemas de gestión, es un desprecio a la inteligencia y la renuncia al futuro del país. Es necesario elevar el nivel del debate y buscar la complicidad social en la alternativa.

Dejamos para otra entrada la política deseable con respecto a la enseñanza pública ,los criterios de  la necesaria revisión del régimen de conciertos y la mejora de la calidad.