URBANISMO

El Partido Popular ha reformado puntualmente y por cuarta vez, la Ley del Suelo de Galicia, aprobada en 2003. El debate parlamentario ha demostrado, una vez más, las diferencias abismales que separan derecha e izquierda en política urbanística.No se trata de demonizar sino sólo de constatar. El Partido Popular, en España y en las diferentes Comunidades, defiende políticas de liberalización y máximo aprovechamiento del suelo. Es decir, considera el suelo como un activo susceptible de maximizar beneficios con las menores reglamentaciones posibles.La izquierda considera el suelo como un bien finito, cuya explotación y puesta en valor, debe estar reglamentada a través del planeamiento. Diferencias tan acusadas impiden acuerdos globales sobre urbanismo.

No considero especialmente conveniente la cultura de pactos políticos entre gobierno y oposición. Más bien deben de ser excepcionales y sobre las reglas de juego: Constitución, Estatutos, Leyes de Bases, política exterior y de seguridad. Otro tipo de pactos sectoriales, en educación, economía, empleo, etc, son difíciles de explicar y sobre todo es imposible mantenerlos en el tiempo. Tienen solamente un valor táctico en la vida política, porque la función principal de la oposición es controlar al gobierno y elaborar la futura alternativa, no brindar coartadas a la actuación gubernamental. Aunque no hay norma sin excepciones y tal vez este deba ser el caso. Parecería que, ante un problema tan complejo y con tantos intereses en juego como es el urbanismo, todos deberíamos tratar de convencer, acordar, modular, sesgar o limitar, los usos espúreos de la normativa.

En Galicia, aquí y ahora, el Partido Popular ha demostrado su sesgado interés por el territorio, aplazando la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio, del Plan del Litoral y posponiendo la reforma integral de la Ley del Suelo. Peor aún, vaciando de contenido a la Agencia de Legalidad Urbanística, único instrumento eficaz de disciplina, minusvalorando escándalos manifiestos y presuntos delitos penales, como las urbanizaciones ilegales de Barreiros o defendiendo la autorización de instalaciones de acuicultura en Touriñán y otros enclaves protegidos medioambientalmente.

Por eso la postura del Partido Socialista ha sido correcta aunque difícil.Correcta al promover mejoras en la tramitación del proyecto de reforma legislativo, que ordenen situaciones heredadas pero sin llegar a otorgar la prescripción de aquellas sujetas a procedimientos sancionadores. También correcta al proponer soluciones para las construcciones en suelos rústicos o al reforzar la protección de espacios calificados en la Red Natura. Correcta y responsable al abstenerse en la votación final, una vez que el Presidente de la Xunta interpretó como relativos los acuerdos citados de protección medioambiental.

Pero también ha sido una postura difícil, pues la búsqueda de soluciones antes apuntadas exige alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes en un ejercicio simultáneo de realismo y responsabilidad.

Cuando las visiones sobre el planeamiento urbanístico son tan diferentes, la gestión del suelo derivada, básicamente competencia municipal, no puede corregir las diferencias. De ahí que el verdadero pacto urbanístico debería de ser un pacto tácito en la opinión pública, en la conciencia y el sentimiento de las personas, para no permitir las actuaciones destructoras del paisaje o que degraden el espacio público urbano, ni hipotequen los equipamientos públicos necesarios al máximo aprovechamiento de la edificación.

Mientras la opinión pública sea débil, la mayoría legislativa tendrá la ley y también la interpretación. La Justicia, en su caso, juzgará y corregirá abusos flagrantes, pero no ordenará el territorio.