¿ES POSIBLE UN GOBIERNO TÉCNICO EN ESPAÑA?

Como explicamos aquí la simetría de los resultados electorales y la dificultad de conformar mayorías estables hace difícil evitar la repetición de elecciones en breve plazo. Por distintas razones no es la mejor opción para algunas fuerzas políticas aunque sí para otras. Y nada garantiza que la repetición de comicios favorezca la estabilidad.

Ante ese problema, Italia en el pasado varias veces y Grecia recientemente, han optado por Gabinetes técnicos, con un mandato limitado y que sirven de transición para desbloquear algunos asuntos y favorecer un nuevo clima político para  la confrontación electoral. Los riesgos de esas operaciones son conocidos: posible parálisis, dificultad de mantener el apoyo, precariedad inherente al mandato, etc. Los beneficios pueden ser escasos o mínimos. Pero es una opción no descartable.

Por definición un gobierno técnico tiene una agenda limitada y pactada previamente. La elevada confrontación y crispación de la vida pública española no hace fácil ese acuerdo. Podría limitarse a algunos asuntos de política económica, como la reforma fiscal o la financiación autonómica, otros de política social como la sanidad, el Pacto de Toledo, con muchas dificultades la política educativa y difícilmente podría abordar aquellos asuntos más propios del debate entre partidos como son las reformas institucionales o la ley electoral.

El problema fundamental del gobierno técnico viene de la suspensión que los partidos hacen de su propio programa, entendiendo que debe demorarse un tiempo. Una decisión no exenta de riesgos electorales. Por ejemplo sería difícil aceptar que un gobierno técnico no abordase las consecuencias de la reforma laboral ni la situación del mercado de trabajo, asuntos que dividen frontalmente a los partidos.

Conforme avancen las semanas sin que se vislumbre un acuerdo de gobierno, esta solución probablemente también será explorada. El inicio de un nuevo ciclo de elecciones autonómicas, Cataluña y Galicia este año, luego País Vasco y Andalucía, introducirá más presión para lograr un Gobierno estatal. Por primera vez en la historia democrática española todas las opciones están abiertas. Es la política en estado puro.

DIFÍCIL GOBERNACIÓN

El resultado electoral es simétrico. La derecha (PP+ Ciudadanos) obtiene 163 escaños y la izquierda (PSOE+ Podemos en coalición con varios grupos+ UP) obtiene 161. Los nacionalistas 26 (soberanistas catalanes, PNV, Bildu y CC). Esas formaciones aún se fragmentarán más en el Congreso pues Mareas aspira a grupo propio y algun otro partido también.

Las negociaciones previsiblemente serán largas y complicadas. Los acuerdos probablemente inestables. En esas condiciones el programa de gobierno quedará muy acotado a determinados temas sobre los que pueda construirse un consenso, descartando aquellos que sean fuente de tensión permanente. No por obvio debe olvidarse que tan importante como elegir Presidente es disponer de un programa de gobierno suficientemente respaldado y útil para los problemas existentes.

A priori el PP tiene más difícil lograr una mayoría pues dependerá de la posición de los soberanistas catalanes, hoy hostiles, o del PSOE, nada interesado. Éste puede articular con más facilidad una mayoría, positiva o por abstención. Paradójicamente, bajando en votos mejora en capacidad de gobierno. Por otra parte el PP tendrá mayoría absoluta en el Senado que no le facilita gobernar pero si obstaculizar a otro gobierno.

En Galicia el PP pierde la mayoría absoluta en beneficio de En Marea, relegando al PSOE a tercera posición en votos aunque igualados en escaños. Más significativo es el resultado en las ciudades, rotundo a favor del nuevo grupo.

Un escenario tan complicado debería recuperar el valor de la política de acuerdos y transacciones. La alternativa es instalarse en la inestabilidad o, peor todavía, en la fractura. Los últimos años han sido muy crispados pero una democracia madura debe ser capaz de manejar la nueva situación en sentido constructivo.

CAMPAÑAS, INTERESES Y MEDIOS

Pocas veces se ha visto en España una mayor implicación en las elecciones por parte de los medios de comunicación que en las actuales. Iniciada con el lanzamiento de dirigentes de nuevas formaciones que han gozado de amplísima cobertura durante muchos meses, se supone que gratis et amore. Descontado el patriotismo empresarial, cabe deducir que como inversión de futuro. Y ahora, en plena campaña electoral, con una abierta promoción que puede llegar al ridículo, como aquí.

Se decía, durante los últimos meses, que las empresas del IBEX-35 o determinado Banco, impulsaban a una de esas formaciones, algo que desmintieron los interesados. Lo cierto es que los intereses están a la vista. No fue así en el gran precedente de las campañas mediáticas, el acoso sistemático hacia el último Gobierno de Felipe González, donde los intereses fueron reconocidos mucho más tarde por sus protagonistas principales.

No es incomprensible. La decisión estratégica principal del Gobierno Rajoy fue la devaluación salarial y la alteración profunda del mercado de trabajo. Hoy los salarios inferiores al mínimo, son habituales, la precariedad y temporalidad máximas. Un cuarto de los trabajadores por cuenta ajena están en esa situación, extraordinariamente cómoda para las empresas. Y el Estado de Bienestar basado en derechos sociales iguales para todos, está siendo sustituido por el Estado asistencial, excluyente. Consecuencia, el deterioro de los servicios públicos, de los que deserta una fracción acomodada y cada vez más reacia a mantenerlos con sus impuestos. El compromiso socialista de revertir la situación transforma a su candidato en el objetivo a batir desde todos los frentes. Unos para impedirlo, otros para sustituirlo, aquellos para diluirlo. Y de eso van la campaña y los intereses en juego, de mantener el modelo actual o de sustituirlo por el único Gobierno con capacidad demostrada de hacerlo y de poner en pie de nuevo los valores de la igualdad.

No es un problema menor, que pronto producirá frustración, inflar expectativas desmesuradas sobre la reforma de la Constitución. La conveniencia u oportunidad de la misma no deben omitir la existencia de más discrepancias que puntos de encuentro, en especial sobre el principal problema, el encaje de Cataluña. La posición de los partidos secesionistas exigiría una reforma asimétrica, en perjuicio de la mayoría de las Comunidades Autónomas, algo improbable, de creer a sus respectivos Presidentes. Véase por ejemplo la posición de Núñez Feijóo o la de Susana Díaz.

De hecho se oculta cuidadosamente tanto la necesidad de la reforma como los cambios perseguidos. Reformar las instituciones, mejorar la coordinación entre Administraciones o cambiar la ley electoral, son decisiones parlamentarias que no exigen necesariamente cambiar la Carta Magna. Presentarlo de esta última forma, puede ser más sencillo en términos de comunicación a costa de introducir confusión. Las experiencias internacionales más recientes (Canadá, Nueva Zelanda) también aconsejan prudencia.

¿SEGUNDA TRANSICIÓN?

I

La Transición sigue produciendo un torrente de libros y de análisis y  está muy presente en el debate político y mediático.

Es evidentemente, el momento seminal de la actual sociedad española. Pero es también el parteaguas de la historia moderna. El momento en el que tras muchos intentos frustrados desde las Cortes de Cádiz, se consolida la democracia constitucional con los valores de la Revolución Francesa y se supera en muchos aspectos la división absoluta de las dos Españas.

Esos pocos años, entre la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la izquierda al poder en 1982, que simboliza el fin del tabú, son pródigos en acontecimientos. Se inician en un clima de incertidumbre política, de tensión social y de crisis económica. Finalizan con un marco jurídico y político homologables con nuestro entorno. Entre medias se desmonta el aparato estatal del franquismo, se promulgan dos amnistías, se recupera la autonomía territorial, regresan los exiliados y se consolidan las libertades fundamentales.

La oposición venía defendiendo desde muchos años atrás, la necesidad de superar las divisiones de la Guerra civil, de abandonar cualquier pretensión de exclusión derivada del pasado, abriendo un tiempo nuevo de diálogo. Las dos organizaciones que la aglutinaban, Plataforma y Junta Democrática, coincidían en las demandas esenciales para el nuevo régimen.

En el interior del franquismo las tensiones entre las distintas tendencias también eran conocidas. En un primer momento el grupo más inmovilista, presidido por Arias Navarro controla el gobierno pero fracasa en su mínimo intento de prolongar el andamiaje franquista sin el dictador. Las movilizaciones masivas, 18000 huelgas en el primer trimestre de 1976, marcan el inicio de un proceso creciente de demanda de libertades que llegará a su cenit en 1979 con 6 millones de huelguistas. En el verano de 1976, Juan Carlos con Adolfo Suárez y Fernández Miranda toman la iniciativa mediante una ley de Reforma política que supone la liquidación institucional del franquismo y la convocatoria de elecciones con partidos políticos. El referéndum posterior tiene respaldo masivo.

El proceso se inicia con ciertas condiciones. Se pretendía mantener ilegalizado al Partido Comunista y que las nuevas Cortes se limitasen a una reforma de las leyes fundamentales del Régimen anterior. Suárez asume las críticas de la oposición y acelera las actuaciones: liquidación de la organización sindical vertical, del Tribunal de Orden Público, del Movimiento como partido único.

La extrema derecha reacciona con los atentados de Atocha que unidos a los del GRAPO elevan la incertidumbre y la tensión social. Suárez legaliza al Partido Comunista lo que permite que las primeras elecciones de 1977 tengan el máximo pluralismo. Ya en la primera sesión todos los grupos de la oposición plantean los mismos objetivos, amnistía política, nueva Constitución, descentralización. Posteriormente el espíritu de consenso existente se trasladaría a los Pactos de la Moncloa para controlar la inflación vertiginosa y acometer distintas reformas económicas.

La transición fue pacífica hasta cierto punto. Se registraron 140 muertos en la transición por represión policial, 68 por terrorismo de extrema derecha y varios centenares a manos de ETA. Quizás fue en el País Vasco donde la transición fracasó pues allí se desarrolló la máxima polarización con presencia constante de la violencia y dificultades para cualquier consenso.

II

Desde el primer día, la producción editorial sobre la República, la Guerra Civil, la represión o el franquismo fue enorme. En forma de libros, revistas, congresos, documentales, películas, exposiciones o cursos, la investigación, el acceso documental, el contraste de ideas ha sido constante hasta hoy, desmintiendo una línea de opinión que habla de amnesia y olvido interesados como parte de un pacto entre élites para superar el franquismo. Basta releer los debates sobre la Lei de Amnistía, para descubrir que se actuó desde la memoria y el conocimiento profundo de lo que había ocurrido y no desde la amnesia.

Sin embargo en los últimos años y al hilo de la crisis económica y política tan profundas que hemos vivido, se ha desarrollado una línea de pensamiento que reclama una Segunda Transición para superar, se dice, los problemas que entonces no pudieron ser abordados. Al margen de formulaciones más o menos coyunturales y de carácter electoral o partidista, parece existir el convencimiento de que el actual marco jurídico-político ha llegado al límite de sus posibilidades. En esa línea de pensamiento se entiende que hay un déficit de calidad en las instituciones, con su correlato de corrupción.

Frente a esa idea cabe subrayar que, sin perjuicio de la capacidad que siempre existe para cambiar los marcos políticos en los que vivimos dentro del orden constitucional, la situación actual en nada se parece a la de 1975. Afortunadamente.

Tanto la Segunda República como la Transición se enfrentaron al mismo problema, el tránsito de una sociedad autoritaria a una democracia moderna. Cabe preguntarse por qué la Transición acierta donde la República falla. Probablemente influyen las condiciones objetivas, de desarrollo económico y social, más favorables, pero además en 1975 se tiene muy presente la historia para evitar errores, adoptando un ritmo contenido que permitiese aflorar acuerdos. A título de curiosidad cabe señalar que la creación del Senado, hoy tan denostado e inexistente en la República, obedece a ese objetivo de lograr serenidad en la tramitación legislativa.

Algunos problemas no se han resuelto o sólo de forma muy parcial. Así la llamada Memoria histórica, presente en muchos países, es un fenómeno reciente y con menos grado de consenso. Aunque se han reconocido numerosas pensiones o ayudas, todavía quedan exclusiones. En otro plano, algo tan simbólico como el Valle de los Caídos aun no ha sido revisado. Finalmente existe un debate jurídico pero también político sobre la aplicación de la doctrina internacional relativa a enjuiciamiento de crímenes, comisiones de la verdad, identificación de fosas de desaparecidos, etc

O SILENCIO ELOCUENTE DO PRESIDENTE

Hai uns dias o Presidente da Xunta participou na inauguración dun importante congreso da Confederación Española de Directivos. Está publicado o discurso que pronunciou diante dos principais executivos das grandes empresas. Primeiro suliñou o nomeamento de El-Rei como embaixador honorario do Camiño de Santiago. Logo enunciou alguns lugares comúns: o talento da xente, o fermoso país, faltou o marisco pero apuntou a cervexa. De pasada citou tres motivos para investir, pero non os explicou. A historia, un dubidoso motivo para calquera empresa, o capital humano, no que temos fortes competidores, e a internacionalización, suponse que de Inditex e Citroën.

Nengunha referencia concreta, nin rasgo destacable, nin elemento atractivo singular para captar o interese de tan selecto auditorio. Como si nada tivera que ofrecer. Nin falou de incentivos, nin de liñas de actuación, facilidades loxísticas ou de financiamento. Nada que fora realmente novidoso e atractivo. A audiencia, lóxicamente deulle un aplauso cortés e pasou a outra cousa.

Certamente non era doado explicar que en Galicia o gasto en innovación é mínimo, que a extensión da banda larga é das menores de España ou que as condicións para facer negocios son as peores de España. Nin era doado explicar que os novos empregos son de baixa cualificación, por horas ou días.

É difícil que logo das suas verbas algunha empresa decida investir en Galicia. Nos últimos anos a captación de capital extranxeiro é menos que simbólica. A venda de empresa R Cable a unha operadora vasca, logo de aportarlle 65 millóns de euros de fondos públicos, e a enésima perda de capital propio e unha boa metáfora do seu goberno. Un país en venda, en liquidación. Declive da poboación ocupada, da afiliación, dos salarios, da estabilidade laboral, da cobertura do desemprego.

É fermoso falar da nova economía, do valor engadido e do crecemento do PIB. Pero a realidade laboral do noso país vai a peor. En salarios, en estabilidade, en cualificación. Pode considerarse que saimos da crise con contratos de menos dunha semana, o 30%, ou de menos de tres meses, a metade? Que son empregos de teleoperadores, camareiros, repoñedores, dependentes de comercio.

Saimos da crise deixando fora as persoas desempregadas sen cobertura, máis da metade? Ou sustituindo salarios dignos por prestacións puntuais para paliar a pobreza?

É razoable que estemos poñendo en risco a Seguridade Social e o pago das pensións futuras con este modelo salarial? E razoable que mentras o goberno fai  guiños electorais, Bruxelas reclame un novo axuste de 9000 millóns de euros?

Comprendo que ós distinguidos directivos non lles podía contar esos datos.