DELINCUENTES

La espectacular detención e ingreso en prisión preventiva, del todopoderoso Director-Gerente del FMI, una de las personalidades mundiales más influyentes, arroja suficientes elementos de interés político.

No sólo porque aflora un historial de asuntos similares sepultados a golpe de talonario o de presiones. Tampoco porque sus escarceos fuesen suficientemente conocidos aunque tolerados, como en el caso de otros poderosos, Berlusconi, el último. Sino porque en paralelo surgen dos datos preocupantes. De un lado las condiciones de la última agresión, siete cargos por delitos sexuales en los que abunda de todo, en especial la condición del poderoso que agrede, humilla y manipula a la víctima, sabedor de que bajo amenaza o prebenda, claudicará ante cualquier demanda. Que en este caso, inicialmente no haya sido así, es un mérito del sistema judicial norteamericano.

Pero hay otro dato más. La afición al lujo desbordante del mandatario internacional. No es primicia. En su día Jacques Attali, presidente del BERD, había sido objeto de acusaciones graves. Como es habitual fueron discretamente silenciadas. Ahora el Director del FMI, potencial candidato a la Presidencia francesa, es eliminado del proceso antes de haberse postulado y no por su conducta habitual, sino porque en esta ocasión no se han podido silenciar los hechos.

Subyace la inquietante percepción de la actuación en franca ilegalidad por parte de los poderosos. La ley como un obstáculo franqueable, nunca como el límite del poder. Que esas conductas, conocidas por los medios desde hace años, hayan sido silenciadas o relegadas a informaciones irrelevantes, no favorece la credibilidad. Si un alto cargo es un delincuente, debe pagar bajo la misma norma que sanciona al más débil de los ciudadanos. Y además debe ser relevado de cualquier función de representación de ciudadanos, directa o indirectamente. Porque si la virtud aun siendo deseable, no es previsible en todas las conductas, el delito debe ser erradicado de forma irreductible.

El poder, lejos de ser una circunstancia atenuante, debe ser un agravante, pues implica voluntad manifiesta de utilizar en beneficio propio lo que sólo es delegación popular. El ejemplo de un ministro alemán, del máximo nivel político, dimitiendo tras ser acusado académica, que no penalmente, de fraude en una tesis doctoral, además de provocar sonrisas en España, es un ejemplo de la capacidad de una comunidad para emitir un juicio moral con consecuencias políticas.