jueves, 26 de agosto de 2010

MORIR EN AFGANISTAN

La reciente muerte de dos oficiales de la Guardia Civil y un civil mientras impartían formación a la policía afgana, ha recordado a la sociedad española que en ese lejano país y bajo condiciones no muy bien conocidas, ciudadanos españoles (militares, guardias civiles, cooperantes) trabajan en condiciones de elevado riesgo para sus vidas.

De inmediato ha surgido el clamor de algunos grupos políticos y bastantes medios de comunicación cuestionando la continuidad de la misión allí desempeñada. Una encuesta reciente eleva a más del 60% de los españoles, la cifra de pesimistas ante esa situación, habiéndose producido un visible deterioro con respecto a encuestas anteriores. Probablemente la ausencia de resultados visibles, y ya hace una década de la caída del régimen talibán, influye en esa negativa percepción.

Si la percepción es mala en España, en Afganistán debe ser muy preocupante, pues nada menos que la cuarta parte de las víctimas de esa especie de guerra civil continuada son civiles afganos. El Presidente Obama, consciente del deterioro de la situación, ha fijado ya fecha para el traspaso de las funciones de seguridad al ejército y policía afganos. No obstante, según informes recientes, solo el 2% de ese ejército de nueva planta es autosuficiente en términos militares, lo que cuestiona cualquier calendario precipitado.

De otra parte la ausencia del Estado en gran parte del territorio, el escaso prestigio de su Presidente, la corrupción generalizada, el impulso de la producción de opio (más del 90% de la producción mundial) y la capacidad de la guerrilla talibán para ocupar el territorio, hacen incierto el final del conflicto. Si bien la guerrilla no podrá ganar en términos militares, la ocupación por si sola no puede eliminar aquella, amparada en sus raíces culturales, étnicas y religiosas. De ahí que en la reciente Conferencia de Londres, celebrada la pasada primavera se hayan aprobado programas de reinserción de combatientes y que distintas voces cualificadas reclamen ahora conversaciones con los dirigentes talibanes para explorar vías de estabilización.

Para acabar de complicar el escenario los más de 80000 militares extranjeros, se agrupan en dos formaciones con objetivos y estrategias diferentes. La operación Libertad Duradera, norteamericana fundamentalmente, que combate la insurgencia. La operación ISAF, bajo mandato de la OTAN, se ocupa de la seguridad, la reconstrucción y el desarrollo, con un claro enfoque político. Además un comité internacional supervisa la ayuda financiera fijada en las seis conferencias de donantes habidas hasta hoy. Obvio es señalar que un contingente militar de esas características no es una ONG, sino que cubre un espectro distinto de objetivos y está dotado de la fuerza acorde con la naturaleza de su misión.

A partir de esos datos, la política. La renuencia de la sociedad española, desde hace siglos, hacia la política exterior, no ha facilitado el claro conocimiento de los intereses comprometidos en Afganistán y que afectan a la seguridad de España, en la misma medida en que nuestra economía tampoco puede sustraerse a la globalización. Por eso el debate sobre la presencia del contingente español no puede plantearse de forma reduccionista, ¿qué hacemos allí?, sino en su complejidad. Porque la política exterior no puede basarse exclusivamente en la dialéctica gobierno-oposición, sino en el análisis de los intereses geo-estratégicos de nuestro país, de más largo recorrido que el calendario electoral.

Será en los momentos difíciles, cuando faltan las explicaciones suficientes ante el drama humano de las familias de los fallecidos y de quienes allí están destinados, cuando el debate político tendrá que elevar el nivel, explicando que estar en el mundo exterior tiene beneficios, pero también riesgos, que el aislacionismo no es posible y que la barbarie debe ser combatida contando con el apoyo de la población que la sufre directamente

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