miércoles, 3 de marzo de 2010

JUECES


El acoso judicial al juez Garzón, que crece de día en día, abarca ya tres causas diferentes y, sobre todo, una operación de suspensión impulsada por algunos de sus pares. Que nadie está por encima de la ley, ni siquiera los jueces, es una obviedad en los Estados modernos. Pero en este caso se mezclan la ley, la justicia y la política, haciendo que la aplicación de la ley encubra otras actuaciones.

Que Garzón es controvertido, mediático y protagonista, es bien sabido. Que sus instrucciones de conocidos casos, a veces, han resultado inútiles, también es conocido. Pero en la línea de sus modelos, jueces italianos como Falcone, Garzón se ha transformado en el juez español más conocido dentro del país y en el mundo. Esa popularidad no la ha alcanzado por actuaciones distintas de su trabajo jurisdiccional, sino que éste, al abordar casos inéditos o al demostrar arrojo para afrontar asuntos complejos, le ha granjeado, fama y sobre todo admiración.

Porque Garzón ha hecho justicia, además de aplicar la ley. Ha devuelto a muchos ciudadanos, escépticos con el esoterismo del mundo judicial, la confianza en la capacidad de los jueces para buscar la verdad y resarcir a la víctima. Basta recordar algunos de los asuntos que ha llevado: persecución implacable del terrorismo (ETA, GAL, islámico), extensión de la jurisdicción universal (encausando a Pinochet y a represores argentinos), crimen organizado, aplicación de la Ley de Memoria Histórica (iniciando la indagación sobre los desaparecidos en la guerra civil y durante el franquismo). Cabría preguntarse cuantos jueces más pueden presentar una lista tan amplia y relevante. Podrían citarse otros jueces, pero el colectivo tiene tres mil miembros. Y los ciudadanos perciben que asuntos sorprendentes y de conocimiento público no siempre merecen esa atención y celo judiciales.

Pero Garzón es culpable de haber cedido al canto de las sirenas, colgar la toga y entrar en la política. Fue un paso efímero, no tuvo el reconocimiento que perseguía, consideraba merecer, o el puesto adecuado. A los poco meses retornó a la vida judicial para iniciar una persecución implacable de sus compañeros políticos, en la cual entró en conflicto con quienes también habían sido colegas togados. Dos décadas más tarde éstos se cobran cumplida venganza emboscados en el órgano de gobierno de la carrera judicial, pidiendo la suspensión provisional del juez Garzón. Que la excusa procedimental sean las denuncias de organizaciones de extrema derecha, añade escarnio. También indica pérdida de valores. El silencio ominoso de los principales cargos judiciales también es clamoroso.

Aparece así el lado oscuro del poder judicial. La utilización torticera de la ley para aplicar la política. El Consejo, dominado por dos asociaciones , verdaderos grupos de presión en un colectivo poco tendente al asociacionismo, actúa como extensión de los grupos políticos en el reparto de cargos.

La teoría de Montesquieu de la división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, ha pasado a la historia. Hoy el poder legislativo es una extensión del ejecutivo. Que el poder judicial se haya vuelto tan abiertamente partidista, en su organización, no augura nada bueno. Porque al final es imposible dejar de ver el intento de censura de un juez incómodo con el poder, y de acabar por vía tortuosa con el principio de inamovilidad, garantía de su independencia de criterio.

Y de paso se envía un mensaje inequívoco a la carrera judicial y por extensión a la sociedad entera: del franquismo no se habla en los tribunales, de sus víctimas tampoco.

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