La mayoría popular en el Parlamento de Galicia promueve una ley para que la Xunta tome el control de lo que resta de Novacaixa Galicia, la obra social y fundación cultural, sin necesidad de aportar un solo euro. Una vez segregado el negocio bancario a cambio de un siete por ciento del capital, estando el resto del accionariado en poder del FROB, la nueva ley creará una Fundación especial para controlar la finalidad de las rentas de ese capital así como el patrimonio y servicios existentes hasta ahora. También podrán continuar con la Escuela de Negocios de la antigua Caixanova y con el Monte de Piedad, dos actividades poco acordes con una fundación que se declara benéfico-social.
La Xunta, mediante una norma legal creada ad-hoc, nombrará a un tercio de los patronos, entre ellos al Presidente, que junto con los otros tercios nombrados por el Parlamento y las antiguas cajas respectivamente, dirigirán la Fundación. Así el Gobierno se asegura la mayoría absoluta del Patronato. Además se reserva importantes atribuciones sobre su funcionamiento.
Cuando el gobierno Touriño promovió la Ley 12/2006 de Fundaciones de Interés Gallego, atendió y concilió las demandas de las grandes fundaciones, administradoras de patrimonios relevantes y con problemas singulares, y también de las fundaciones más especializadas o de menor tamaño. Con la idea de que la Ley debía dar cobertura jurídica a la actividad de la sociedad civil, no sustituirla y procurando el menor intervencionismo posible. Ley común de interés general y no leyes especiales a la medida de intereses particulares.
Seis años después y en contra de toda la teoría jurídica, la Xunta hace una ley de caso único para tomar el mando de una entidad privada, sin hacer aportación de capital y sin asumir compromisos de futuro sobre las áreas de actividad de la entidad. Simplemente, con modos autoritarios, se hace cargo, por personas interpuestas, de la gestión de un patrimonio acumulado por entidades privadas de crédito, aunque fuesen tan singulares como las Cajas de Ahorros.
Lamentable ejemplo jurídico, deleznable práctica política, y el peor mensaje posible a una sociedad en momentos críticos. La iniciativa privada, base de la actividad fundacional, despreciada. Sus rentas usurpadas. Cuando más se necesita de la iniciativa privada para impulsar la economía, el poder político conservador muestra el peor intervencionismo. Y no cabe aguardar que esa actuación revierta en mejores iniciativas sociales o culturales. A tenor de las prioridades de gasto de la Xunta actual, es previsible que la Ciudad de la Cultura sea el destino principal de rentas y patrimonio artístico de esas entidades que tanto hicieron y también que tanto deben a su territorio de origen.
Esta extraña actuación no la impulsa directamente el Ejecutivo sino que utiliza el camino expeditivo de una tramitación urgente impulsada por su Grupo Parlamentario, obviando informes jurídicos, debatida en agosto y con la menor publicidad posible. Un expolio siempre ofrece mala imagen. Culmina así el camino errático seguido por la Xunta en la fusión de las Cajas de Ahorro. Tal vez tuviese un objetivo pero carecía de una estrategia y además no ha podido controlar los resultados. Lo que hoy tenemos se asemeja poco al diseño inicial. La Fundación que se promueve es un burdo intento de apropiación indebida y el reconocimiento del escaso interés que la sociedad civil tiene para el gobierno.
Frente a ese despropósito conviene poner en valor a las Fundaciones gallegas, que, con poca publicidad y gestión rigurosa, desarrollan programas y actuaciones en beneficio de la sociedad: becas de ampliación de estudios, ayudas a colectivos desprotegidos, inversiones en equipamiento, recuperación de patrimonio, divulgación cultural, etc. Lo hacen sin depender del criterio de oportunidad del gobierno, con su propio patrimonio y decidiendo libremente sus actuaciones.
Si en algo coinciden hoy todos los analistas es en la necesidad de mayor emprendimiento, de más iniciativas empresariales, de más innovación. Para lograrlo se necesitan marcos regulatorios abiertos, un clima de confianza y constancia. Virtudes de las que la Xunta de Núñez Feijóo se muestra carente mientras sustituye acciones por propaganda; concurso eólico, sector naval, implantación de industrias, etc. Se gasta en publicidad y en Gaiás pero se reducen las ayudas a las empresas en el IGAPE. En tal contexto, el expolio de NCG es contrario a los intereses generales de Galicia.
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