CALIDAD DE LA DEMOCRACIA EN ESPAÑA

Bajo ese título un equipo de investigadores sociales (Gómez Fortes, Palacios, Pérez Yruela, Vargas Machuca) ha publicado en Ariel los resultados de una investigación mediante encuestas, sobre la valoración que los ciudadanos hacen de la democracia española. Se trata de la primera investigación de esas características y sus datos están en la línea de estudios realizados por el CIS y otros.

Los resultados están agrupados en cinco rúbricas, en tres de las cuales la valoración ciudadana no alcanza el 5 sobre 10.

La mejor calificación es otorgada a la legitimidad de la democracia con un 6´5. Hasta el 80% de los ciudadanos reconocen que es la opción de gobierno preferible, aunque sólo el 39% muestran satisfacción con el funcionamiento, siendo reseñable que esa variable mejora con la edad y con el nivel de estudios. Además el 49% creen que favorece la redistribución de la riqueza.

Le sigue en calificación, con un 5´8, la capacidad efectiva de gobierno para lograr los objetivos.El 62% valora la cohesión territorial y el 83% la igualdad de trato ante la Administración. Si bien se considera que la eficacia de los empleados públicos es baja y sólo el 53% creen que vale la pena quejarse. Los ciudadanos atribuyen mayor eficacia a los ayuntamientos que a las Comunidades Autónomas y a éstas más que al Gobierno central, aunque las diferencias entre unas y otras son mínimas. En general la confianza en el Gobierno central es menor que en las CC.AA. Pero cuando se pregunta por políticas concretas, las valoraciones son muy distintas. El 50% muestran satisfacción con la sanidad y el 47% con la limpieza, pero la satisfacción con los servicios de empleo o de seguridad baja al 24% y con los servicios de vivienda al 6%.

El Estado de Derecho recibe una puntuación global del 4´7%, con resultados contundentes. Así existe la elevada percepción de que la justicia no trata igual a los ciudadanos comunes que a los poderosos (78% para el caso de los ricos, 82% para el caso de los políticos). Además un 56% cree que es mejor evitar los litigios. Lo que no contradice la consideración general de confianza en los tribunales y en el cumplimiento de la Constitución. Respecto a otras instituciones especializadas en la garantía de derechos, la confianza en el Tribunal Constitucional es del 48%, pero sólo del 24% en el Defensor del Pueblo. La transparencia de la Administración es valorada por el 53%. En cuanto a la ausencia de corrupción en la Administración, recibe una valoración elevadísima, 9´81, congruente con un 96% de ciudadanos que consideran que no existen prácticas clientelares en la selección de empleados públicos. Respecto a la capacidad para detectar la corrupción, el 59% de los ciudadanos consideran que no existe. En cuanto a la corrupción de los políticos, el 43% opina que es mayor que en el resto de la sociedad y el 48% que es igual.

También recibe un suspenso la representación politica, con una media de 4´4 puntos. Los ciudadanos matizan cuidadosamente. Así los partidos gozan de una alta legitimidad, un 75%, pero también se confía poco en su actividad, un 4 sobre 10, y en su preocupación por los intereses generales, pues un 68% considera que los políticos se preocupan sólo por sus propios intereses. Anotemos que son valores comunes a otros países europeos. Sólo un 36% considera que los partidos eligen a sus candidatos por procedimientos democráticos, y sólo un 32% cree en la libertad de expresión interna. La idea de clientelismo político está generalizada, pues el 46% cree que los afiliados al partido gobernante reciben mejor trato de la Administración. Por otra parte el 69% cree que las propuestas de los partidos son similares frente al 21% que las considera diferenciadas. Se considera que existen suficientes partidos y que el sistema electoral perjudica a los partidos pequeños. La capacidad para atribuir políticas concretas a la Administración correspondiente la demuestran el 68% de los ciudadanos, con mayores aciertos en las políticas más conocidas como la sanidad. Por otra parte el 47% de los ciudadanos considera que los partidos políticos no son receptivos a las demandas ciudadanas y que los gobernantes no rinden cuentas. Así sólo el 13% considera que los Presidentes de Gobierno explican lo que hacen, porcentaje que baja al 9´5% para los presidentes autonómicos y al 7% para los diputados. En coherencia, el 58% considera que las decisiones de los gobiernos no son transparentes. El 33% considera que las listas cerradas son antidemocráticas, y nada menos que el 45% no tiene opinión formada lo que ayuda a explicar el bajo interés por la política, medido en otras encuestas. Respecto a la capacidad de la oposición para controlar al gobierno, recibe una valoración muy baja, inferior al 30%.

Finalmente la sociedad civil recibe una media ponderada de 4´3 puntos. Coexisten un elevado nivel de información con un bajo nivel de capacidad crítica y una amplia tolerancia con un bajo nivel de participación política y de asociacionismo. Sólo un 12% de los ciudadanos participan en movimientos asociativos en algun momento de su vida. Es notable la baja confianza social: sólo el 32% cree que se puede confiar en la mayoría de las personas. Respecto a los medios de comunicación, la mitad de la población considera que tienen capacidad para controlar el gobierno, mientras que pocos, el 12% cree que los ciudadanos puedan controlar al gobierno.