FEIJOO LIQUIDA NOVAGALICIABANCO

El FROB ha decidido iniciar el proceso de venta de Novagalicia Banco, con el pleno respaldo de la Xunta de Galicia. Se desconocen los motivos de esa urgencia, que solo afecta a la entidad gallega, toda vez que el plazo otorgado por Bruselas finaliza en 2016. Existen dos posibilidades, la venta a otro banco nacional, que reestructurará la red, despedirá personal y trasladará los órganos de decisión, o la venta a un fondo de inversiones extranjero que antes o después venderá de nuevo. Hay que recordar que la entidad ha recibido diez mil millones de euros entre fondos estatales y comunitarios y que el FROB venderá con pérdidas. Pero nadie estima necesaria una explicación a los contribuyentes.

La pregunta pertinente es por qué se desprecia la posibilidad de mantener la entidad. Es cierto que la actuación previa de la Xunta, implicando a diferentes inversores en el capital del banco, resultó un fracaso y los implicados perdieron 70 millones de euros. Aún así, la necesidad de un banco gallego es unánimente compartida por el mundo empresarial. Galicia será la única comunidad histórica sin entidades financieras propias tras la desaparición en los últimos años de Caixanova, Caixagalicia, Banco Pastor, Banco Gallego y Banco Etchevarría. Por el contrario, Cataluña, País Vasco o Andalucía mantendrán sus entidades. Las consecuencias para el crédito en el futuro, el compromiso con los proyectos o el mantenimiento de la antigua obra social, son previsibles.

El actual equipo gestor del banco ha conseguido recuperar beneficios, sanear la entidad, redimensionarla y hacerla atractiva para terceros. Pero ni el Presidente Núñez Feijoo, ni el Presidente Rajoy, consideran oportuno mantener el banco y explorar otras opciones. En el caso de Núñez Feijoo, es la conducta habitual de aprendiz de brujo, iniciando procesos o asumiendo compromisos que luego abandona sin terminar, como han sido el fracaso del concurso eólico, Pescanova, Alimentos Lácteos, Navantia. Siempre el compromiso es mayor con la propaganda que con los hechos.

Así, mientras el sector naval gallego agoniza, cuando hace solo cinco años tenía 80 buques en construcción, Gas Natural Fenosa, principal productor eléctrico de Galicia, titular de la mayor parte de embalses hidroeléctricos, adjudicataria del principal lote de megavatios eólicos, copropietaria de la empresa pública SOGAMA, contrata barcos gaseros en Asia. En Galicia, en lugar de comprometerse con el naval, la eléctrica restaura un pequeño poblado en el pueblo natal del Presidente autonómico, transformándolo en academia privada de inglés que, naturalmente, subvenciona el Gobierno gallego.

Y aunque Feijoo conversa con Fainé, principal accionista de la eléctrica, vinculado al sector naval a través de la alianza con PEMEX en REPSOL, no se deriva ninguna acción inversora. Por el contrario, se anuncia la reestructuración de Navantia, antesala de su desparición. Es probable que el banco, como el naval, acabe siendo moneda de cambio para resolver otros problemas, como el conflicto catalán.

En una apacible conferencia en el Hotel Ritz, celebrada días pasados, Feijoo se extendía cantando las loas de la economía gallega, el estado de los servicios públicos y la competitividad. Dejándose querer por la adulación mediática, siempre necesitada de personajes. Por desgracia los indicadores oficiales no acompañan ese optimismo. Que otras Comunidades Autónomas presenten peores datos de empleo no puede ser motivo de satisfacción. Galicia se aleja de la convergencia con España y con Europa, el imparable declive demográfico se une a una estructura empresarial muy atomizada, con un sector industrial en derribo y con cifras de ocupación muy bajas. Incluso la corrupción se ha hecho un lugar en la vida institucional sin que la Xunta muestre la menor inquietud. Dos gigantes, Citroën en el Sur e Inditex en el Norte, visten las estadísticas. La evidencia de la crisis es la mínima inversión del exterior y la emigración masiva de los jóvenes más cualificados.

NUÑEZ FEIJOO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

“Tarifa plana para matar”, ha dicho el Presidente de Galicia sobre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que deroga la llamada “doctrina Parot”. Una bárbara expresión, descalificadora nada menos que del Tribunal europeo de Derechos Humanos.

Dice el adagio clásico “dura lex, sed lex”, mostrando la primacía de la norma de derecho sobre la opinión o la costumbre. El Estado de Derecho exige respetar las sentencias judiciales basadas en la ley y no sustituirlas por las soluciones derivadas de las emociones o la oportunidad.

Era previsible desde 1979, cuando España se adhiere a la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa y acepta la jurisdicción de Estrasburgo, que las penas de cárcel se cumplirían de acuerdo con la ley vigente entonces. Ocurría sólo cuatro años después de la muerte del dictador y apenas transcurrido un año desde la aprobación de la Constitución. Se habían aprobado las leyes de amnistía y existía el convencimiento de que se dejaba atrás el régimen penal represivo.

El tiempo demostraría que lo peor del terrorismo estaba por llegar. Y cuando sucedió, con la escalada de asesinatos de los años 80, todavía se demoró la reforma del Código Penal hasta 1996. Para cualquier persona informada era evidente que la interpretación judicial de 2004, aplicada con efectos retroactivos era recurrible y que solo perseguía ganar tiempo.

Así, aunque Núñez Feijoo quiera descalificar la sentencia, y de paso a la Convención de Derechos Humanos, estamos justamente ante la aplicación del imperium de la ley frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. Lo cual no es contrario a la legítima opinión de que las penas para determinados delitos puedan ser modificadas por el legislador, como ya se ha hecho, pero non carácter retroactivo.

El exabrupto del Presidente gallego persigue otro objetivo. Sumarse al espíritu vindicativo que enarbola la fracción más intransigente del Partido Popular. Con la idea populista de captar el descontento de las víctimas y transformarlo en beneficio electoral. Se ha visto en la manifestación de la pasada semana, que la siembra de vientos sigue cosechando tempestades en forma de abucheos.

Núñez Feijoo, que gobierna con mayoría absoluta, no ha hecho ningun esfuerzo para explicar a los ciudadanos la grandeza y servidumbre del Estado de Derecho, ni el valor de los Derechos Humanos. Ha utilizado su posición privilegiada para lanzar una soflama que abunda en la deriva hacia la extrema derecha que caracteriza a gran parte del conservadurismo español y europeo. Ultraliberalismo, segregación social, populismo rancio y escasas convicciones democráticas. Una combinación letal para una sociedad tan castigada por la crisis económica y que ahora ve como los valores democráticos son puestos en almoneda por quienes juraron defenderlos al tomar posesión de las magistraturas otorgadas por los ciudadanos.

Que el terrorismo ha sido un enemigo formidable de la democracia, es una evidencia. Que ha sido vencido en el marco del Estado de Derecho también. Los episodios ilegales, como el GAL, la tortura y otros, no han producido resultados. Han degradado la lucha de los demócratas y han retroalimentado a los violentos y a sus seguidores. Sólo la unidad de las fuerzas democráticas en el Pacto antiterrorista, la máxima profesionalización del trabajo policial y la firmeza de la judicatura han producido ese resultado tanto tiempo esperado.

Olvidar esa lección, aprendida con tanto sufrimiento, con más de un millar de muertos y miles de afectados, es el peor servicio que los gobernantes pueden hacer. Rajoy, tras un titubeo inicial, mantuvo una postura digna. Núñez Feijoo, Aguirre y otros dirigentes han mostrado hasta donde puede llegar una fracción de la derecha española: al desprecio de los derechos humanos. Retrocedemos décadas. En nuestro entorno, Francia, Holanda, Italia y otros países, vemos el crecimiento de partidos políticos xenófobos. En España todavía no, pero ya sabemos de donde saldrán y quienes serán.

INDEPENDENCIA DE LAS AUTORIDADES REGULADORAS

El Gobierno acaba de crear la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que engloba las funciones de ocho organismos reguladores anteriores, algunos muy consolidados como las anteriores Comisiones de la Energía, de las Telecomunicaciones y de la Competencia y otros de menor entidad o en proceso de constitución, como los referidos a ferrocarriles, sector audiovisual, aeropuertos o sector postal.Los miembros de la nueva Comisión, nombrados por el gobierno sin apenas debate sobre su idoneidad, han afrontado ya su primera polémica, con el nombramiento como Directora General de una sobrina del Ministro del que depende la Comisión. Error subsanado de inmediato pero que indica la estrecha proximidad al Gobierno de la teóricamente independiente Comisión.

La creación de esa macrocomisión ha sido fuertemente criticada por englobar bajo la misma estructura sectores tan especializados que harán difícil que los consejeros controlen realmente los asuntos sobre los que deciden. Recordemos que el argumento que sostiene a los organismos reguladores independientes, es trasladar materias muy especializadas y fundamentales para el desarrollo de una economía moderna, a órganos especializados, que ejercen simultáneamente labores de regulación y de control. De ahí el estatuto de sus miembros, inamovibles, con mandatos de larga duración y autonomía funcional. Si falla el principio de la especialización y de la competencia sobre las materias que se regulan, el órgano pierde sentido. Por otra parte la reforma comentada ha sustraido competencias a la nueva Comisión en beneficio de los Ministerios.

El objetivo de las Autoridades reguladoras es garantizar el funcionamiento de sectores que por sus características necesitan estabilidad jurídica que garantice inversiones a largo plazo, como en las industrias de red, o que deban sustraerse a la dinámica política, normalmente más cortoplacista, para garantizar la competencia. Es habitual que tengan carácter colegiado, recuperando así la deliberación y el acuerdo como forma de adoptar decisiones.

Las autoridades independientes, de corta historia en España, están muy desarrolladas en Estados Unidos, Reino Unido o Francia, desde el primer ejemplo, la creación de una Comisión para el desarrollo del ferrocarril, en 1887.

Uno de los problemas principales que deben afrontar es la independencia. En España, los partidos políticos han ocupado muchas instituciones teóricamente independientes, a través de las designaciones por cuotas o cupos. El sistema es democrático, sin duda, pero impide confrontar los méritos de los candidatos. A la vista están los malos resultados que ese procedimiento ha provocado en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o las Cajas de Ahorros, por citar solamente algunos ejemplos. Incluso en los pocos casos en los que se ha previsto la comparecencia parlamentaria para valorar la idoneidad de los candidatos, se ha producido un falso debate, respetando los pactos previos.

No siempre las autoridades reguladoras han estado a la altura de los problemas. El escándalo de las participaciones preferentes, por ejemplo, indica la pasividad del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, conociendo los riesgos, se limitaron a informes de circunstancias, sin elevar la voz ni plantear las acciones que en derecho procediesen.

A veces se habla de la baja calidad de la democracia española, aludiendo a la distancia entre las normas formalmente homologables a otros países y la práctica política, más próxima a los viejos vicios del clientelismo y la impunidad. El Gobierno Rajoy se equivoca al fusionar organismos reguladores tan dispares. Su argumento, la economía de escala, esconde tales riesgos y probables disfunciones, que no permite creer que mejoren los sectores regulados. Por el contrario es probable que “la captura del regulador”, por el mercado, sea hoy más fácil y más frecuente.Una mala noticia para las empresas españolas realmente competitivas.

QUÉ HACER CON ESPAÑA

Con ese  título se ha publicado un ensayo ampliamente publicitado y citado, de lectura fácil  y propuestas provocadoras.El autor, desde un planteamiento neoliberal, hace un relato, convincente con muchos argumentos históricos, en un lenguaje directo, prescindiendo de datos.En una primera parte, de carácter histórico, asume  la concepción de la historia de Hegel para concluir que, caído el muro de Berlín y derrotado el comunismo, la Historia se ha terminado, pues el capitalismo ha triunfado y las demás ideologías no tienen nada que ofrecer. Esas tesis, expuestas en su día por Fukuyama provocaron un ardiente debate intelectual. Hoy son menos polémicas, pero por falta de foros adecuados. Es más, el incremento de las desigualdades probablemente provocará conflictos de mayor o menor intensidad.

Partiendo de esa premisa declara que no es previsible que la civilización occidental sea superada en un plazo de varias generaciones. Luego analiza lo que llama capitalismo castizo, sintetizado en una imagen, el palco del Bernabeu, o concentración de dirigentes empresariales que viven de los reguladores o de las subvenciones y del mundo político, que regulan y conceden la dádivas.
Finalmente desgrana sus propuestas: instituciones, partidos, ley electoral, reguladores, justicia, es decir una completa revisión del sistema político, para analizar luego los mercados de trabajo, vivienda y las pensiones.

Como se deduce, estamos ante un émulo de Acemoglu y su teoría de las clases extractivas. Cree Molinas que el enorme problema de España es la política primero, luego Madrid, y finalmente la ideología  centralista, consecuencia de los dos anteriores. No cree que haya alternativa al modelo de economía dual que impulsa el actual Gobierno de España.

Como suele ocurrir en este tipo de análisis, los datos seleccionados corroboran las tesis, y los datos contradictorios se omiten. Molinas cree que nuestro futuro es trabajar como los chinos y cobrar de forma similar o innovar mucho con largos períodos de inactividad laboral. Y con cada persona dueña de su destino .Esa sociedad profundamente liberal en lo económico, sería, también profundamente desigual, un peaje que nuestro autor juzga inevitable. Y así 300 páginas.

REY O MONARQUÍA

La operación quirúrgica a la que se ha sometido el Rey de España, ha desatado un debate sobre la conveniencia de la abdicación por motivos de salud. En ese debate, sostenido con fuerza en muchos medios de comunicación, se perciben ecos del deterioro de imagen que ha sufrido el Monarca en los últimos años.

Después de tres décadas largas bajo un pacto tácito de silencio en torno a la Corona como institución, al Rey y su familia y a la Casa Real, el estallido de la crisis ha cuestionado todos y cada uno de los poderes del Estado y ha golpeado con fuerza a la primera magistratura. No son ajenos los errores y escándalos omnipresentes en los medios y en la calle, pero el contexto citado ha puesto el acento en otros problemas. Hoy se reclama la aplicación de la Ley de Transparencia, la respuesta ante la ley en términos similares a los de cualquier ciudadano, se debate públicamente su presupuesto y se publicita su nivel de vida.

Era lógico que así ocurriese y la única anomalía ha sido la enorme duración del período de gracia del que han disfrutado. Además se ha iniciado el debate sobre el futuro de la Monarquía: continuidad en la persona del heredero, poco conocido hasta ahora, o ruptura. Sin duda ésta es minoritaria, pero el contexto político actual, con movimientos abiertamente secesionistas y desprestigio máximo de los partidos políticos que han vertebrado la vida pública y sostenido el régimen constitucional, hace posible cualquier escenario de futuro. Por el momento, la opinión pública si no monárquica es totalmente juancarlista. Pero en tiempos de cambio los procesos se aceleran.

En contra de la sucesión rápida, obran los diversos escándalos que afectan a Juan Carlos de Borbón, y que probablemente le hacen desear un proceso de sustitución más sosegado. También obra en contra la personalidad de Felipe de Borbón, distante y sin definición propia, y cuya pareja ocupa más papel rosa del que resulta prudente. Es cierto que la Reina, según la Constitución española, carece de funciones, salvo en momentos de Regencia y que por lo tanto Sofía de Grecia o Letizia Ortiz, no tienen relevancia. Sin embargo la propia exposición excesiva de los miembros de la Familia Real a los medios de comunicación sensacionalistas, ha producido un desgaste muy apreciable.

Una hipotética Constitución revisada, no podría soslayar fácilmente la forma del Estado. La República no implica necesariamente que exista un Presidente, sujeto al juego más o menos controlado del debate político. Es posible, como en Estados Unidos, que la misma persona asuma la representación del Estado y la jefatura del Gobierno. Las funciones que la Constitución atribuye al Rey, no hacen imprescindible su figura, siendo ese su talón de Aquiles.

Todas y cada una de las funciones constitucionales del Rey, pueden ser atribuidas al Presidente del Gobierno o al Presidente de las Cortes. Algunas son claramente protocolarias, de refrendo de las decisiones del gobierno, que difícilmente podría negar.

La monarquía española, de raíces tan débiles por el desprestigio de los monarcas de la Restauración, solo puede basar su legitimidad en el consenso social. Perdido éste, su tiempo de vigencia será corto. La legitimidad de la Transición, el pacto político y social que permitió pasar con dificultades de una guerra civil intermitente durante siglo y medio a una democracia homologable a las europeas, se ha roto. Las nuevas generaciones no comparten esa visión de superación del pasado y reclaman una nueva legitimidad basada en un acuerdo de nuevo cuño. Aspectos territoriales y culturales, es decir de reparto de la riqueza, de los hechos diferenciales, de los elementos de solidaridad, forman parte de ese debate. No es previsible que produzca cambios en el transcurso de una generación, pero sin duda será el ruido de fondo de los próximos años. Cataluña, como en tantas cosas, ha iniciado el proceso y los demás ciudadanos y territorios se irán sumando al mismo, para asentir, disentir o confrontar.

LA ESCUELA FUSILADA

(sobre el documental de ese título)

Un mes después de iniciada la Guerra Civil, la administración franquista dicta su primera norma educativa. En ella ordena una purga del Magisterio, también de otros cuerpos docentes, encomendándola a la autoridad de los rectores universitarios en base a las informaciones aportadas por los alcaldes. Procedimiento sumario, carente de mecanismos garantistas.

En los meses siguientes se organiza y se regula un procedimiento masivo de depuración que durará de forma muy intensa hasta 1943 aunque los coletazos se extenderán un cuarto de siglo. Fueron expedientados todos los profesores de todos los niveles y grados, así como los estudiantes de Magisterio y opositores. En cada provincia se creó una Comisión que a partir de los informes de alcaldes, Guardia civil, curas y otros ciudadanos adoptó decisiones.

El procedimiento partía de separación del servicio de todo el profesorado, debiendo solicitar cada persona su readmisión. Se permitían todas las irregularidades y vilezas, alentando la denuncia anónima o denuncias interesadas y aceptando los rumores tomados como verdades, Con omisión de un estudio riguroso de la actuación profesional de los denunciados, se basaba fundamentalmente en la opinión del cura, en materia de moralidad y en la opinión del alcalde en materia política. Era sancionada toda conducta arreligiosa, distinta de la moral dominante y por supuesto crítica con la Iglesia. Igualmente era sancionada toda tibieza con el Régimen y por descontado la adhesión o pertenencia a sindicatos y partidos.

De esa forma sumaria, un número muy elevado de maestros,fue sancionado. Aunque no existen estudios definitivos sino solo sobre la mitad de las provincias, los datos son extrapolables.Estaríamos ante 60000 expedientes, de los que un 10%,unos seis mil fueron separados de su puesto de trabajo y obligado a buscar otros medios de supervivencia, pues también se les prohibió ejercer en centros privados. Otro 10% fue castigado con el destierro a otra provincia; este castigo afectó especialmente a quienes eran acusados de tendencias nacionalistas y un 5% recibió sanciones económicas. Un 70% quedó libre de culpa. Los castigados fueron mayoritariamente varones, el paternalismo del régimen era patente, y constituían la fracción más dinámica del magisterio: mas inquietos profesionalmente, en su afiliación sindical o política, más notables.

Para cubrir sus puestos se celebraron oposiciones patrióticas donde era determinante haber combatido durante la Guerra en el bando vencedor.

¿Por qué fue tan extrema la represión del Magisterio? Los propagandistas del Régimen defendieron desde el primer momento que era necesario extirpar el ideal republicano de la sociedad. Acusaron a los intelectuales y profesores de haber contaminado el alma de los españoles, católica y tradicional, con las ideas disolventes de la modernidad, laicismo, igualdad, coeducación. En su imaginario, además de los partidos políticos, con especial saña hacia los republicanos, personalizados en Azaña, estaban los institucionistas y todas las actuaciones en las que habían participado. El énfasis que el primer gobierno republicano de Azaña, con Marcelino Domingo como Ministro, dio a la educación, con la construcción masiva de escuelas, la dignificación de los profesores y la apuesta por la modernización de la enseñanza, reivindicando el papel del Estado y alejando a la Iglesia, provocará la reacción de ésta que determinará la política franquista, durante la guerra civil y durante los cuarenta años posteriores.

El documental de Iñaki Penedo y Daniel Alvarez, nos habla de la represión , con el testimonio de los afectados, de sus familiares y de algunos expertos bien conocidos, que la vivieron, como Vicenc Navarro y Josefina Aldecoa, además del hilo conductor a cargo del mayor especialista en el tema, Francisco Morente.

Las generaciones actuales desconocen esos episodios dramáticos de la historia de España. La transición fue cicatera con las víctimas del franquismo, otorgándoles reparaciones mínimas y poca visibilidad. Hoy, cuando la memoria histórica está más presente, las víctimas han fallecido. Nos queda la obligación de dar a conocer los hechos y de recuperar un legado histórico

EDUCACIÓN, CAMPO HISTÓRICO DE BATALLA

El Ministro Wert, cruzado de la causa neoliberal, acaba de hacer públicas las estadísticas de su departamento, reconociendo sin eufemismos la drástica disminución de las ayudas al estudio.Las cifras también indican que el gasto educativo, en fracción del PIB, ha bajado medio punto en un año, alrededor de cinco mil millones de euros, retrocediendo a los niveles del gobierno Aznar y situandose en el 4´5%. Para situarnos, según las cifras del Banco Mundial, superan el 5%, Estados Unidos, Canadá, Polonia, Francia o Reino Unido y superan el 6% Países Bajos, Bélgica, Finlandia, Noruega o Suecia. Junto con el retroceso del gasto en I+D, se confirma que la política española se aleja de las tendencias del mundo avanzado.

En cuanto a las cifras relativas, con el paro afectando a la cuarta parte de las personas activas, se restringen becas y ayudas, se implantan tasas por los servicios educativos y en el acceso a la universidad. Toda una definición ideológica del gobierno actual.

Desde los albores de la España moderna, los conservadores han fracasado en la política educativa, hasta tal punto que es uno de los rasgos diferenciadores con los conservadores europeos. Desde las Cortes de Cádiz, liberales, moderados, progresistas, republicanos y socialistas, se han turnado en la política educativa impulsando la igualdad en la enseñanza, la escolarización universal y gratuita, la pedagogía moderna, la participación. Siempre que los conservadores han gobernado, se han verificado retrocesos. Las derechas españolas nunca han confiado en la educación como mecanismo de movilidad social y de aprovechamiento colectivo de las capacidades individuales.

De ahí los profundos desencuentros tanto en la Segunda República como en el debate de la actual Constitución. Y de ahí también los incesantes cambios durante treinta años en las normas básicas del sistema educativo. A pesar de las concesiones históricas de la izquierda: enseñanza concertada, acuerdos con la Santa Sede, profesorado de religión, etc.

En España se inicia con el Plan de Estabilización de 1959, un proceso de creación y consolidación de las clases medias. Esos sectores desarrollaron un fuerte sentimiento meritocrático, fiando a la educación de sus hijos las oportunidades de movilidad social. Tendencia que se desarrolló ampliamente durante los gobiernos de Felipe González, que registraron una auténtica explosión universitaria, en estudiantes, facultades y recursos, que aún perdura. De forma definitiva, se alcanzaron los estándares de la Europa desarrollada. Paralelamente se rompía la visión dual de los conservadores, que limitaba el horizonte de las familias de menos recursos a las tareas de menor cualificación. Por primera vez en la historia, el estudio no era función del origen social.

Hoy, la visión anticuada del Partido Popular en política educativa, dificulta el futuro. Hemos asistido a debates tan estériles como la asignatura de Educación para la Convivencia, verdadera cortina de humo para evitar los debates de fondo: resultados, autonomía de los centros de enseñanza, recursos económicos y humanos, programas de compensación, participación, igualdad de oportunidades,movilidad social e igualación de oportunidades.

El auténtico debate político, se da en los presupuestos. Cuando se opta por recortar en aquello que nos iguala y sobre lo que se construye el futuro, las consecuencias permanecerán mucho tiempo. Recortar en universidades, enseñanzas obligatorias, formación profesional, investigación, tiene consecuencias que duran generaciones, como advierten todos los expertos. Y no habrá una economía diferente a la del ladrillo, sin una base formativa mucho mejor de la que tenemos. Aquí coinciden todos los economistas.

Alguien podría pensar que los conservadores han privilegiado la libertad frente a la igualdad en su discurso político. Pero, en España, ¡ay!, las libertades democráticas y los derechos civiles también han sido defendidos, impulsados y desarrollados por la izquierda.

Rajoy, Feijoo, Fabra, Aguirre, deberían aprender de otros modelos. Si su desconocimiento del inglés les impide enterarse de lo que ocurre fuera, podrían estudiar las políticas del PNV, tan conservador como europeista, para descubrir que es posible cambiar el modelo productivo, impulsando el conocimiento y la innovación. Sus indicadores, son un ejemplo de éxito y el fruto de políticas de largo plazo. Con las de Wert y sus colegas de gabinete, con el cortoplacismo como norte, solo es posible un debate crispado sobre símbolos, unidades y rupturas.