REY O MONARQUÍA

La operación quirúrgica a la que se ha sometido el Rey de España, ha desatado un debate sobre la conveniencia de la abdicación por motivos de salud. En ese debate, sostenido con fuerza en muchos medios de comunicación, se perciben ecos del deterioro de imagen que ha sufrido el Monarca en los últimos años.

Después de tres décadas largas bajo un pacto tácito de silencio en torno a la Corona como institución, al Rey y su familia y a la Casa Real, el estallido de la crisis ha cuestionado todos y cada uno de los poderes del Estado y ha golpeado con fuerza a la primera magistratura. No son ajenos los errores y escándalos omnipresentes en los medios y en la calle, pero el contexto citado ha puesto el acento en otros problemas. Hoy se reclama la aplicación de la Ley de Transparencia, la respuesta ante la ley en términos similares a los de cualquier ciudadano, se debate públicamente su presupuesto y se publicita su nivel de vida.

Era lógico que así ocurriese y la única anomalía ha sido la enorme duración del período de gracia del que han disfrutado. Además se ha iniciado el debate sobre el futuro de la Monarquía: continuidad en la persona del heredero, poco conocido hasta ahora, o ruptura. Sin duda ésta es minoritaria, pero el contexto político actual, con movimientos abiertamente secesionistas y desprestigio máximo de los partidos políticos que han vertebrado la vida pública y sostenido el régimen constitucional, hace posible cualquier escenario de futuro. Por el momento, la opinión pública si no monárquica es totalmente juancarlista. Pero en tiempos de cambio los procesos se aceleran.

En contra de la sucesión rápida, obran los diversos escándalos que afectan a Juan Carlos de Borbón, y que probablemente le hacen desear un proceso de sustitución más sosegado. También obra en contra la personalidad de Felipe de Borbón, distante y sin definición propia, y cuya pareja ocupa más papel rosa del que resulta prudente. Es cierto que la Reina, según la Constitución española, carece de funciones, salvo en momentos de Regencia y que por lo tanto Sofía de Grecia o Letizia Ortiz, no tienen relevancia. Sin embargo la propia exposición excesiva de los miembros de la Familia Real a los medios de comunicación sensacionalistas, ha producido un desgaste muy apreciable.

Una hipotética Constitución revisada, no podría soslayar fácilmente la forma del Estado. La República no implica necesariamente que exista un Presidente, sujeto al juego más o menos controlado del debate político. Es posible, como en Estados Unidos, que la misma persona asuma la representación del Estado y la jefatura del Gobierno. Las funciones que la Constitución atribuye al Rey, no hacen imprescindible su figura, siendo ese su talón de Aquiles.

Todas y cada una de las funciones constitucionales del Rey, pueden ser atribuidas al Presidente del Gobierno o al Presidente de las Cortes. Algunas son claramente protocolarias, de refrendo de las decisiones del gobierno, que difícilmente podría negar.

La monarquía española, de raíces tan débiles por el desprestigio de los monarcas de la Restauración, solo puede basar su legitimidad en el consenso social. Perdido éste, su tiempo de vigencia será corto. La legitimidad de la Transición, el pacto político y social que permitió pasar con dificultades de una guerra civil intermitente durante siglo y medio a una democracia homologable a las europeas, se ha roto. Las nuevas generaciones no comparten esa visión de superación del pasado y reclaman una nueva legitimidad basada en un acuerdo de nuevo cuño. Aspectos territoriales y culturales, es decir de reparto de la riqueza, de los hechos diferenciales, de los elementos de solidaridad, forman parte de ese debate. No es previsible que produzca cambios en el transcurso de una generación, pero sin duda será el ruido de fondo de los próximos años. Cataluña, como en tantas cosas, ha iniciado el proceso y los demás ciudadanos y territorios se irán sumando al mismo, para asentir, disentir o confrontar.