La impresionante manifestación a favor
del “Derecho a decidir”, ha sido un éxito para los convocantes,
y una primera aproximación para el resto de España a la situación
social y política en Cataluña. Para el Gobierno Rajoy es un
problema más en un contencioso territorial que al parecer comienza a
afrontarse en conversaciones reservadas.
Al mismo tiempo existe una extraña
situación en la que los problemas de fondo no se discuten,
sepultados por las emociones. Así, la posibilidad de una secesión
en España apenas se analiza con rigor, ni las consecuencias para las
partes, ni el modo de afrontarla, ni los derechos de las minorías y
de las mayorías resultantes, ni las consecuencias económicas.
La invocación continuada a un
referéndum, sin que esté claro lo que se someterá a votación, es
una más de las formas de enmascarar el debate. Ni el Gobierno Rajoy
ni la oposición han planteado una posición tan elaborado como hizo
el Gobierno de Canadá ante el desafío de Quebec en la década de
los 90, que dio lugar a la Ley de Claridad en aquel pais, fijando
unas normas claras.
Puede ser comprensible que no se debata
mucho en Galicia, donde el debate político suele ser de vuelo bajo,
o en Andalucía, donde los problemas urgentes pueden tapar los
importantes, ni en otras Comunidades. Pero la ausencia de debate en
los principales foros y tribunas del Estado, es más difícilmente
inteligible. En una forma de pensamiento mágico, lo que no se nombra
no existe.
Es cierto que se puede vivir con un
problema así durante muchos años, como demuestra Quebec. Pero no es
menos cierto que el peso de Cataluña en la economía, la sociedad y
la cultura de España es muy elevado y que por tanto sus demandas,
más o menos explícitas, deben de ser atendidas, racionalizadas y
encauzadas.
Se han planteado tres escenarios: la
secesión, el federalismo y un status singular. La secesión no
figura en este momento en la agenda de los partidos políticos
españoles y por tanto no será considerada durante un largo tiempo.
El federalismo, defendido en especial por el PSOE, está superado por
la posición del gobierno catalán, y más por la sociedad, que
rechazan una nueva lectura igualitaria de la Constitución. La
tercera vía, encontrar fórmulas a la carta para encajar la
singularidad de Cataluña en el marco constitucional, tropieza, entre
otros, con un escollo muy relevante, inexistente en otras épocas:
las Comunidades Autónomas. La forma tan poco racional en la que
surgieron, y su rápido desarrollo, han generado un marco competitivo
entre las mismas y un discurso de agravio frente al Estado, que hace
difícil evolucionar hacia una situación asimétrica.
En todo caso el problema, más que
social, es político, como lo ha sido durante todo el siglo XX. El
Gobierno catalán, atrapado entre la deriva de su electorado y el
bloqueo de Madrid, no tiene un futuro cómodo. Rajoy tiene la
posibilidad de marcar la agenda pero no de resolver el problema. Su
mayoría absoluta no es suficiente para afrontar el principal
problema de la gobernación de España, una vez superado el
terrorismo. Necesitará fraguar un consenso básico sobre la
evolución del Estado, con todo el arco parlamentario, incluidos los
socialistas. Éstos, envueltos en un proceso interno de tensiones y
desequilibrios, necesitan recuperar autoridad moral en Cataluña.
Además existe el temor generalizado a
una reforma de la Constitución que abra más problemas de los que
puedan ser racionalmente resueltos. La crisis tan aguda no es mejor
marco para revisar a fondo el sistema institucional de las últimas
cuatro décadas, aunque motivos y razones no faltan.
Previsiblemente, continuaremos en esta
ambigua situación, hasta que las urgencias electorales en Cataluña
o en el Gobierno de España, hagan inevitable tomar decisiones.
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