INDEPENDENCIA DE LAS AUTORIDADES REGULADORAS

El Gobierno acaba de crear la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que engloba las funciones de ocho organismos reguladores anteriores, algunos muy consolidados como las anteriores Comisiones de la Energía, de las Telecomunicaciones y de la Competencia y otros de menor entidad o en proceso de constitución, como los referidos a ferrocarriles, sector audiovisual, aeropuertos o sector postal.Los miembros de la nueva Comisión, nombrados por el gobierno sin apenas debate sobre su idoneidad, han afrontado ya su primera polémica, con el nombramiento como Directora General de una sobrina del Ministro del que depende la Comisión. Error subsanado de inmediato pero que indica la estrecha proximidad al Gobierno de la teóricamente independiente Comisión.

La creación de esa macrocomisión ha sido fuertemente criticada por englobar bajo la misma estructura sectores tan especializados que harán difícil que los consejeros controlen realmente los asuntos sobre los que deciden. Recordemos que el argumento que sostiene a los organismos reguladores independientes, es trasladar materias muy especializadas y fundamentales para el desarrollo de una economía moderna, a órganos especializados, que ejercen simultáneamente labores de regulación y de control. De ahí el estatuto de sus miembros, inamovibles, con mandatos de larga duración y autonomía funcional. Si falla el principio de la especialización y de la competencia sobre las materias que se regulan, el órgano pierde sentido. Por otra parte la reforma comentada ha sustraido competencias a la nueva Comisión en beneficio de los Ministerios.

El objetivo de las Autoridades reguladoras es garantizar el funcionamiento de sectores que por sus características necesitan estabilidad jurídica que garantice inversiones a largo plazo, como en las industrias de red, o que deban sustraerse a la dinámica política, normalmente más cortoplacista, para garantizar la competencia. Es habitual que tengan carácter colegiado, recuperando así la deliberación y el acuerdo como forma de adoptar decisiones.

Las autoridades independientes, de corta historia en España, están muy desarrolladas en Estados Unidos, Reino Unido o Francia, desde el primer ejemplo, la creación de una Comisión para el desarrollo del ferrocarril, en 1887.

Uno de los problemas principales que deben afrontar es la independencia. En España, los partidos políticos han ocupado muchas instituciones teóricamente independientes, a través de las designaciones por cuotas o cupos. El sistema es democrático, sin duda, pero impide confrontar los méritos de los candidatos. A la vista están los malos resultados que ese procedimiento ha provocado en el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional o las Cajas de Ahorros, por citar solamente algunos ejemplos. Incluso en los pocos casos en los que se ha previsto la comparecencia parlamentaria para valorar la idoneidad de los candidatos, se ha producido un falso debate, respetando los pactos previos.

No siempre las autoridades reguladoras han estado a la altura de los problemas. El escándalo de las participaciones preferentes, por ejemplo, indica la pasividad del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, conociendo los riesgos, se limitaron a informes de circunstancias, sin elevar la voz ni plantear las acciones que en derecho procediesen.

A veces se habla de la baja calidad de la democracia española, aludiendo a la distancia entre las normas formalmente homologables a otros países y la práctica política, más próxima a los viejos vicios del clientelismo y la impunidad. El Gobierno Rajoy se equivoca al fusionar organismos reguladores tan dispares. Su argumento, la economía de escala, esconde tales riesgos y probables disfunciones, que no permite creer que mejoren los sectores regulados. Por el contrario es probable que “la captura del regulador”, por el mercado, sea hoy más fácil y más frecuente.Una mala noticia para las empresas españolas realmente competitivas.