NUÑEZ FEIJOO CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS

“Tarifa plana para matar”, ha dicho el Presidente de Galicia sobre la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que deroga la llamada “doctrina Parot”. Una bárbara expresión, descalificadora nada menos que del Tribunal europeo de Derechos Humanos.

Dice el adagio clásico “dura lex, sed lex”, mostrando la primacía de la norma de derecho sobre la opinión o la costumbre. El Estado de Derecho exige respetar las sentencias judiciales basadas en la ley y no sustituirlas por las soluciones derivadas de las emociones o la oportunidad.

Era previsible desde 1979, cuando España se adhiere a la Convención de Derechos Humanos del Consejo de Europa y acepta la jurisdicción de Estrasburgo, que las penas de cárcel se cumplirían de acuerdo con la ley vigente entonces. Ocurría sólo cuatro años después de la muerte del dictador y apenas transcurrido un año desde la aprobación de la Constitución. Se habían aprobado las leyes de amnistía y existía el convencimiento de que se dejaba atrás el régimen penal represivo.

El tiempo demostraría que lo peor del terrorismo estaba por llegar. Y cuando sucedió, con la escalada de asesinatos de los años 80, todavía se demoró la reforma del Código Penal hasta 1996. Para cualquier persona informada era evidente que la interpretación judicial de 2004, aplicada con efectos retroactivos era recurrible y que solo perseguía ganar tiempo.

Así, aunque Núñez Feijoo quiera descalificar la sentencia, y de paso a la Convención de Derechos Humanos, estamos justamente ante la aplicación del imperium de la ley frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. Lo cual no es contrario a la legítima opinión de que las penas para determinados delitos puedan ser modificadas por el legislador, como ya se ha hecho, pero non carácter retroactivo.

El exabrupto del Presidente gallego persigue otro objetivo. Sumarse al espíritu vindicativo que enarbola la fracción más intransigente del Partido Popular. Con la idea populista de captar el descontento de las víctimas y transformarlo en beneficio electoral. Se ha visto en la manifestación de la pasada semana, que la siembra de vientos sigue cosechando tempestades en forma de abucheos.

Núñez Feijoo, que gobierna con mayoría absoluta, no ha hecho ningun esfuerzo para explicar a los ciudadanos la grandeza y servidumbre del Estado de Derecho, ni el valor de los Derechos Humanos. Ha utilizado su posición privilegiada para lanzar una soflama que abunda en la deriva hacia la extrema derecha que caracteriza a gran parte del conservadurismo español y europeo. Ultraliberalismo, segregación social, populismo rancio y escasas convicciones democráticas. Una combinación letal para una sociedad tan castigada por la crisis económica y que ahora ve como los valores democráticos son puestos en almoneda por quienes juraron defenderlos al tomar posesión de las magistraturas otorgadas por los ciudadanos.

Que el terrorismo ha sido un enemigo formidable de la democracia, es una evidencia. Que ha sido vencido en el marco del Estado de Derecho también. Los episodios ilegales, como el GAL, la tortura y otros, no han producido resultados. Han degradado la lucha de los demócratas y han retroalimentado a los violentos y a sus seguidores. Sólo la unidad de las fuerzas democráticas en el Pacto antiterrorista, la máxima profesionalización del trabajo policial y la firmeza de la judicatura han producido ese resultado tanto tiempo esperado.

Olvidar esa lección, aprendida con tanto sufrimiento, con más de un millar de muertos y miles de afectados, es el peor servicio que los gobernantes pueden hacer. Rajoy, tras un titubeo inicial, mantuvo una postura digna. Núñez Feijoo, Aguirre y otros dirigentes han mostrado hasta donde puede llegar una fracción de la derecha española: al desprecio de los derechos humanos. Retrocedemos décadas. En nuestro entorno, Francia, Holanda, Italia y otros países, vemos el crecimiento de partidos políticos xenófobos. En España todavía no, pero ya sabemos de donde saldrán y quienes serán.