URBANISMO

El Partido Popular ha reformado puntualmente y por cuarta vez, la Ley del Suelo de Galicia, aprobada en 2003. El debate parlamentario ha demostrado, una vez más, las diferencias abismales que separan derecha e izquierda en política urbanística.No se trata de demonizar sino sólo de constatar. El Partido Popular, en España y en las diferentes Comunidades, defiende políticas de liberalización y máximo aprovechamiento del suelo. Es decir, considera el suelo como un activo susceptible de maximizar beneficios con las menores reglamentaciones posibles.La izquierda considera el suelo como un bien finito, cuya explotación y puesta en valor, debe estar reglamentada a través del planeamiento. Diferencias tan acusadas impiden acuerdos globales sobre urbanismo.

No considero especialmente conveniente la cultura de pactos políticos entre gobierno y oposición. Más bien deben de ser excepcionales y sobre las reglas de juego: Constitución, Estatutos, Leyes de Bases, política exterior y de seguridad. Otro tipo de pactos sectoriales, en educación, economía, empleo, etc, son difíciles de explicar y sobre todo es imposible mantenerlos en el tiempo. Tienen solamente un valor táctico en la vida política, porque la función principal de la oposición es controlar al gobierno y elaborar la futura alternativa, no brindar coartadas a la actuación gubernamental. Aunque no hay norma sin excepciones y tal vez este deba ser el caso. Parecería que, ante un problema tan complejo y con tantos intereses en juego como es el urbanismo, todos deberíamos tratar de convencer, acordar, modular, sesgar o limitar, los usos espúreos de la normativa.

En Galicia, aquí y ahora, el Partido Popular ha demostrado su sesgado interés por el territorio, aplazando la aprobación de las Directrices de Ordenación del Territorio, del Plan del Litoral y posponiendo la reforma integral de la Ley del Suelo. Peor aún, vaciando de contenido a la Agencia de Legalidad Urbanística, único instrumento eficaz de disciplina, minusvalorando escándalos manifiestos y presuntos delitos penales, como las urbanizaciones ilegales de Barreiros o defendiendo la autorización de instalaciones de acuicultura en Touriñán y otros enclaves protegidos medioambientalmente.

Por eso la postura del Partido Socialista ha sido correcta aunque difícil.Correcta al promover mejoras en la tramitación del proyecto de reforma legislativo, que ordenen situaciones heredadas pero sin llegar a otorgar la prescripción de aquellas sujetas a procedimientos sancionadores. También correcta al proponer soluciones para las construcciones en suelos rústicos o al reforzar la protección de espacios calificados en la Red Natura. Correcta y responsable al abstenerse en la votación final, una vez que el Presidente de la Xunta interpretó como relativos los acuerdos citados de protección medioambiental.

Pero también ha sido una postura difícil, pues la búsqueda de soluciones antes apuntadas exige alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes en un ejercicio simultáneo de realismo y responsabilidad.

Cuando las visiones sobre el planeamiento urbanístico son tan diferentes, la gestión del suelo derivada, básicamente competencia municipal, no puede corregir las diferencias. De ahí que el verdadero pacto urbanístico debería de ser un pacto tácito en la opinión pública, en la conciencia y el sentimiento de las personas, para no permitir las actuaciones destructoras del paisaje o que degraden el espacio público urbano, ni hipotequen los equipamientos públicos necesarios al máximo aprovechamiento de la edificación.

Mientras la opinión pública sea débil, la mayoría legislativa tendrá la ley y también la interpretación. La Justicia, en su caso, juzgará y corregirá abusos flagrantes, pero no ordenará el territorio.

METROPOLITANOS 2

http://www.lavozdegalicia.es/galicia/2010/03/23/0003_8373192.htm

METROPOLITANOS

El debate recurrente sobre espacios supramunicipales en Galicia, o sobre su configuración institucional en las llamadas áreas metropolitanas, está deparando escasas ideas novedosas . Imposible encontrar propuestas sobre la mejor articulación de los servicios públicos locales, quizás porque, con una excepción, han alcanzado ya un notable grado de desarrollo en el ámbito municipal respectivo y nadie ve claro que las soluciones metropolitanas introduzcan economías de escala y una mejor adaptación a la evolución de las demandas ciudadanas. Así el abastecimiento de aguas, la recogida y tratamiento de residuales, la recogida y tratamiento de residuos o el urbanismo, están ya muy desarrollados en cada municipio y se intuye que soluciones de integración pueden generar más problemas que soluciones.

La única excepción es el transporte de viajeros, donde el único avance de la última década ha sido el billete único. Nada se ha hecho, ni existe previsión concreta, sobre la integración del transporte urbano con el interurbano, de suerte que el mismo transporte traslade a los usuarios desde un punto de origen hasta el destino final. Los intereses divergentes de los respectivos concesionarios, la abulia de la Xunta y la dificultad de los municipios para avanzar soluciones conjuntas, mantienen ese proyecto, el único verdaderamente metropolitano, en el limbo administrativo.

Así que el debate actual gira sobre un problema político, quien tendrá el poder en una futura estructura institucional. La asignación de votos, los cargos directivos y sus funciones, constituyen el eje de los proyectos en curso, en el Norte y en el Sur. No estará de más recordar que instituciones similares que han seguido esa senda, han fracasado casi siempre. Que las muchas mancomunidades gallegas de municipios, tienen una existencia virtual pero sin funciones reales. Que las áreas metropolitanas creadas en España ( Valencia, Barcelona, Bilbao, Madrid) han sido disueltas por las Comunidades Autónomas. Y que sólo las experiencias de más bajo perfil político, orientadas a la gestión de servicios o a la planificación, han funcionado.

Porque con las nuevas estructuras acontece lo ya conocido en las Diputaciones Provinciales: déficit de legitimidad democrática, por la elección indirecta de sus miembros, ausencia de competencias propias e imposible financiación con fondos propios. Cierto que las Diputaciones disponen fundamentalmente de las transferencias del Estado, que a su vez redistribuyen. Pero de modo general, no han sido capaces en su larga historia de crear servicios propios que mejoren la eficacia de los municipios: en urbanismo, patrimonio, empleo, cultura, servicios sociales, etc la ausencia de iniciativas de las estructuras provinciales es la norma. Sólo en servicios burocráticos o muy técnicos como son la recaudación o las redes informáticas se ha avanzado. De ahí que donde las Diputaciones, con recursos, personal propio y visibilidad política, ofrecen escasos resultados, atribuirle a nuevas estructuras mejores expectativas, no deja de ser un ejercicio voluntarioso.

Pero no es un intento inútil. La capacidad de los poderes locales cuando actúan unidos es muy visible. El Fondo estatal de los dos últimos ejercicios, es una respuesta clara del Estado. Como lo fue el Pacto Local que el Gobierno Touriño firmó con los municipios gallegos, para, entre otros objetivos, mejorar su financiación. También el proyecto actual que impulsan los municipios gallegos para alcanzar un consenso político en la reforma de la Ley del Suelo, si bien en este caso la Xunta tendrá que mostrar más capacidad de diálogo para lograr un acuerdo parlamentario.

De ahí que con todas las reservas antes expresadas, debamos alentar los proyectos de acuerdo metropolitanos. Porque indica consciencia de que unidos en entidades de mayor tamaño podremos conseguir objetivos más ambiciosos . Que los cargos los ocupen políticos o funcionarios es secundario. Que las presidencias sean visibles o sean técnicas también. Porque la fuerza de esos proyectos no vendrá de su estructura, sino de sus miembros, de la sinergia que unos municipios unidos a otros transmiten. Ningun cargo es más relevante que los derivados de la soberanía popular. Ningun presidente de Area Metropolitana será más visible o influyente que un Alcalde. Quien lo dude que mire hacia las Diputaciones, que en siglo y medio no han conseguido hacerse respetar como interlocutores necesarios.