TELEVISIONES PÚBLICAS

El nuevo gobierno de España, en la senda del gobierno de Cataluña, ha anunciado su voluntad de revisar el mapa de televisiones públicas. Al igual que en la transición el Estado decidió deshacerse de una cadena de periódicos y emisoras de radio, herencia del Movimiento, considerando que ya existía suficiente pluralidad de cabeceras en el mercado, parece que está llegando el momento de revisar la titularidad de las televisiones autonómicas y la competencia desigual que suponen para el resto del sector.

Un cuarto de siglo de desarrollo de esos medios públicos evidencia su principal finalidad: servir de altavoces del gobierno que las dirige. Todas las demás funciones son desarrolladas igualmente por medios privados que operan con las reglas de mercado.

RTVE, luego de endosar su increíble deuda de 7800 millones de euros al Estado y de prejubilar a más de 4000 trabajadores sobre una plantilla de diez mil, vuelve a tener dificultades para controlar sus gastos. Las televisiones autonómicas cuestan al año 1500 millones de euros, entre ellas la CRTVG, que en 2012 recibirá una subvención de 105 millones de euros. Además comparten plantillas desmesuradas. La compañía gallega cuenta con mil trabajadores.

Esta situación no la han creado los actuales gobiernos, sino que ha sido una deriva constante de todos los gobiernos, de diferentes tendencias, en todas las Administraciones. La reciente reforma de la ley que rige la CRTVG ha ampliado sus objetivos, que ahora cubren todos los aspectos de la información, cultura, educación y entretenimiento,como garantía, dice el texto, del pluralismo en los medios de comunicación y promoviendo además el uso del gallego. La ley fue aprobada por PP y PSOE, con el Bloque en contra, exigiendo mayor crecimiento de la compañía.

Para situar las cifras en el contexto de Galicia, la Xunta dispondrá en 2012, entre otras, de las siguientes partidas presupuestarias, en millones de euros:

• 105 CRTVG
• 3´8 Presidencia da Xunta
• 19 Parlamento
• 3 Formación de funcionarios (unos 15000 descontados docentes y sanitarios)
• 2´7 Formación de docentes (unos 30000)
• 105 Justicia (más de 300 juzgados y 2500 funcionarios)
• 32 Mejora de la cualificación de los parados
• 34 Educación especial
• 29 Enseñanzas artísticas
• 81 Cultura (toda la actividad cultural de la Consellería)
• 21 Deportes
• 25 Urbanismo
• 4 Suelo industrial
• 46 I+D universitaria
• 103 Competitividade da pesca e da acuicultura
• 55 Industria, energía y minería
• 178 Ayudas a empresas, IGAPE
• 21 Comercio
• 50 Turismo
• 831 Deuda pública (394 cuando tomó posesión la Xunta actual)

EDUCACION

Esperanza Aguirre, ex-ministra de Educación, entre otros cargos, ha proclamado que el Estado debe limitarse a la instrucción y abandonar la educación en manos de las familias. En su apoyo ha explicado que el correspondiente Ministerio de Alemania, se llama de Instrucción y no de Educación.

En España el Ministerio de Instrucción Pública fue creado en 1901 y cambió su nombre por el de Educación Nacional en 1938. La vigente Constitución utiliza la palabra educación únicamente, en el artículo 27. El Estatuto de Autonomía prefiere "ensino". Discusiones etimológicas al margen, el nombre generalizado internacionalmente es educación, para designar el proceso que incluye adquisición de conocimientos, destrezas y socialización, que se realiza a través de mecanismos formales como el sistema educativo, a través de la familia y también a través de otros mecanismos sociales: medios de comunicación, grupos sociales, etc.

Así que la señora Aguirre apunta en otra dirección: la minoración del papel de los organismos públicos en el sistema de enseñanza, brevemente, la mayor privatización.

Es sorprendente la obsesión educativa de la derecha española. No tienen reparos en asumirlo y en considerar campo de batalla ideológica todos los asuntos relacionados. Por eso durante 30 años se han opuesto a cualquier consenso sobre las normas, los objetivos, la estructura o la financiación de la enseñanza, llegando a desarrollar polémicas tan estériles como la referida a "Educación para la convivencia".

Lo que subyace a toda esta batalla, que se recrudecerá en los próximos meses, es la dualidad del sistema. Mientras la izquierda ha impuesto el modelo integrado, un tronco único de enseñanzas y diversificación en post-secundaria, la derecha desea una segregación temprana, como ocurría hasta 1985. Los argumentos en uno y otro sentido ocupan bibliotecas enteras. Pero detrás de los análisis meramente pedagógicos, se atisban los valores políticos: igualdad o desigualdad. Impulsar la primera o aceptar la segunda.

EUROPA

La verborrea europeísta, hecha de grandes y vacuos discursos, déficit democrático y asimetrías crecientes, está contra las cuerdas. Ante la magnitud de la crisis la Unión se revela como lo que siempre ha sido, un club de Estados, atentos a los objetivos comunes siempre que éstos no contradigan los propios. Cuando el problema es muy grave, se evidencia que Alemania y en menor medida Francia o Reino Unido, éste fuera del euro, son las potencias dominantes y el resto, el coro necesario. El Parlamento europeo, la Comisión, la burocracia comunitaria, ni están ni se les necesita.

Ha bastado que un pequeño y acorralado país, Grecia, haya recordado que los ciudadanos están furiosos y en las calles, siendo necesario consultarlos, para que el pánico cunda en las cancillerías. Qué barbaridad, se dicen unos a otros, que por haber inventado la democracia se crean obligados a practicarla.

Y así va la nave económica. Quienes permitieron la desregulación de la economía, dictan ahora las normas. No para encarcelar a los administradores irresponsables, ni para disciplinar a los llamados mercados, sino para obtener ventaja. Bancos alemanes llevan semanas deshaciendo sus posiciones en Grecia y cuando han terminado, aprueban una quita. Bancos españoles que pasaban por allí pero no tenían mayor riesgo, reciben un castigo. ¿Libre mercado o ley de la selva?

INDEMNIZACIONES

Hace pocas semanas la prensa daba cuenta del malestar existente en la Junta de Accionistas de Inditex, una de las principales empresas españolas, por la concesión de un bonus de acciones al Consejero Delegado. Huelga decir que la Compañía citada tiene niveles de beneficios extraordinarios incluso en época de crisis y que los accionistas tienen sobrados motivos para la satisfacción. Como es una empresa totalmente privada, las relaciones entre el Consejo de Administración y la Asamblea accionarial se mueven en el ámbito del derecho privado.

Ahora se conocen los detalles de las indemnizaciones, muy elevadas, a los antiguos directivos de la desaparecida Novacaixagalicia así como de la CAM. Las cuantías, acordadas cuando ambas entidades naufragaban de una forma aún insuficientemente explicada, han provocado alarma social. Entidades que están siendo salvadas con capital público han otorgado generosas indemnizaciones, ajenas a resultados, a muchos directivos, algunos con meses de ejercicio. Es más, las retribuciones y los planes de pensiones fueron incrementadas en un 70% en el último año . Imposible no establecer relación causa-efecto.

Todo ccurre mientras millones de españoles han visto minorada su nómina para afrontar las consecuencias de una crisis provocada por el sector financiero y cuando los desempleados se cuentan por millones. Mientras unos pierden otros ganan a su costa, en medio de la impunidad. Hasta ahora. Las primeras reacciones afloran en forma de huida generalizada: Feijoo, el Banco de España, el Alcalde Negreira, el nuevo banco NCG, el Consejo de Administración de Novacaixagalicia... Parece que nadie sabía nada o mejor dicho, nadie quería saber nada. Ayer, manifestaciones públicas exigían responsabilidades.

Es más, la Obra social y cultural de las Cajas gallegas, principal destinataria de los beneficios, tiene los días contados, al menos en su forma actual. Empleados, actividades, beneficiarios, serán expuestos a las consecuencias de un proceso financiero desbocado, donde nadie responde pero cuyas consecuencias sobre el tejido asociativo, cultural y asistencial, serán inmediatas y duraderas.

La Justicia, antes o después, tendrá que afrontar lo que otros no quieren asumir. Debe existir una explicación racional sobre el desastre financiero que ha liquidado dos Cajas de Ahorro, sobre las indemnizaciones injustificadas y sobre las consecuencias que todo ello ha tenido sobre los intereses de sus clientes. Porque donde hay pérdidas notables, las ganancias exorbitantes de los administradores deben aclararse.

LISTAS

La crisis de legitimidad que acusan los partidos políticos en Europa occidental, derivada de su falta de democracia interna, está provocando reacciones variadas. En Francia se han convocado elecciones primarias abiertas a todos los ciudadanos para elegir al candidato que el Partido presentará a las elecciones presidenciales. Es el reconocimiento rotundo de la deslegitimación de la actual dirección del partido, fraccionada por intereses personales, que no políticos.

En España se vienen ensayando diversas fórmulas y en todas los intereses de la organización, terminan mediatizando los resultados. Si se hacen primarias se excluye a quienes gobiernan. Cuando se hacen formalmente, las presiones para evitar candidatos incómodos son conocidas, Tomás Gómez o Carme Chacón los últimos. Si gana el candidato alternativo, se procura debilitarlo cuando no eliminarlo, José Borrell, por ejemplo.

Se apela a asambleas locales de base cuyos resultados carecen de valor vinculante pero sirven de coartada para maquillar una decisión que se adopta en cónclave reducido. Todo para evitar la fórmula más sencilla, la democracia interna real, los órganos realmente colegiados, el juego de mayoría y minorías, la construcción de propuestas mediante el debate y el convencimiento.

La crisis es mayor en los partidos socialdemócratas por su propia condición. Se ha olvidado que socialdemócrata es la alternativa a socialcomunista y la diferencia está precisamente en el sufijo demócrata. Olvidarlo y refugiarse en loas al 15-M mientras se mantienen formas conspirativas, es autoengañarse. El electorado está de vuelta, y seguramente las personas afiliadas también.

PRIVILEGIOS

La prensa, ávida de asuntos morbosos, ha elevado a categoría política asuntos como los salarios de los cargos electos, sus presuntas prerrogativas, los coches oficiales, patrimonios, etc. Es cierto que los propios representantes políticos han utilizado como arma dialéctica esos asuntos, Núñez Feijoo el primero. Nada de eso eleva el nivel de la vida pública, al contrario, lo degrada. Sin perjuicio de que las conductas abusivas deban ser vigiladas y erradicadas.

Es comprensible que en momentos de ajustes económicos el coste de la política también sea revisado. Pero como se viene demostrando el coste no es exagerado, al menos en España. Los salarios de la mayoría de cargos electos y de todos los miembros de la Administración están publicados y pocos privilegios han podido demostrarse. El más notable, el uso de vehículo oficial con conductor, es ahora el campo de batalla. Más que en la política, se ha generalizado su uso en la Alta Administración como forma de salario indirecto.Es el caso de Galicia, donde los más de cincuenta Directores Generales deben desplazarse de su ciudad de residencia a Santiago a diario.El vehículo podría sustituirse por una indemnización, pero los salarios si son tabú. Añadase que la mitad de los Directores Generales tienen perfil técnico, la mayor parte son funcionarios y que su salario viene a superar en unos 200 euros al de sus inmediatos subordinados, los Subdirectores, con los que no comparten ni horarios, ni responsabilidad, ni exposición.

Algo similar ocurre en torno a los patrimonios. Como se ha demostrado en los casos ya publicados, poca información relevante aportan y ninguna sobre su origen o evolución. Es una foto fija de una situación que se corresponde con la de muchas personas del mismo nivel de ingresos.

Sin embargo hay menos debate sobre los problemas de fondo: los límites de la externalización del sector público, la necesidad de separar más la Administración de la política, la mayor profesionalización de los Ayuntamientos, etc. Conviene recordar que los asuntos juzgados en España por corrupción, que afectan a unos 800 cargos electos, provienen en su inmensa mayoría de decisiones urbanísticas locales y algunos de la contratación de bienes y servicios. Siempre es más fácil el ataque simplista al sector público, menor que en países de nuestro entorno, que abordar objetivos de eficiencia y transparencia.

PROBLEMAS

Un conocido historiador, Santos Juliá, publica hoy un artículo en el que explica que las clases trabajadoras han perdido poder frente a otros intereses: mercados, capital, clases acomodadas en definitiva. Así se entiende en su opinión el fracaso actual de la socialdemocracia. Sin negar la capacidad de coacción que éstas últimas han logrado en la globalización, y no es disculpa que se hubiese visto venir desde el principio del proceso, creo que hay razones más profundas, relacionadas con el modo adoptado por la socialdemocracia para hacer valer las necesidades de las clases trabajadoras, su verdadero bastión electoral.

Mientras la división social era nítida, la movilidad social mínima y los derechos escasos, el programa era sencillo: extensión de la igualdad de oportunidades, de las libertades y de los mecanismos de solidaridad. Cuando el Estado de Bienestar, genuina contribución socialdemócrata, ha alcanzado un grado extraordinario de desarrollo, las primeras turbulencias serias de la economía lo colocan ante su desarbolamiento rápido.

Pero hay más malestar de fondo. La meritocracia, consustancial al principio de igualdad de oportunidades ha tocado techo. Los títulos académicos, trabajosamente logrados por los hijos de los trabajadores, se devalúan, mientras se prestigian otras titulaciones restringidas, donde la puerta de acceso es casi siempre la capacidad económica. Hoy, por primera vez en la historia, miles de titulados procedentes de los sectores con menor poder adquisitivo engrosan las filas del paro y sobre todo las del subempleo. El fracaso ante el paro es absoluto y las sucesivas reformas laborales sólo han dejado un rastro de contratos temporales encadenados y de precariedad.

Lo mismo ha ocurrido en otros frentes. La socialdemocracia, incapaz de oponer una visión global al empuje de la economía financiera, ha claudicado país por país, aplicando las recetas que decretan los ultraliberales. No es extraño que perdamos elecciones.

Y sin embargo, como proclama Tony Judt en su alegato póstumo, la socialdemocracia sigue vigente en sus propuestas y sigue siendo necesaria. Sólo hace falta actuar sin perder de vista los valores tradicionales. La claudicación ante el discurso de la derecha sobre el déficit, es sonrojante. Cuando hasta los ultraliberales Estados Unidos defienden la introducción de incentivos para movilizar los recursos económicos, la derecha europea impone la contención del déficit como arma principal. Se olvida que Alemania financió con déficit, durante una década, el proceso de reunificación y sólo cuando finalizó, elevó a rango constitucional el control del déficit. Quizás en agosto la situación fuese insostenible pero hasta llegar a ese punto pasaron años.

Por eso es bueno recuperar, aunque moleste profundamente a la derecha, el impuesto sobre el patrimonio, que nunca debió de haberse derogado y al tiempo animar a nuestros ricos oficiales a que prosigan, cuando lo hacen, con su labor de mecenazgo en favor de Fundaciones y otras actividades de reversión a la sociedad. Y es bueno oponerse a las recetas simplonas de la derecha para contener el déficit: cierre de hospitales y servicios asistenciales, demonización de los profesores, persecución de los sindicatos, etc.

También es malo mantener formas caducas de control jerárquico que distancian no ya a los electores sino incluso a los afliados, como las listas electorales impuestas, las elecciones primarias falseadas o los procedimientos de aclamación. Recuperar terreno electoral exige modernizar las propuestas, los modelos y las formas. Lo único bueno de las crisis es que obliga a cuestionar todos los datos, también a preguntarnos por las razones de nuestro fracaso y en consecuencia, a revisar nuestros proyectos.