En España el Ministerio de Instrucción Pública fue creado en 1901 y cambió su nombre por el de Educación Nacional en 1938. La vigente Constitución utiliza la palabra educación únicamente, en el artículo 27. El Estatuto de Autonomía prefiere "ensino". Discusiones etimológicas al margen, el nombre generalizado internacionalmente es educación, para designar el proceso que incluye adquisición de conocimientos, destrezas y socialización, que se realiza a través de mecanismos formales como el sistema educativo, a través de la familia y también a través de otros mecanismos sociales: medios de comunicación, grupos sociales, etc.
Así que la señora Aguirre apunta en otra dirección: la minoración del papel de los organismos públicos en el sistema de enseñanza, brevemente, la mayor privatización.
Es sorprendente la obsesión educativa de la derecha española. No tienen reparos en asumirlo y en considerar campo de batalla ideológica todos los asuntos relacionados. Por eso durante 30 años se han opuesto a cualquier consenso sobre las normas, los objetivos, la estructura o la financiación de la enseñanza, llegando a desarrollar polémicas tan estériles como la referida a "Educación para la convivencia".
Lo que subyace a toda esta batalla, que se recrudecerá en los próximos meses, es la dualidad del sistema. Mientras la izquierda ha impuesto el modelo integrado, un tronco único de enseñanzas y diversificación en post-secundaria, la derecha desea una segregación temprana, como ocurría hasta 1985. Los argumentos en uno y otro sentido ocupan bibliotecas enteras. Pero detrás de los análisis meramente pedagógicos, se atisban los valores políticos: igualdad o desigualdad. Impulsar la primera o aceptar la segunda.
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