PRIVILEGIOS

La prensa, ávida de asuntos morbosos, ha elevado a categoría política asuntos como los salarios de los cargos electos, sus presuntas prerrogativas, los coches oficiales, patrimonios, etc. Es cierto que los propios representantes políticos han utilizado como arma dialéctica esos asuntos, Núñez Feijoo el primero. Nada de eso eleva el nivel de la vida pública, al contrario, lo degrada. Sin perjuicio de que las conductas abusivas deban ser vigiladas y erradicadas.

Es comprensible que en momentos de ajustes económicos el coste de la política también sea revisado. Pero como se viene demostrando el coste no es exagerado, al menos en España. Los salarios de la mayoría de cargos electos y de todos los miembros de la Administración están publicados y pocos privilegios han podido demostrarse. El más notable, el uso de vehículo oficial con conductor, es ahora el campo de batalla. Más que en la política, se ha generalizado su uso en la Alta Administración como forma de salario indirecto.Es el caso de Galicia, donde los más de cincuenta Directores Generales deben desplazarse de su ciudad de residencia a Santiago a diario.El vehículo podría sustituirse por una indemnización, pero los salarios si son tabú. Añadase que la mitad de los Directores Generales tienen perfil técnico, la mayor parte son funcionarios y que su salario viene a superar en unos 200 euros al de sus inmediatos subordinados, los Subdirectores, con los que no comparten ni horarios, ni responsabilidad, ni exposición.

Algo similar ocurre en torno a los patrimonios. Como se ha demostrado en los casos ya publicados, poca información relevante aportan y ninguna sobre su origen o evolución. Es una foto fija de una situación que se corresponde con la de muchas personas del mismo nivel de ingresos.

Sin embargo hay menos debate sobre los problemas de fondo: los límites de la externalización del sector público, la necesidad de separar más la Administración de la política, la mayor profesionalización de los Ayuntamientos, etc. Conviene recordar que los asuntos juzgados en España por corrupción, que afectan a unos 800 cargos electos, provienen en su inmensa mayoría de decisiones urbanísticas locales y algunos de la contratación de bienes y servicios. Siempre es más fácil el ataque simplista al sector público, menor que en países de nuestro entorno, que abordar objetivos de eficiencia y transparencia.