CAMPAÑAS, INTERESES Y MEDIOS

Pocas veces se ha visto en España una mayor implicación en las elecciones por parte de los medios de comunicación que en las actuales. Iniciada con el lanzamiento de dirigentes de nuevas formaciones que han gozado de amplísima cobertura durante muchos meses, se supone que gratis et amore. Descontado el patriotismo empresarial, cabe deducir que como inversión de futuro. Y ahora, en plena campaña electoral, con una abierta promoción que puede llegar al ridículo, como aquí.

Se decía, durante los últimos meses, que las empresas del IBEX-35 o determinado Banco, impulsaban a una de esas formaciones, algo que desmintieron los interesados. Lo cierto es que los intereses están a la vista. No fue así en el gran precedente de las campañas mediáticas, el acoso sistemático hacia el último Gobierno de Felipe González, donde los intereses fueron reconocidos mucho más tarde por sus protagonistas principales.

No es incomprensible. La decisión estratégica principal del Gobierno Rajoy fue la devaluación salarial y la alteración profunda del mercado de trabajo. Hoy los salarios inferiores al mínimo, son habituales, la precariedad y temporalidad máximas. Un cuarto de los trabajadores por cuenta ajena están en esa situación, extraordinariamente cómoda para las empresas. Y el Estado de Bienestar basado en derechos sociales iguales para todos, está siendo sustituido por el Estado asistencial, excluyente. Consecuencia, el deterioro de los servicios públicos, de los que deserta una fracción acomodada y cada vez más reacia a mantenerlos con sus impuestos. El compromiso socialista de revertir la situación transforma a su candidato en el objetivo a batir desde todos los frentes. Unos para impedirlo, otros para sustituirlo, aquellos para diluirlo. Y de eso van la campaña y los intereses en juego, de mantener el modelo actual o de sustituirlo por el único Gobierno con capacidad demostrada de hacerlo y de poner en pie de nuevo los valores de la igualdad.

No es un problema menor, que pronto producirá frustración, inflar expectativas desmesuradas sobre la reforma de la Constitución. La conveniencia u oportunidad de la misma no deben omitir la existencia de más discrepancias que puntos de encuentro, en especial sobre el principal problema, el encaje de Cataluña. La posición de los partidos secesionistas exigiría una reforma asimétrica, en perjuicio de la mayoría de las Comunidades Autónomas, algo improbable, de creer a sus respectivos Presidentes. Véase por ejemplo la posición de Núñez Feijóo o la de Susana Díaz.

De hecho se oculta cuidadosamente tanto la necesidad de la reforma como los cambios perseguidos. Reformar las instituciones, mejorar la coordinación entre Administraciones o cambiar la ley electoral, son decisiones parlamentarias que no exigen necesariamente cambiar la Carta Magna. Presentarlo de esta última forma, puede ser más sencillo en términos de comunicación a costa de introducir confusión. Las experiencias internacionales más recientes (Canadá, Nueva Zelanda) también aconsejan prudencia.

¿SEGUNDA TRANSICIÓN?

I

La Transición sigue produciendo un torrente de libros y de análisis y  está muy presente en el debate político y mediático.

Es evidentemente, el momento seminal de la actual sociedad española. Pero es también el parteaguas de la historia moderna. El momento en el que tras muchos intentos frustrados desde las Cortes de Cádiz, se consolida la democracia constitucional con los valores de la Revolución Francesa y se supera en muchos aspectos la división absoluta de las dos Españas.

Esos pocos años, entre la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la izquierda al poder en 1982, que simboliza el fin del tabú, son pródigos en acontecimientos. Se inician en un clima de incertidumbre política, de tensión social y de crisis económica. Finalizan con un marco jurídico y político homologables con nuestro entorno. Entre medias se desmonta el aparato estatal del franquismo, se promulgan dos amnistías, se recupera la autonomía territorial, regresan los exiliados y se consolidan las libertades fundamentales.

La oposición venía defendiendo desde muchos años atrás, la necesidad de superar las divisiones de la Guerra civil, de abandonar cualquier pretensión de exclusión derivada del pasado, abriendo un tiempo nuevo de diálogo. Las dos organizaciones que la aglutinaban, Plataforma y Junta Democrática, coincidían en las demandas esenciales para el nuevo régimen.

En el interior del franquismo las tensiones entre las distintas tendencias también eran conocidas. En un primer momento el grupo más inmovilista, presidido por Arias Navarro controla el gobierno pero fracasa en su mínimo intento de prolongar el andamiaje franquista sin el dictador. Las movilizaciones masivas, 18000 huelgas en el primer trimestre de 1976, marcan el inicio de un proceso creciente de demanda de libertades que llegará a su cenit en 1979 con 6 millones de huelguistas. En el verano de 1976, Juan Carlos con Adolfo Suárez y Fernández Miranda toman la iniciativa mediante una ley de Reforma política que supone la liquidación institucional del franquismo y la convocatoria de elecciones con partidos políticos. El referéndum posterior tiene respaldo masivo.

El proceso se inicia con ciertas condiciones. Se pretendía mantener ilegalizado al Partido Comunista y que las nuevas Cortes se limitasen a una reforma de las leyes fundamentales del Régimen anterior. Suárez asume las críticas de la oposición y acelera las actuaciones: liquidación de la organización sindical vertical, del Tribunal de Orden Público, del Movimiento como partido único.

La extrema derecha reacciona con los atentados de Atocha que unidos a los del GRAPO elevan la incertidumbre y la tensión social. Suárez legaliza al Partido Comunista lo que permite que las primeras elecciones de 1977 tengan el máximo pluralismo. Ya en la primera sesión todos los grupos de la oposición plantean los mismos objetivos, amnistía política, nueva Constitución, descentralización. Posteriormente el espíritu de consenso existente se trasladaría a los Pactos de la Moncloa para controlar la inflación vertiginosa y acometer distintas reformas económicas.

La transición fue pacífica hasta cierto punto. Se registraron 140 muertos en la transición por represión policial, 68 por terrorismo de extrema derecha y varios centenares a manos de ETA. Quizás fue en el País Vasco donde la transición fracasó pues allí se desarrolló la máxima polarización con presencia constante de la violencia y dificultades para cualquier consenso.

II

Desde el primer día, la producción editorial sobre la República, la Guerra Civil, la represión o el franquismo fue enorme. En forma de libros, revistas, congresos, documentales, películas, exposiciones o cursos, la investigación, el acceso documental, el contraste de ideas ha sido constante hasta hoy, desmintiendo una línea de opinión que habla de amnesia y olvido interesados como parte de un pacto entre élites para superar el franquismo. Basta releer los debates sobre la Lei de Amnistía, para descubrir que se actuó desde la memoria y el conocimiento profundo de lo que había ocurrido y no desde la amnesia.

Sin embargo en los últimos años y al hilo de la crisis económica y política tan profundas que hemos vivido, se ha desarrollado una línea de pensamiento que reclama una Segunda Transición para superar, se dice, los problemas que entonces no pudieron ser abordados. Al margen de formulaciones más o menos coyunturales y de carácter electoral o partidista, parece existir el convencimiento de que el actual marco jurídico-político ha llegado al límite de sus posibilidades. En esa línea de pensamiento se entiende que hay un déficit de calidad en las instituciones, con su correlato de corrupción.

Frente a esa idea cabe subrayar que, sin perjuicio de la capacidad que siempre existe para cambiar los marcos políticos en los que vivimos dentro del orden constitucional, la situación actual en nada se parece a la de 1975. Afortunadamente.

Tanto la Segunda República como la Transición se enfrentaron al mismo problema, el tránsito de una sociedad autoritaria a una democracia moderna. Cabe preguntarse por qué la Transición acierta donde la República falla. Probablemente influyen las condiciones objetivas, de desarrollo económico y social, más favorables, pero además en 1975 se tiene muy presente la historia para evitar errores, adoptando un ritmo contenido que permitiese aflorar acuerdos. A título de curiosidad cabe señalar que la creación del Senado, hoy tan denostado e inexistente en la República, obedece a ese objetivo de lograr serenidad en la tramitación legislativa.

Algunos problemas no se han resuelto o sólo de forma muy parcial. Así la llamada Memoria histórica, presente en muchos países, es un fenómeno reciente y con menos grado de consenso. Aunque se han reconocido numerosas pensiones o ayudas, todavía quedan exclusiones. En otro plano, algo tan simbólico como el Valle de los Caídos aun no ha sido revisado. Finalmente existe un debate jurídico pero también político sobre la aplicación de la doctrina internacional relativa a enjuiciamiento de crímenes, comisiones de la verdad, identificación de fosas de desaparecidos, etc

O SILENCIO ELOCUENTE DO PRESIDENTE

Hai uns dias o Presidente da Xunta participou na inauguración dun importante congreso da Confederación Española de Directivos. Está publicado o discurso que pronunciou diante dos principais executivos das grandes empresas. Primeiro suliñou o nomeamento de El-Rei como embaixador honorario do Camiño de Santiago. Logo enunciou alguns lugares comúns: o talento da xente, o fermoso país, faltou o marisco pero apuntou a cervexa. De pasada citou tres motivos para investir, pero non os explicou. A historia, un dubidoso motivo para calquera empresa, o capital humano, no que temos fortes competidores, e a internacionalización, suponse que de Inditex e Citroën.

Nengunha referencia concreta, nin rasgo destacable, nin elemento atractivo singular para captar o interese de tan selecto auditorio. Como si nada tivera que ofrecer. Nin falou de incentivos, nin de liñas de actuación, facilidades loxísticas ou de financiamento. Nada que fora realmente novidoso e atractivo. A audiencia, lóxicamente deulle un aplauso cortés e pasou a outra cousa.

Certamente non era doado explicar que en Galicia o gasto en innovación é mínimo, que a extensión da banda larga é das menores de España ou que as condicións para facer negocios son as peores de España. Nin era doado explicar que os novos empregos son de baixa cualificación, por horas ou días.

É difícil que logo das suas verbas algunha empresa decida investir en Galicia. Nos últimos anos a captación de capital extranxeiro é menos que simbólica. A venda de empresa R Cable a unha operadora vasca, logo de aportarlle 65 millóns de euros de fondos públicos, e a enésima perda de capital propio e unha boa metáfora do seu goberno. Un país en venda, en liquidación. Declive da poboación ocupada, da afiliación, dos salarios, da estabilidade laboral, da cobertura do desemprego.

É fermoso falar da nova economía, do valor engadido e do crecemento do PIB. Pero a realidade laboral do noso país vai a peor. En salarios, en estabilidade, en cualificación. Pode considerarse que saimos da crise con contratos de menos dunha semana, o 30%, ou de menos de tres meses, a metade? Que son empregos de teleoperadores, camareiros, repoñedores, dependentes de comercio.

Saimos da crise deixando fora as persoas desempregadas sen cobertura, máis da metade? Ou sustituindo salarios dignos por prestacións puntuais para paliar a pobreza?

É razoable que estemos poñendo en risco a Seguridade Social e o pago das pensións futuras con este modelo salarial? E razoable que mentras o goberno fai  guiños electorais, Bruxelas reclame un novo axuste de 9000 millóns de euros?

Comprendo que ós distinguidos directivos non lles podía contar esos datos.

EL MAL ARGUMENTO DE LA GUERRA

El terrorismo yihadista ha golpeado en París y, como ayer en Nueva York o en Madrid, la respuesta emocional ha sido inmediata. Despliegues policiales, ataques militares, mucho ruido mediático y poco análisis político. Atentados recientes igualmente mortíferos, en el Sinaí, en Ankara o en Beirut, no han provocado esa reacción apresurada de los gobiernos europeos. Hollande, como ayer Bush, ha desencadenado la respuesta de más alto nivel, la guerra.

Sin embargo el problema es muy complejo y difícilmente puede reducirse a un escenario de confrontación de ejércitos. Los atentados han sido ejecutados por jóvenes europeos, socializados en instituciones laicas y gozando de un nivel de bienestar que sus familias no conocieron jamás en los países de origen. Pero han sido captados y adoctrinados en el seno de la Unión Europea, en una visión fanática que asume el suicidio como martirio. La financiación y los adoctrinadores se mantienen en zona de sombra, aunque son conocidos suficientemente por los Gobiernos. De entrada parece que existen fallos clamorosos de inteligencia y de eficacia.

Ahora el enemigo es el ISIS como hace una década lo fue Al-Qaeda. Pero tras destruir tres países, Afganistán, Irak y Siria, el problema es hoy más grave que en 2001, como se comprueba en la multiplicación de incidentes en todos los continentes y la aparición de Estados fallidos como Libia, Somalia o el nuevo Irak por no hablar del Daesh, mal llamado Estado islámico.

La política de arrojar bombas mientras se evita la consolidación de países viables que afronten en origen sus propios problemas está creando un gigantesco éxodo migratorio hacia Europa, la quiebra de la solidaridad en la Unión Europea así como la llegada de más personas susceptibles de enrolarse en grupos fanatizados. Lo afirma la doctrina clásica pero se olvida con frecuencia: las armas no resuelven los problemas políticos. Y menos cuando el enemigo no está claramente definido, los objetivos son ambiguos y el terreno desconocido.

HUMILLACIÓN

Según documentos publicados, presuntamente unha muller pide un posto de traballo en Ourense a un alto cargo popular. É convocada a unha entrevista, non na oficiña de emprego, sinon na suite 505 dun hotel. Se lle informa por SMS que non necesita curriculum, nin identificación, só necesita decisión.

Doutro lado da porta non hai un tribunal,  so o herdeiro do cacique de Ourense, célebre en toda España, Baltar. Ambos responsables de contratar na Deputación masivamente a cargos do PP ou familiares en primeiro grao dos mesmos. Co pleno respaldo dos  gobernos de Fraga e de Feijóo.

A xustiza inhabilitou tardiamente a un deles. Unha lanzada a moro morto.

O interesado negase a dar explicacions sobre asuntos que chama privados. Co respaldo do Partido Popular  boicotea o control democrático na Deputación mentras divulga un escrito cheo de zafias descalificacións da oposición. E Feijóo recrease no peor estereotipo machista, responsabilizando á vitima de promover un delito, de incitar ó prohibido. O acosador exonerado e a vitima execrada. Quen debe facer cumprir a lei respalda ó acosador e maltrata á vitima.

Son presuntos feitos de violencia de xénero, de acoso sexual coa promesa de favores según a lei galega. Na suite 505, unha muller ten que entregarse como na época feudal, para ser bulrada, e ademáis maltratada públicamente. Cantas mulleres mais terán que pasar por esas horcas caudinas?

En Galicia hai cinco mil denuncias anuais por violencia de xénero e  mil duascentas mulleres necesitan protección. O Presidente galego dixo hoxe no Parlamento que non é o problema principal.

SOMBRAS NA TRANSPARENCIA

O próximo mes entra en vigor plenamente a Lei  do Estado, 9/2013, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno. Casi no límite, a Xunta ven de presentar a norma autonómica de desarrollo, que sustituirá á lei aprobada por unanimidade en Galicia no 2006, a primeira do Estado.

Dacordo cos datos de  Transparencia Internacional, Galicia foi retrocedendo postos, dende a primeira posición no ano 2010 ata a quinta no 2014. O Parlamento non ocupa unha boa posición, a decimoterceira. Só tres das grandes cidades galegas están por riba da media española como acontece con duas das catro Deputacións. En canto ós únicos organismos autónomos analizados, que son os entes xestores da política hidráulica, Augas de Galicia ocupa a penúltima posición. En resume, queda moito por facer en todolos planos das Administracións galegas.

A norma proposta polo goberno galego presenta algunhas eivas notables.  Por exemplo, os conflitos de intereses, entre o sector privado e o sector público.Temos evidencia recente de como funciona ese entramado de intereses no novo Hospital de Vigo. Logo de varios anos a Xunta ainda non foi capaz de ofrecer documentación solvente que avale a fórmula de xestión elexida.

Segundo exemplo, tamén sanitario. Está documentado como o conflito das vacinas deu lugar a un formidable negocio coa connivencia dalguns sectores profesionais. Si no Reino Unido se vacunaba o 2% dos menores contra unha das doenzas, e o 7% en Francia, en España foron vendidas doses para o 90%. As Administracións tardaron un ano en reaccionar de xeito coordenado diante dun claro sesgo de política de saúde inducido dende intereses comerciais.

Terceiro exemplo notable é a regulación do sector eléctrico. As cinco grandes compañías eléctricas españolas, con cifras de beneficios superior as suas homólogas europeas, marcan a axenda do Ministerio en asuntos como as enerxías renovables ou recentemente no Decreto de Autoconsumo, mesmo desprezando os informes da Comisión Nacional dos Mercados e da Competencia. Así o Goberno adopta solucións distintas ás que son impulsadas en países da nosa contorna, en beneficio exclusivo dos cinco operadores devanditos. A transparencia do sector é mínima e os intereses presentes en cada problema enerxético, raramente son explicitados.

O conflito de intereses tamén se produce no nivel dos funcionarios con capacidade de proposta ou que interveñen de xeito obrigado mediante informes nos procesos de adxudicación.  De novo o Hospital de Vigo ven de ofrecer unha mostra preocupante, onde o seguimento do contrato estaba adxudicado a unha persoa procedente da Admistración sanitaria e polo tanto con coñecemento profundo dos mecanismos reais de control dos servizos públicos e das concesións administrativas.

Un informe recente explicaba que o 55% dos abogados do Estado teñen dedicación parcial e un 40% están en excedencia. Non é comprensible que quen representa os intereses xerais, sexa captado polos intereses privados en conflito co Estado. Ten ocurrido, por exemplo no accidente do Prestige, que esta semana conmemoramos. 

Defendemos que a transparencia se extenda ás resolucións de autorización de compatibilidade que afecten tanto ós empregados públicos como os altos cargos logo do seu cese. Si se quere controlar unha práctica opaca utilizada como pago de favores, debe dificultarse o trasvase irrestricto, coloquialmente coñecido como “portas xiratorias”, establecendo limitacións tanto na saida como no reingreso.

O proxeto que hoxe debatimos exclúe da sua aplicación a entidades que este Grupo Parlamentario considera necesariamente suxeitas á transparencia, como as Administracións locais, as sociedades mercantís con participación do sector público superior a determiñada procentaxe e mesmo ás entidades privadas que perciban axudas por riba dun umbral e nas que as axudas representen unha fracción importante dos seus ingresos.

Tamén detectamos carencias no tratamento da contratación pública. Si asumimos que ten un efecto multiplicador no tecido económico, compre prestarlle máis atención e superar as disfuncións que os propios empresarios veñen denunciando. Así propoñemos publicar a informacion sobre cesión de contratos e sobre subcontratacións, e avaliar periódicamente a política de compra pública da Administración.

Ademáis, e recollendo a opinión de moitos expertos, propoñemos que todolos proxetos de investimento público superiores a cinco millóns de euros sexan obxeto previo dunha análise externa de coste-beneficio, algo que mellorará a eficiencia dos mesmos. E naturalmente que esas avaliacións sexan públicas. Tanto si son proxetos de execución directa ,concesional ou en rexime de colaboración público-privada. De novo, trátase de evitar que se repita o procedimento do novo Hospital de Vigo ou da Cidade da Cultura.

En materia de urbanismo propoñemos extender a información pública ás resolucións e informes da Xunta e tamén da Comisión Superior de Urbanismo e da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Porque é arredor do urbanismo onde se teñen producido os casos de corrupción de máis sona.

Ademáis propoñemos que se incorpore o concepto de “Pegada Lexislativa”, para coñecer en todo proxecto de lei os informes, asesoramentos, suxerencias de entidades alleas ó órgano promotor da iniciativa lexislativa e poder valorar os intereses afectados ou implicados. As normas ademáis de proceder da vontade libérrima do goberno, tamén respostan a demandas de grupos de interese. Esas demandas deben quedar explicitadas diante da opinión pública no trámite lexislativo.

Finalmente quería defender o principio da Regulación de Calidade, “better regulation”, tan ausente na producción lexislativa do goberno, e que debería de ser incorporado nesta norma. A frondosa producción lexislativa adolece dun elevado grao de improvisación como se demostra coas continuas modificacións de normas recentes. Inseguridade xurídica e exceso normativo contrarios a ese principio impulsado pola Unión Europea. Estou a falar dun tópico da Administración española que está lonxe de ser correxido e que mesmo dificulta o funcionamento das empresas no noso país, como teñen explicado distintos informes.

A DESUNIÓN DOS UNITARIOS

A DESUNIÓN DOS UNITARIOS

A defensa da integración, da lista unitaria, da voz única en Madrid é un clásico da vida política galega, o ave fénix que xorde das suas cinzas recurrentemente, goza de audiencia mediática e desaparece piadosamente derrotado ata ó episodio seguinte. Trátase dun nacionalismo blando, “á gauche”, con moitos nomes constantes, que se artella en plataformas e manifestos suficientemente vagos como para non suscitar críticas e tan ambiguos que no provocan entusiasmos.

Obviando as notables diferencias de cultura e de programa, pretendese unha mestura insípida. Teñen a mesma voz, visión e alianzas, nacionalistas clásicos e neocomunistas? Hai algunha visión compartida en política económica, social, cultural ou institucional?.

O resultado final nesta ocasión era tan previsible coma nas anteriores. Os unitarios rematan divididos en sendas coalicións, unha estrictamente nacionalista e outra mixta con varias organizacións descolgadas de ambas. É difícil que poidan escribir o futuro ou determiñar un goberno, estatal ou autonómico, sen antes definir propostas, disipar ambigüedades.

Os promotores, no seu enésimo fracaso, fican silenciosos, incapaces de aportar a luz necesaria a un debate recurrente. Antes calados para non ser excluidos da tribu que posicionados . Unha vez máis, a envoltura da forma, Galicia, para tapar o inexistente contido, qué Galicia.

Logo de catro décadas de democracia, con todo tipo de fórmulas de goberno e de representación, subsiste unha visión romántica da vida política, como espazo de unidade simbólica e non de confrontación de ideas e propostas, que defende un pacto previo que evite o debate en nome do pretendido interese superior do país. A mesma música de Cataluña. Na democracia os pactos deben de ser consecuencia do debate e confrontación de ideas, no substitutos dos conflitos sociais.