Pocas veces se ha visto
en España una mayor implicación en las elecciones por parte de los
medios de comunicación que en las actuales. Iniciada con el
lanzamiento de dirigentes de nuevas formaciones que han gozado de
amplísima cobertura durante muchos meses, se supone que gratis et
amore. Descontado el patriotismo empresarial, cabe deducir que como
inversión de futuro. Y ahora, en plena campaña electoral, con una
abierta promoción que puede llegar al ridículo, como aquí.
Se decía, durante los
últimos meses, que las empresas del IBEX-35 o determinado Banco,
impulsaban a una de esas formaciones, algo que desmintieron los
interesados. Lo cierto es que los intereses están a la vista. No
fue así en el gran precedente de las campañas mediáticas, el acoso
sistemático hacia el último Gobierno de Felipe González, donde los
intereses fueron reconocidos mucho más tarde por sus protagonistas principales.
No es incomprensible. La decisión estratégica principal del Gobierno Rajoy fue la devaluación salarial y la alteración profunda del mercado de trabajo. Hoy los salarios inferiores al mínimo, son habituales, la precariedad y temporalidad máximas. Un cuarto de los trabajadores por cuenta ajena están en esa situación, extraordinariamente cómoda para las empresas. Y el Estado de Bienestar basado en derechos sociales iguales para todos, está siendo sustituido por el Estado asistencial, excluyente. Consecuencia, el deterioro de los servicios públicos, de los que deserta una fracción acomodada y cada vez más reacia a mantenerlos con sus impuestos. El compromiso socialista de revertir la situación transforma a su candidato en el objetivo a batir desde todos los frentes. Unos para impedirlo, otros para sustituirlo, aquellos para diluirlo. Y de eso van la campaña y los intereses en juego, de mantener el modelo actual o de sustituirlo por el único Gobierno con capacidad demostrada de hacerlo y de poner en pie de nuevo los valores de la igualdad.
No es incomprensible. La decisión estratégica principal del Gobierno Rajoy fue la devaluación salarial y la alteración profunda del mercado de trabajo. Hoy los salarios inferiores al mínimo, son habituales, la precariedad y temporalidad máximas. Un cuarto de los trabajadores por cuenta ajena están en esa situación, extraordinariamente cómoda para las empresas. Y el Estado de Bienestar basado en derechos sociales iguales para todos, está siendo sustituido por el Estado asistencial, excluyente. Consecuencia, el deterioro de los servicios públicos, de los que deserta una fracción acomodada y cada vez más reacia a mantenerlos con sus impuestos. El compromiso socialista de revertir la situación transforma a su candidato en el objetivo a batir desde todos los frentes. Unos para impedirlo, otros para sustituirlo, aquellos para diluirlo. Y de eso van la campaña y los intereses en juego, de mantener el modelo actual o de sustituirlo por el único Gobierno con capacidad demostrada de hacerlo y de poner en pie de nuevo los valores de la igualdad.
No es un problema
menor, que pronto producirá frustración, inflar expectativas
desmesuradas sobre la reforma de la Constitución. La conveniencia u oportunidad de la misma no deben omitir la existencia de más discrepancias que puntos de encuentro, en especial sobre el principal problema, el encaje de Cataluña. La posición de los partidos secesionistas exigiría una reforma asimétrica, en perjuicio de la mayoría de las Comunidades
Autónomas, algo improbable, de creer a sus respectivos Presidentes.
Véase por ejemplo la posición de Núñez Feijóo o la de Susana Díaz.
De hecho se oculta
cuidadosamente tanto la necesidad de la reforma como los cambios
perseguidos. Reformar las instituciones, mejorar la coordinación
entre Administraciones o cambiar la ley electoral, son decisiones
parlamentarias que no exigen necesariamente cambiar la Carta Magna.
Presentarlo de esta última forma, puede ser más sencillo en términos de comunicación a costa de introducir confusión. Las experiencias internacionales más recientes (Canadá, Nueva Zelanda) también aconsejan prudencia.
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