VALEDOR

La dimisión del Valedor do Pobo, órgano estatutario nombrado por mayoría cualificada del Parlamento y dependiente de éste, tiene dos lecturas. La más elemental, mantuvo opinión propia en asuntos sometidos al debate político y no pudo soportar la pérdida de confianza consiguiente.

La lectura más interesante se refiere a la propia naturaleza de los órganos reguladores y similares, progresivamente más numerosos en las democracias occidentales, nombrados por la representación parlamentaria, pero sustraídos a su control. Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Seguridad Nuclear y sus correspondientes órganos autonómicos, Consello de Contas, Valedor do Pobo, Consello Consultivo, Consello da CRTVG. A éstos habría que añadir aquellos que son nombrados por el Ejecutivo pero que también están sustraídos a su control posterior: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión Nacional de la Energía, Comisión Nacional de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la Competencia, etc.

Esa tendencia, iniciada en Estados Unidos a finales del siglo XIX, se ha visto incrementada desde 1980 en todos los países de nuestro entorno. Lo que distingue a esos órganos tan diversos es que una vez nombrados, sus miembros son inamovibles y no obedecen otras directrices que las de la ley y sus normas específicas. Son órganos democráticos en su origen, pero en su funcionamiento no dependen de otras instancias de control. Por razones de complejidad técnica, de especialización o de eficacia, se han configurado como una Administración paralela.

Las encuestas de opinión valoran peor a los órganos elegidos directamente, como los Parlamentos, que a estos órganos especializados. Los encuestados muestran rechazo a los órganos puramente políticos porque los perciben como el lugar de las maniobras partidistas y los cálculos personales.

Una vez más, la legitimación de la confrontación de ideas, la esencia de la democracia, tiene que ser puesta en valor, depurándola de elementos secundarios y evitando la tentación de extender el marco de actuación hacia aquellos órganos independientes que se han revelado como eficaces y al mismo tiempo democráticos en su funcionamiento, normalmente evidenciado en sus dictámenes o informes.

Por eso conviene dar pasos hacia los mecanismos de identificación elector-elegido, como las listas electorales uninominales, la elección directa de determinadas magistraturas o la transparencia de la financiación de los partidos políticos.