Su actual Presidente, al parecer no ha impuesto nunca una sentencia. Su nombramiento solo puede explicarse desde una maniobra partidista para asegurarse un peón fiel. Cuando ahora se descubre el abuso que viene realizando en materia de viajes y atenciones protocolarias, no puede olvidarse que todo el Consejo adolece de lo mismo, según ha denunciado uno de sus miembros, testigo incómodo que revela las semanas de tres días y el abuso de los viajes con cargo al presupuesto público. Nadie parece inclinado a dimitir.
Pero el Consejo encuentra tiempo para proponer una reforma radical de la planta judicial, suprimiendo multitud de partidos judiciales y concentrando la justicia en las ciudades y grandes municipios. No se persiguen objetivos de racionalización, ni de eficacia, o al menos no se justifican en el documento, disponible en su web. La reforma no ha sido consultada con nadie: ni Comunidades Autónomas, ni Audiencias Provinciales, ni Colegios Profesionales.
Y sin embargo todos los profesionales recitan de memoria los cambios necesarios: mantener una justicia de proximidad para los litigios de menor cuantía que son la mayoría y traspasar los asuntos complejos a las jurisdicciones especializadas. En el momento actual, por ejemplo, la mayor parte del trabajo de la Fiscalía, está centrado en las denuncias por alcoholemia. Mientras un juzgado con pocos medios, como el de Corcubión, tramita una de las causas más voluminosas de la última década, el "Prestige", y así va.
El Consejo olvida, como la Xunta y Feijoo, que eliminar servicios públicos del ámbito rural, sólo acelerará el despoblamiento, sin garantizar mejores niveles de eficiencia.
Llevas razón, José Luis, cuando avanzas que los verdaderos problemas de aplicación práctica de la justicia los conocemos casi todos los profesionales. El problema fundamental es si hay una verdadera voluntad política dirigida a solucionarlos o sigue interesando una justicia poco dotada y manipulable. Está demostrado que las pérdidas económicas derivadas de una justicia lenta y poco dotada de medios justifican más que sobradamente la aplicación de una serie, por cierto bastante elemental, de medidas que agilizarían la respuesta judicial a los litigios. En el ámbito concursal, la lentitud tanto del proceso como de las reformas legislativas destinadas a agilizarlo, hace que una gran mayoría de empresas en concurso acaben en cierre. Poco hemos avanzado desde la antigua Ley de suspensión de pagos. En el ámbito penal ya se recogen formalmente en el código las dilaciones indebidas en un proceso (antes aceptado como atenuante analógica)y que se aplican en gran cantidad de sentencias ya que la excepción hoy en día es un proceso sin dilación; Y así se podría decir de casi todos los órdenes. De las medidas de agilización procesal propuestas por Gallardón, mejor no hablar. La mera reforma de las tasas procesales es un puro disparate que va a crear una intolerable desigualdad en el acceso a la justicia sobre la base de la capacidad económica del litigante. Quizá escuchar un poco más a los profesionales que día a día pisamos los juzgados no sería un mal comenzar ya que muchas de las medidas correctoras no son especialmente gravosas, aun cuando otras precisarían de una verdadera reforma previa de las administraciones públicas, algo en lo que dudo mucho que exista el valor político necesario para afrontarla. A este paso acabará siendo Bruselas quien nos acabe reformando lo que no queremos hacer nosotros: primero el sistema financiero y luego la administración pública.
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