I
La Transición sigue produciendo
un torrente de libros y de análisis y está muy presente en el
debate político y mediático.
Es
evidentemente, el momento seminal de la actual sociedad española.
Pero es también el parteaguas de la historia moderna. El momento en
el que tras muchos intentos frustrados desde las Cortes de Cádiz, se
consolida la democracia constitucional con los valores de la
Revolución Francesa y se supera en muchos aspectos la división
absoluta de las dos Españas.
Esos
pocos años, entre la muerte de Franco en 1975 y la llegada de la
izquierda al poder en 1982, que simboliza el fin del tabú, son
pródigos en acontecimientos. Se inician en un clima de incertidumbre
política, de tensión social y de crisis económica. Finalizan con
un marco jurídico y político homologables con nuestro entorno.
Entre medias se desmonta el aparato estatal del franquismo, se
promulgan dos amnistías, se recupera la autonomía territorial,
regresan los exiliados y se consolidan las libertades fundamentales.
La
oposición venía defendiendo desde muchos años atrás, la necesidad
de superar las divisiones de la Guerra civil, de abandonar cualquier
pretensión de exclusión derivada del pasado, abriendo un tiempo
nuevo de diálogo. Las dos organizaciones que la aglutinaban,
Plataforma y Junta Democrática, coincidían en las demandas
esenciales para el nuevo régimen.
En
el interior del franquismo las tensiones entre las distintas
tendencias también eran conocidas. En un primer momento el grupo más
inmovilista, presidido por Arias Navarro controla el gobierno pero
fracasa en su mínimo intento de prolongar el andamiaje franquista
sin el dictador. Las movilizaciones masivas, 18000 huelgas en el
primer trimestre de 1976, marcan el inicio de un proceso creciente de
demanda de libertades que llegará a su cenit en 1979 con 6 millones
de huelguistas. En el verano de 1976, Juan Carlos con Adolfo Suárez
y Fernández Miranda toman la iniciativa mediante una ley de Reforma
política que supone la liquidación institucional del franquismo y
la convocatoria de elecciones con partidos políticos. El referéndum
posterior tiene respaldo masivo.
El
proceso se inicia con ciertas condiciones. Se pretendía mantener
ilegalizado al Partido Comunista y que las nuevas Cortes se limitasen
a una reforma de las leyes fundamentales del Régimen anterior.
Suárez asume las críticas de la oposición y acelera las
actuaciones: liquidación de la organización sindical vertical, del
Tribunal de Orden Público, del Movimiento como partido único.
La
extrema derecha reacciona con los atentados de Atocha que unidos a
los del GRAPO elevan la incertidumbre y la tensión social. Suárez
legaliza al Partido Comunista lo que permite que las primeras
elecciones de 1977 tengan el máximo pluralismo. Ya en la primera
sesión todos los grupos de la oposición plantean los mismos
objetivos, amnistía política, nueva Constitución,
descentralización. Posteriormente el espíritu de consenso existente
se trasladaría a los Pactos de la Moncloa para controlar la
inflación vertiginosa y acometer distintas reformas económicas.
La
transición fue pacífica hasta cierto punto. Se registraron 140
muertos en la transición por represión policial, 68 por terrorismo
de extrema derecha y varios centenares a manos de ETA. Quizás fue en
el País Vasco donde la transición fracasó pues allí se desarrolló
la máxima polarización con presencia constante de la violencia y
dificultades para cualquier consenso.
II
Desde
el primer día, la producción editorial sobre la República, la
Guerra Civil, la represión o el franquismo fue enorme. En forma de
libros, revistas, congresos, documentales, películas, exposiciones o
cursos, la investigación, el acceso documental, el contraste de
ideas ha sido constante hasta hoy, desmintiendo una línea de opinión
que habla de amnesia y olvido interesados como parte de un pacto
entre élites para superar el franquismo. Basta releer los debates
sobre la Lei de Amnistía, para descubrir que se actuó desde la
memoria y el conocimiento profundo de lo que había ocurrido y no
desde la amnesia.
Sin
embargo en los últimos años y al hilo de la crisis económica y
política tan profundas que hemos vivido, se ha desarrollado una
línea de pensamiento que reclama una Segunda Transición para
superar, se dice, los problemas que entonces no pudieron ser
abordados. Al margen de formulaciones más o menos coyunturales y de
carácter electoral o partidista, parece existir el convencimiento de
que el actual marco jurídico-político ha llegado al límite de sus
posibilidades. En esa línea de pensamiento se entiende que hay un
déficit de calidad en las instituciones, con su correlato de
corrupción.
Frente
a esa idea cabe subrayar que, sin perjuicio de la capacidad que
siempre existe para cambiar los marcos políticos en los que vivimos
dentro del orden constitucional, la situación actual en nada se
parece a la de 1975. Afortunadamente.
Tanto
la Segunda República como la Transición se enfrentaron al mismo
problema, el tránsito de una sociedad autoritaria a una democracia
moderna. Cabe preguntarse por qué la Transición acierta donde la
República falla. Probablemente influyen las condiciones objetivas,
de desarrollo económico y social, más favorables, pero además en
1975 se tiene muy presente la historia para evitar errores, adoptando
un ritmo contenido que permitiese aflorar acuerdos. A título de
curiosidad cabe señalar que la creación del Senado, hoy tan
denostado e inexistente en la República, obedece a ese objetivo de
lograr serenidad en la tramitación legislativa.
Algunos problemas no se han resuelto o sólo de forma muy parcial.
Así la llamada Memoria histórica, presente en muchos países, es un
fenómeno reciente y con menos grado de consenso. Aunque se han
reconocido numerosas pensiones o ayudas, todavía quedan
exclusiones. En otro plano, algo tan simbólico como el Valle de los
Caídos aun no ha sido revisado. Finalmente existe un debate
jurídico pero también político sobre la aplicación de la doctrina
internacional relativa a enjuiciamiento de crímenes, comisiones de
la verdad, identificación de fosas de desaparecidos, etc
