La producción de
origen eólico, fotovoltaico, de biomasa, o geotermia, queda
estancada. La dependencia de los combustibles fósiles continuará.
Recordemos que el coste de las importaciones de petróleo y demás
combustibles, iguala los ingresos por turismo. Además, una industria
puntera en investigación se ve abocada a la deslocalización. Por
otra parte, los intereses del oligopolio de las grandes compañías
eléctricas han impedido el desarrollo de la tecnología del
autoconsumo, que permitiría a comunidades de vecinos, pequeñas
empresas o instalaciones agropecuarias, producir su propia energía y
verter el excedente a la red.
Para los consumidores
se plantea otro escenario, el incremento continuado de tarifas. La
Tarifa de Último Recurso, que abonan todos los consumidores con una
potencia contratada inferior a 10 kilovatios, bajará su umbral a 4 o
5 kilovatios, empujando a millones de hogares al mercado libre,
sensiblemente más caro. Sobre todo si los consumidores continuan
pagando, a través de su factura, conceptos que no tienen nada que
ver con el coste de la energía que consumen y que son fruto de
distintas decisiones políticas. Los llamados peajes representan la
mitad del precio final que pagamos a través del recibo de la luz. Y
todo ello sin considerar el llamado déficit de tarifa, una cantidad
desorbitada, 28000 millones de euros, fruto de la decisión política
de establecer precios diferentes de los que corresponderían y
mantenida a lo largo de los últimos 11 años por los sucesivos
gobiernos. Un problema cuya solución es exclusivamente política y
que debería abordarse a través de los Presupuestos del Estado y no
a través del recibo de los consumidores.
Galicia era una
Comunidad puntera en el desarrollo de la energía eólica. Núñez
Feijoo, queriendo dejar su impronta, anuló el concurso para
adjudicar 2300 nuevos megavatios, convocado por el gobierno Touriño.
Tras varios años perdidos, el nuevo concurso, que debería impulsar
además un proyecto de industrialización cifrado en 13000 nuevos
empleos y 6000 millones de inversión, es hoy el paradigma del
fracaso conservador. Ni un nuevo empleo, ni un euro invertido, ni un
megavatio en funcionamiento. Y paralelamente las empresas
tecnológicas, fabricantes de componentes y con gran capacidad
exportadora, están cerrando sus puertas: Gamesa, Emesa, Alstom,
entre otras.
De forma sorprendente,
disponer de un recurso natural en abundancia y transformarlo en
riqueza, no genera grandes beneficios en Galicia. Siendo exportadora
neta de energía, merced a las energías renovables, no se beneficia
ni de tarifas diferenciales ni de retornos industriales. Es más, un
proceso de concentración empresarial ha externalizado los beneficios
e incluso el empleo como recordaban recientemente los trabajadores de
las compañías de atención al usuario, también abocadas a la
deslocalización. El Gobierno Feijoo no ha conseguido hacer valer ese
recurso ante la política del Ministerio de Industria. El último
episodio, la necesidad de una tarifa diferencial para grandes
consumidores, progresiva, en lugar de la actual, que opera a partir
de un umbral, está provocando movilizaciones en Megasa, ante el
silencio de la Xunta y del Ministerio.
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