El
Consejo de Ministros ha aprobado un informe elaborado por la
Vicepresidencia del Gobierno con la cooperación de los diferentes
Ministerios. Sumando cantidades disjuntas han concluido que se pueden
ahorrar 37000 millones de euros con diferentes medidas
administrativas, organizativas y de racionalización. El documento
puede consultarse en Internet y aporta desiguales contribuciones,
algunas relevantes y otras anecdóticas. Las aportaciones de algunas
áreas de la Administración, como Cultura, son inanes. Otras,
afortunadamente, aportan reflexiones de mayor interés.
El
documento reconoce algunos hechos relevantes. Así, que en 2012,
España se sitúa entre los 10 países de la UE con menor gasto
público en porcentaje de PIB (43,4%), frente a un 49,9% de media en
la eurozona, y a bastante distancia de los niveles de las grandes
economías de la UE, como Francia (56,6%), Alemania (45%), Reino
Unido (48,5%) o Italia (50,7%).
Por
otra parte, desde el tercer trimestre de 2011 hasta el primer
trimestre de 2013, se ha producido una reducción del empleo público
en 374.800 trabajadores. En este periodo, el empleo público ha caído
un 11,6% frente al 7,7% en que ha disminuido la ocupación en el
sector privado. Es decir, que la crisis ha permitido al gobierno
reducir el sector de servicios públicos de forma ostensible.
En
consecuencia, analizando el nivel de ingresos y gastos públicos de
nuestro país, se puede concluir que el sector público español es
relativamente reducido en comparación con nuestros socios de la
Unión Europea. Si atendemos a la estructura del gasto, desde el
punto de vista funcional, con datos extraídos de los Presupuestos de
las AA.PP. para el ejercicio 2012, el gasto social y en servicios
públicos básicos representó el 65,92% del gasto público y cerca
del 30% del PIB, sin contar los intereses de la Deuda. Y en cuanto al
personal, en la AGE y las CC.AA. sólo el 25% de los empleados
públicos se encuentran en las estructuras puramente administrativas,
estando el resto dedicados a servicios de sanidad, educación,
seguridad, defensa o justicia.
Respecto
a su distribución territorial, casi la mitad del gasto público está
gestionado por las CC.AA. y las EE. LL. Según los últimos datos
disponibles de la OCDE, comparables con los de otros países de
estructura descentralizada, la estructura de gastos en 2011 fue la
siguiente: Gobierno central: 21,6%; Gobierno regional: 34,3%;
Gobierno local: 12,3%; y Seguridad Social: 31,9%.
El
informe plantea, que por parte de órganos estatales, se asuman
funciones realizadas por órganos autonómicos. Este es el caso de
las competencias atribuidas a los Tribunales de Cuentas, Agencias de
Protección de Datos, Juntas Consultivas de Contratación
Administrativa, Tribunales Administrativos de Recursos Contractuales,
agencias de evaluación del ámbito universitario, agencias
autonómicas de la energía, agencias de meteorología, órganos de
inspección de aeropuertos, institutos de opinión, institutos o
servicios cartográfi cos, órganos de defensa de la competencia,
entre otros. Asimismo, otras medidas pretenden mejorar la eficacia y
eficiencia mediante la compartición de medios entre las distintas
Administraciones, que van desde las oficinas en el exterior hasta la
conservación de carreteras, las plataformas de formación de
empleados públicos o de gestión de centros educativos.
De
esa forma, aparentemente burocrática, se plantea un objetivo
político, la reducción de funciones y competencias de las
Comunidades Autónomas. El informe no dedica ni un comentario a la
estructura organizativa de la Alta Administración del Estado, ni a
las Subdelegaciones del gobierno y otras estructuras perfectamente
superfluas, pero si entra en el detalle de algunas funciones
autonómicas, dificilmente modificables sin cambios legales
profundos.
De
hecho la mayor parte del informe, y la más interesante, está
dedicada al análisis de medidas administrativas de mejora de la
eficiencia, también sin coste estimado, pero donde la iniciativa
corresponde exclusivamente a la voluntad de los dirigentes
ministeriales. Y no sería objetivo menor lograr una Administración
más eficiente. Del resto, queda la propaganda y previsiblemente un
fracaso tan notable como el de la reforma local.
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