A punto de concluir sus
trabajos, la Comisión creada en el Parlamento de Galicia ha
dialogado con un amplio panel de expertos, entre ellos miembros del
Poder Judicial, de organismos de control y de Transparencia
Internacional.
Las opiniones convergen
en algunos puntos. Así, en la necesidad de ordenar las instituciones
locales, donde se han producido el mayor número de casos de
corrupción, especialmente ligados a la política urbanística. Se ha
censurado la excesiva discrecionalidad de las Alcaldías en la toma
de decisiones que afectan a intereses económicos relevantes y donde
las presiones son inevitables. Por ejemplo, la firma de convenios
urbanísticos se ha revelado como un ámbito de difícil control. Por
otra parte no existen mecanismos de contrapeso administrativo, como
funcionarios de carrera con poderes reforzados que puedan impedir, al
menos cautelarmente, las actuaciones irregulares.
En materia de
contratación pública también se ha censurado la opacidad de muchos
procedimientos abogándose por una mayor transparencia. El abuso de
la contratación negociada y del fraccionamiento de los contratos ha
sido denunciado. Por otra parte las concesiones administrativas y los
contratos de partenariado público-privado se realizan con frecuencia
omitiendo análisis de coste-beneficio, lo que redunda en
ineficiencias. También, por su volumen económico, son áreas de
riesgo conocidas. En Galicia, contratos como el de construcción y
gestión del nuevo Hospital de Vigo, vienen provocando un fuerte
debate político, por el incremento de costes que representan, el
aplazamiento de la deuda a generaciones futuras y la insolvencia de
los contratistas que ha derivado en la suspensión de las obras.
Y finalmente la
financiación de partidos y campañas electorales es otro de los
ámbitos donde se detecta corrupción en forma de donaciones ilegales
o de contabilidades opacas como ha puesto de manifiesto el asunto
Bárcenas.
Para todos los casos
los expertos han incidido en la necesidad de incrementar la
transparencia, profesionalizar más la Administración, reducir la
discrecionalidad de los gobernantes y promover una cultura ciudadana
frente a la corrupción. Aunque se ha discutido la necesidad de crear
órganos específicos de vigilancia de la corrupción, los expertos
no han sido unánimes en su defensa y la experiencia comparada
tampoco es concluyente.
Los índices de
transparencia conocidos, ratifican los datos intuitivos. Así, la
Comunidad Autónoma de Galicia, que encabezó el ranking nacional
durante el gobierno Touriño, se ha visto superada ya por otras
Comunidades. La Diputación de Ourense aparece entre las menos
transparentes de España, lo que ratifica las innumerables denuncias
sobre su gestión clientelar. Los grandes municipios se encuentran en
posiciones razonables.
El Gobierno de Núñez
Feijoo se ha negado a comparecer ante la Comisión, privando a ésta
de cualquier reflexión sobre los casos de corrupción conocidos en
Galicia así como de las estrategias del Ejecutivo para reducirlos.
Es evidente el embarazo de la Xunta cuando afloran datos de
financiación irregular de su Partido y de amistades peligrosas de su
Presidente. Unos y otras sin explicación rigurosa a día de hoy.
Aunque se detecta un
cambio de actitud ante la corrupción, las posibilidades de cambios
profundos en las instituciones para prevenir y alejar de la vida
pública a las personas implicadas, serán testadas el próximo mes
de setiembre, cuando las Cortes debatan la futura Ley de
Transparencia y cuando el Parlamento de Galicia discuta las
conclusiones de la mencionada Comisión. Será el momento de
comprobar si las declaraciones altisonantes se transforman en
acciones contundentes en defensa de la honestidad y rigor de los
servidores públicos y de la mejor administración de los intereses
de los ciudadanos. Mientras, la opinión de éstos en las encuestas
de opinión, es sencillamente demoledora para la vida política.
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