Os gobernos definense polas suas actuacións. Facta, non verba, pedían os clásicos.Logo de catro anos os feitos son evidentes, amosando que Feijoo non está actuando contra a crise. Vexamos o comportamento de dous instrumentos básicos: o orzamento e a contratación pública.
No ano 2012, a Xunta deixou sen executar perto de mil millóns de euros (967m€), de un total de 10357 m€ dispoñibles. Non por aforros no capítulo de persoal, executado nun 99´5%, nin no caítulo de gastos da Administración, executado nun 98%. Os gastos non executados corresponden a transferencias, 143m€, coas que se financian programas sociais, 146 m€ de investimentos e 536m€ de transferencias de capital. Os organismos que menos executan son precisamente os que teñen a misión de investir: Economía e Industria, 50%, Medio ambiente, 76% e Medio Rural, 65% nos gastos de capital.
Analisando os programas de gasto, atopamos que non se executa un tercio do gasto en I+D, dous terzos das axudas ás empresas (IGAPE), a metade en comercio, un tercio en emprego e o 30% en turismo. Sendo os traballadores públicos, os mesmos que hai un lustro, cando o grao de execución era o máis elevado, e tendo cambiado só os directivos, compre deducir a ineficiencia deles. Pero cifras tan importantes non poden ter como causa a desidia ou impericia dos altos cargos, que existe.É evidente que, ademáis, existe unha instrucción de non actuar.
Ademáis, cando os organismos investidores non actúan, outros organismos realizan un gasto non productivo notable. AMTEGA e CIXTEC, dous organismos autónomos, gastaron 35 m€ no ano 2012 e 26 no que vai de ano, en equipamentos e programas para a propia Administración, sen producir mellora nos servizos públicos ou nos sectores productivos. Mentras a patronal denuncia que no ano 2012 a Xunta só licitou 85 m€ en obra pública (repito, sobre 10357 m€ dispoñibles).
Canto á contratación pública, a Xunta está vetando ás empresas galegas nos principais concursos. Así o SERGAS redactou pregos de condicións que deron a unha empresa de Madrid a totalidade do suministro de vestiario e lencería. En Ferrol un prego á medida de grandes empresas, por importe de 18m€ deixou fora de novo ás empresas locais, neste caso no Hospital. En Ourense estase licitando outro concurso, de 150 millóns de euros, á medida de empresas de fora, ás que ademáis se lles pide unha contribución de 14 millóns de euros ás obras do Hospital. O Hospital de Vigo está paralisado,, como o concurso eólico.
En relación con este último, as grandes empresas concesionarias de parques eólicos ou explotadoras dos recursos enerxéticos, como Gas Natural Fenosa e Acciona, están pechando os seus centros de servizos e asistencia en Galicia. Isolux-Corsan, pechou Emesa e agora T-Solar, sendo un dos principais contratistas de obra pública. A Xunta non está esixindo retornos industriais e de emprego para esos concesionarios dos recursos endóxenos.
Logo si Feijoo non actua co orzamento, nin coa contratación, nin coas concesións administrativas para loitar contra a crise, qué fai? Desperdiciar mil millóns de euros anuais e abrir debate para rebaixar nun millón o custo do Parlamento?
Non é serio. Como non é serio que logo dun ano non haxa noticia algunha do tax-lease, nin dos contratos con PEMEX, nin do dique flotante. Nin que estén pechando empresas industriais (Gamesa, Alstom, etc) polo fracaso dos plans da Xunta.
jueves, 23 de mayo de 2013
sábado, 18 de mayo de 2013
REFORMAS EDUCATIVAS
El Gobierno Rajoy no iba a ser menos que los anteriores gobiernos españoles y ya tiene su ley educativa, nada innovadora, regresiva y provocadora de problemas. Es fácil prever que durará lo mismo que dure la mayoría conservadora.
Es más difícil comprender las razones que dificultan la ausencia de un modelo educativo mínimamente consensuado después de 35 años de democracia y numerosas reformas. Aunque los indicadores no se discuten (alto fracaso, baja excelencia, abandono prematuro, déficits en idiomas y matemáticas, etc) la importancia de cada uno de ellos y las estrategias para abordarlos, son objeto de un debate incesante y muy polarizado ideológicamente. Las absurdas batallas sobre la Educación para la Convivencia, encubren en realidad el debate sobre la religión en las escuelas y ésta nos remite al peso de la Iglesia Católica como titular de un elevado número de centros concertados ubicados principalmente en las zonas urbanas. Por eso la cuestión de fondo es la influencia de ese grupo de presión en la política educativa. Con Rajoy ya sabemos que es mucha y determinante. Pero no necesariamente eficaz.
El discurso recurrente de la izquierda, en los últimos años, ha sido la defensa de la enseñanza pública y con más o menos énfasis, el desdén hacia la enseñanza privada o concertada. A pesar de que la izquierda ha gobernado sin excepción en todas las Comunidades Autónomas, a menudo durante muchos años y lo ha hecho en el gobierno de España durante dos tercios de la vida democrática, no ha producido ningun cambio en el régimen, titularidad o distribución de los centros educativos privados. ¿Por qué tanta distancia entre el discurso y la práctica?
Fue Felipe González, el gobernante socialista cuyo éxito e importancia nadie discute en la izquierda, quien reguló el actual sistema de centros escolares en España. El ministro ejecutor, José María Maravall, publicó un libro en 1984 ("La reforma de la enseñanza", Laia) donde explicaba las razones de la política de conciertos. No fueron como ahora se dice con mala conciencia, sólo por la ausencia de centros públicos, sino fruto del pacto constitucional, cuyo artículo 27 expresamente reconoce " el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones", "la libertad de creación de centros docentes" y que los poderes públicos "ayudarán a los centros docentes que reunan los requisitos que la ley establezca".
Ese artículo resume el problema histórico de España y su alejamiento de otros países. El fracaso del Estado liberal,en 1812, 1830, 1868, a manos de la sociedad estamental, no permite crear el servicio público educativo que por esas fechas inician otros países. La Iglesia se hace con el cuasi monopolio de la educación, y bajo el franquismo, con el control del Ministerio. Así el analfabetismo será endémico en España hasta bien entrada la década de los 70 del siglo pasado por la debilidad del Estado frente a esos intereses conservadores. En palabras de Maravall "el largo ejercicio del poder por los conservadores produjo un sistema escolar al que muchos ni siquiera tenían acceso y del que la inmensa mayoría era expulsada tempranamente". Por eso la Segunda República inicia un formidable plan de creación de escuelas y numerosas reformas organizativas y académicas, con Marcelino Domingo (Izquierda Republicana) y Fernando de los Ríos (PSOE) como ministros durante el primer bienio.
Sólo a partir de 1970 el Estado franquista, bajo la influencia de los tecnócratas y del Banco Mundial, aborda la extensión de la educación, invirtiendo el peso del Estado en la enseñanza. La Iglesia reacciona a la pérdida de peso consiguiendo un régimen de subvenciones sin contrapartidas, vigente hasta que el primer gobierno de Felipe González, implanta el régimen de conciertos en el que:
a) se crea una red mixta
b) las condiciones de funcionamiento de los centros privados se homologan a las de los centros públicos
c) se eliminan las discriminaciones en el acceso a cualquier centro financiado con centros públicos
Además el Partido Socialista rechazó cualquier forma de cheque escolar para evitar financiar la desigualdad en la oferta, introdujo la participación de las familias, reformó la enseñanza del profesorado y abordó un ambicioso programa de construcción de nuevos centros escolares y de extensión de la escolarización. Un programa fuertemente ideológico pero también prudente para desarrollar la Constitución. Trece años de masivo respaldo electoral fueron la consecuencia.
Hoy, frente a la ofensiva del PP con la LOMCE, el argumentario es conocido pero la falta de alternativas destaca. Faltan respuestas viables técnica y financieramente, integradoras socialmente y que tiendan a objetivos ambiciosos para los ciudadanos y para el país. La política educativa no es la suma de objetivos menores sino la definición de la ambición de una sociedad, de los valores y capacidades de sus ciudadanos.
Reducirla como hacen el Ministro Wert o el Presidente Feijoo a problemas de gestión, es un desprecio a la inteligencia y la renuncia al futuro del país. Es necesario elevar el nivel del debate y buscar la complicidad social en la alternativa.
Dejamos para otra entrada la política deseable con respecto a la enseñanza pública ,los criterios de la necesaria revisión del régimen de conciertos y la mejora de la calidad.
Es más difícil comprender las razones que dificultan la ausencia de un modelo educativo mínimamente consensuado después de 35 años de democracia y numerosas reformas. Aunque los indicadores no se discuten (alto fracaso, baja excelencia, abandono prematuro, déficits en idiomas y matemáticas, etc) la importancia de cada uno de ellos y las estrategias para abordarlos, son objeto de un debate incesante y muy polarizado ideológicamente. Las absurdas batallas sobre la Educación para la Convivencia, encubren en realidad el debate sobre la religión en las escuelas y ésta nos remite al peso de la Iglesia Católica como titular de un elevado número de centros concertados ubicados principalmente en las zonas urbanas. Por eso la cuestión de fondo es la influencia de ese grupo de presión en la política educativa. Con Rajoy ya sabemos que es mucha y determinante. Pero no necesariamente eficaz.
El discurso recurrente de la izquierda, en los últimos años, ha sido la defensa de la enseñanza pública y con más o menos énfasis, el desdén hacia la enseñanza privada o concertada. A pesar de que la izquierda ha gobernado sin excepción en todas las Comunidades Autónomas, a menudo durante muchos años y lo ha hecho en el gobierno de España durante dos tercios de la vida democrática, no ha producido ningun cambio en el régimen, titularidad o distribución de los centros educativos privados. ¿Por qué tanta distancia entre el discurso y la práctica?
Fue Felipe González, el gobernante socialista cuyo éxito e importancia nadie discute en la izquierda, quien reguló el actual sistema de centros escolares en España. El ministro ejecutor, José María Maravall, publicó un libro en 1984 ("La reforma de la enseñanza", Laia) donde explicaba las razones de la política de conciertos. No fueron como ahora se dice con mala conciencia, sólo por la ausencia de centros públicos, sino fruto del pacto constitucional, cuyo artículo 27 expresamente reconoce " el derecho de los padres para que sus hijos reciban formación religiosa o moral de acuerdo con sus propias convicciones", "la libertad de creación de centros docentes" y que los poderes públicos "ayudarán a los centros docentes que reunan los requisitos que la ley establezca".
Ese artículo resume el problema histórico de España y su alejamiento de otros países. El fracaso del Estado liberal,en 1812, 1830, 1868, a manos de la sociedad estamental, no permite crear el servicio público educativo que por esas fechas inician otros países. La Iglesia se hace con el cuasi monopolio de la educación, y bajo el franquismo, con el control del Ministerio. Así el analfabetismo será endémico en España hasta bien entrada la década de los 70 del siglo pasado por la debilidad del Estado frente a esos intereses conservadores. En palabras de Maravall "el largo ejercicio del poder por los conservadores produjo un sistema escolar al que muchos ni siquiera tenían acceso y del que la inmensa mayoría era expulsada tempranamente". Por eso la Segunda República inicia un formidable plan de creación de escuelas y numerosas reformas organizativas y académicas, con Marcelino Domingo (Izquierda Republicana) y Fernando de los Ríos (PSOE) como ministros durante el primer bienio.
Sólo a partir de 1970 el Estado franquista, bajo la influencia de los tecnócratas y del Banco Mundial, aborda la extensión de la educación, invirtiendo el peso del Estado en la enseñanza. La Iglesia reacciona a la pérdida de peso consiguiendo un régimen de subvenciones sin contrapartidas, vigente hasta que el primer gobierno de Felipe González, implanta el régimen de conciertos en el que:
a) se crea una red mixta
b) las condiciones de funcionamiento de los centros privados se homologan a las de los centros públicos
c) se eliminan las discriminaciones en el acceso a cualquier centro financiado con centros públicos
Además el Partido Socialista rechazó cualquier forma de cheque escolar para evitar financiar la desigualdad en la oferta, introdujo la participación de las familias, reformó la enseñanza del profesorado y abordó un ambicioso programa de construcción de nuevos centros escolares y de extensión de la escolarización. Un programa fuertemente ideológico pero también prudente para desarrollar la Constitución. Trece años de masivo respaldo electoral fueron la consecuencia.
Hoy, frente a la ofensiva del PP con la LOMCE, el argumentario es conocido pero la falta de alternativas destaca. Faltan respuestas viables técnica y financieramente, integradoras socialmente y que tiendan a objetivos ambiciosos para los ciudadanos y para el país. La política educativa no es la suma de objetivos menores sino la definición de la ambición de una sociedad, de los valores y capacidades de sus ciudadanos.
Reducirla como hacen el Ministro Wert o el Presidente Feijoo a problemas de gestión, es un desprecio a la inteligencia y la renuncia al futuro del país. Es necesario elevar el nivel del debate y buscar la complicidad social en la alternativa.
Dejamos para otra entrada la política deseable con respecto a la enseñanza pública ,los criterios de la necesaria revisión del régimen de conciertos y la mejora de la calidad.
jueves, 16 de mayo de 2013
FAHRENHEIT 451
Lembremos a novela de Bradbury ou a película de Truffaut. O poder queima os libros porque fan infelices ás persoas: len, logo pensan, logo sufren. Pero si se quentan a 451 graos Fahrenheit ou a 233 graos celsius, arden, desaparecen.
Onte Núñez Feijoo explicou que os documentos, contratos, expedentes, acreditativos das relacións da Xunta coas empresas do seu amigo narcotraficante, Marcial Dorado, xa non existen. Non o dixo no debate de hai un mes, cando prometeu entregar a documentación, nin o dixo cando entregaron unha táboa de referencias, sen firma nin acreditación. Agora sabemos que durante ese mes, desapareceu documentación. Como nun Estado autoritario, o poder decide o que poden coñecer os cidadáns. Con desprezo á norma legal, lei 8/1995 do Patrimonio de Galicia, que impide a destrucción documental e que non foi desarrollada. Con desprezo ó Regulamento do Parlamento que dispon o dereito a coñecer os expedentes administrativos, con desprezo á transparencia que debería facilitar a calquera cidadán coñecer o destiño dos seus impostos.
Así, facendo bó o vello dicterio, o poder corrompe. En primeiro lugar corrompe as formas, cando un sistema democrático é sobre todo un estado de opinión, un conxunto de prácticas e actitudes. O pensamento conservador, español e galego, queren impoñer, coa forza da maioría, o pensamento único, no ensino, nas condutas (inefable documental sobre o decoro na muller), nos medios. Non resulta extraño que agrome a protesta social en todalas suas formas. Compre resistir.
Onte Núñez Feijoo explicou que os documentos, contratos, expedentes, acreditativos das relacións da Xunta coas empresas do seu amigo narcotraficante, Marcial Dorado, xa non existen. Non o dixo no debate de hai un mes, cando prometeu entregar a documentación, nin o dixo cando entregaron unha táboa de referencias, sen firma nin acreditación. Agora sabemos que durante ese mes, desapareceu documentación. Como nun Estado autoritario, o poder decide o que poden coñecer os cidadáns. Con desprezo á norma legal, lei 8/1995 do Patrimonio de Galicia, que impide a destrucción documental e que non foi desarrollada. Con desprezo ó Regulamento do Parlamento que dispon o dereito a coñecer os expedentes administrativos, con desprezo á transparencia que debería facilitar a calquera cidadán coñecer o destiño dos seus impostos.
Así, facendo bó o vello dicterio, o poder corrompe. En primeiro lugar corrompe as formas, cando un sistema democrático é sobre todo un estado de opinión, un conxunto de prácticas e actitudes. O pensamento conservador, español e galego, queren impoñer, coa forza da maioría, o pensamento único, no ensino, nas condutas (inefable documental sobre o decoro na muller), nos medios. Non resulta extraño que agrome a protesta social en todalas suas formas. Compre resistir.
martes, 14 de mayo de 2013
DESLOCALIZANDO
A empresa coruñesa
TELEPERFOMANCE, de telemarketing, xestiona o servizo de atención a
clientes da Tarifa de Último Recurso (TUR), o servizo de averías e
as redes de distribución, para a empresa Unión Fenosa Comercial,
filial de Gas Natural Fenosa. Ésta última ven de anunciar o peche
da filial e o traslado da actividade a Cataluña. As consecuencias
serían os despedimentos dun elevado número de traballadores da
empresa coruñesa, ata 105, que no curso das negociacións co Comité
de Empresa foron reducidos a 43. Os traballadores recibirán unha
indemnización moi baixa, de oito días por ano, dacordo co convenio
de empresa.
A empresa Gas
Natural Fenosa ocupa unha posición sobranceira no tecido económico
galego. Como titular dalgunhas das grandes explotacións
hidroeléctricas e dunha elevada porcentaxe da potencia adxudicada no
último concurso eólico, 335 megavatios. Ademáis xestiona o
suministro eléctrico ou gasístico de gran parte dos fogares e das
empresas galegas.
Compre lembrar que
Galicia exporta enerxía sen recibir beneficios directos, nin nas
tarifas dos consumidores nin no retorno industrial. O inminente
marco lexislativo anovado que impulsa o Goberno central, reducirá
drásticamente o número de fogares con acceso á TUR, que serán
trasladados ó mercado libre, máis caro. Novamente sen beneficio
algun para os cidadáns que soportan os efectos da explotación dos
recursos endóxenos. Ese novo marco pode representar unha nova
reducción de emprego nos servizos de atención ó cliente.
As empresas de telemarketing galegas, que empregan a 9000 persoas, estan sufrindo procesos semellantes. Teñense perdido 1300 empregos nos últimos dous anos.
As
compañías operadoras de telefonía móbil, explotan o espacio
radioeléctrico en rexime de concesión administrativa, igual que as
operadoras de cable. Pero Orange traslada os servizos de atención ó cliente de Galicia a Madrid
As persoas que
residen en Galicia, traballan e tributan neste territorio. O
Goberno galego debe enviar un sinal claro e firme ás compañías que
contratan coa Xunta ou xestionan concesións administrativas ou
servizos públicos. Debe existir un retorno en Galicia en
forma de emprego, no sector de servizos ou no sector industrial. Non
son admisibles os procesos de deslocalización a cambio do servizo. A
capacidade da Xunta como grande investidor ou como parte contratante,
é innegable. Debe ser exercida con plenitude, esixindo das
compañías operadoras de telefonía o mantenemento do servizos de
atención ó cliente no territorio, garantindo en tódolos casos o
pleno respeto ó dereito dos cidadáns a expresarse e recibir
atención en lingua galega. Débese aplicar o mesmo
principio ás empresas privadas que xestionen servizos públicos,
concesións administrativas ou contratos que esixan a existencia de
servizos de atención ó cliente.
domingo, 12 de mayo de 2013
CALENDARIO POLÍTICO
Cuando se va a cumplir un tercio de la legislatura, Rajoy y su equipo ya han demostrado sus capacidades y sus límites. Entre las primeras, la plena disposición a procurar la devaluación interna de la economía española mediante una subida fiscal generalizada y el recorte de costes salariales. Entre los límites, la incapacidad de articular una estrategia de crecimiento económico orientada al empleo y un conjunto de reformas legales marcadamente ideológicas y a veces abiertamente innecesarias. También destaca la incapacidad de llevar adelante reformas estructurales, retirando una y otra vez proyectos anunciados pero inmaduros.
Ni asistimos a una reforma fiscal en profundidad, ni la reforma de las Administraciones Públicas pasa de ser más que un conjunto de lugares comunes, la reforma municipal está encallada con todos los sectores, populares incluidos en abierta contestación, las reformas judiciales necesarias ni se abordan mientras se distrae la atención con temas secundarios, etc. La reforma de la educación y la reforma de la legislación del aborto son por si mismas sendos esperpentos, que no resuelven ningun problema y crean muchos.
¿No era éste el equipo que desde la oposición anunciaba todas las soluciones?¿No eran Zapatero y su gobierno la causa del problema cuya sustitución abriría la vía de los remedios? Ahora sabemos con certeza lo que entonces suponíamos: no conocen la realidad, no tienen una política mínimamente estructurada, son fieles ejecutores de los designios de otros. Han recibido la consigna de contener el déficit y le han sumado, derecha al fin, un proyecto ideológico sumamente retrógrado: acabar con las políticas de igualdad, con el Estado protector y con la España plural. Y así nos va. No habrá cambios a corto plazo, porque deben aguardar por las elecciones alemanas. En 2014 habrá elecciones europeas y ante la posibilidad de un fuerte crecimiento del voto antisistema o simplemente contrario a la tecnocracia de Bruselas, es posible que se inicien cambios económicos. Y en 2015 serán las elecciones municipales y 13 elecciones autonómicas. Será entonces cuando el Partido Popular, preocupado por los resultados, module su política y realice algunos gestos.
Y ese es también el tiempo de la oposición. Tener una alternativa, de personas, de programa, de propuestas, en 2014, capaz de recuperar gobiernos locales y autonómicos en 2015 y preparar así el cambio de rumbo de España.
Ni asistimos a una reforma fiscal en profundidad, ni la reforma de las Administraciones Públicas pasa de ser más que un conjunto de lugares comunes, la reforma municipal está encallada con todos los sectores, populares incluidos en abierta contestación, las reformas judiciales necesarias ni se abordan mientras se distrae la atención con temas secundarios, etc. La reforma de la educación y la reforma de la legislación del aborto son por si mismas sendos esperpentos, que no resuelven ningun problema y crean muchos.
¿No era éste el equipo que desde la oposición anunciaba todas las soluciones?¿No eran Zapatero y su gobierno la causa del problema cuya sustitución abriría la vía de los remedios? Ahora sabemos con certeza lo que entonces suponíamos: no conocen la realidad, no tienen una política mínimamente estructurada, son fieles ejecutores de los designios de otros. Han recibido la consigna de contener el déficit y le han sumado, derecha al fin, un proyecto ideológico sumamente retrógrado: acabar con las políticas de igualdad, con el Estado protector y con la España plural. Y así nos va. No habrá cambios a corto plazo, porque deben aguardar por las elecciones alemanas. En 2014 habrá elecciones europeas y ante la posibilidad de un fuerte crecimiento del voto antisistema o simplemente contrario a la tecnocracia de Bruselas, es posible que se inicien cambios económicos. Y en 2015 serán las elecciones municipales y 13 elecciones autonómicas. Será entonces cuando el Partido Popular, preocupado por los resultados, module su política y realice algunos gestos.
Y ese es también el tiempo de la oposición. Tener una alternativa, de personas, de programa, de propuestas, en 2014, capaz de recuperar gobiernos locales y autonómicos en 2015 y preparar así el cambio de rumbo de España.
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