SUPRIMIR AYUNTAMIENTOS

Al igual que el río Guadiana, el debate sobre la supresión de Ayuntamientos y Diputaciones resurge periódicamente, siempre fuera del ámbito donde podría tener efectos, las Cámaras legislativas. Porque es sabido que solamente hay dos caminos para reducir el elevado número que nadie discute: o la fusión voluntaria, por la que ni ciudadanos ni políticos afectados, parecen interesados, o bien el acuerdo político entre Gobierno, oposición y Comunidades Autónomas, impensable en el contexto actual. Es más el intento del Gobierno Zapatero, anunciado en 2005, para reformar la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, ha sido inviable hasta hoy por la falta total de compromiso de la oposición.

Con las Diputaciones ocurre igual: es obvio que tienen escasa relevancia, que ésta se limita a distribuir subvenciones y desarrollar algunos servicios supralocales, pocos en verdad y que en muchos casos desarrollan prácticas incompatibles con una democracia avanzada. Los ejemplos de Pontevedra y Ourense son notables. Si añadimos que sólo 38 provincias tienen Diputaciones, resulta evidente que el mundo local puede vivir sin ellas. Pero suprimirlas exige reformar el artículo 141.2 de la Constitución. Y ya abierto el proceso podría considerarse igualmente la supresión de las provincias, hoy con escasas funciones, y el diseño consecuente de circunscripciones electorales más reducidas.

La fusión voluntaria de municipios, poco deseada por los ciudadanos, debería estar precedida por un proceso de agrupamiento para la prestación de servicios, que hiciese evidentes las ventajas y sinergias. Naturalmente ese proceso tendría que ser incentivado lo que lleva de nuevo al acuerdo político. Solo una política de esas características, sostenida en el tiempo, podrá cambiar las percepciones actuales y facilitar acuerdos ambiciosos.

La derecha política está agitando el debate dentro de un contexto más amplio de deslegitimación del sector público, preparatorio de una gran operación de externalización. Las tribunas más reaccionarias airean a diario datos extrapolados para cuestionar el sector público. Suelen omitirse los datos de contexto, la comparación internacional, el desglose del sector público, etc. Porque es evidente que nadie desea menos profesores y médicos, sino mas, ni menos policías y guardias, ni menos residencias de mayores, etc

Al simplificar la crítica para insertar el mensaje de propaganda, parece que todos los trabajadores públicos son burócratas innecesarios y prescindibles o que la multiplicidad de Comunidades Autónomas ha causado el actual déficit. Afirmaciones groseras, que sirven al objetivo general: desarmar ideológicamente para hacer cirugía llegado el momento.

En ese contexto, la propuesta enunciada por Pachi Vázquez, como máximo dirigente del socialismo gallego, permitirá constatar el grado real de compromiso de la Xunta con la Administración local gallega y sus necesidades. Pasar de las grandilocuencia a las actuaciones concretas es lo que necesitan Administraciones y administrados. La vacua palabrería del gobierno gallego en casi todas las áreas, será evaluada pronto.