Nuestra sensibilidad actual reprueba los comportamientos de la Inquisición como la pena del "sambenito", un paseo del reo por las calles vestido con un sudario denigratorio, a veces paso previo a su ejecución. Aunque el origen del término tenga otro carácter de expiación religiosa, lo cierto es que se ha impuesto el uso inquisitorial.
Esas prácticas, vejatorias para el acusado, vuelven hoy con la llamada "pena de banquillo": la sobreexposición del justiciable al juicio de la opinión pública. Así acontece en los asuntos procesales que saltan a la opinión pública por distintas razones, interés mediático de la judicatura, de los cuerpos policiales, o simplemente de los medios de comunicación. El sufrimiento que se inflige no se evalúa, considerándose como una pena accesoria en la sociedad del espectáculo en la que vivimos. La sentencia final, pronunciada meses o incluso años más tarde, si es incriminatoria, confirmará el veredicto previo de la opinión pública y si es exculpatoria no redimirá del calvario sufrido.
Un aspecto particular de la "pena de banquillo", es la conducción policial de los detenidos. La creciente generalización del esposamiento, añade oprobio. Ni la Ley de Enjuiciamiento criminal (¡del siglo XIX!) ni la vigente Instrucción de la Secretaría de Estado, ordenan tal práctica, restringida a situaciones de riesgo de fuga o inseguridad del detenido. Que se generalice a otros supuestos, sin orden expresa judicial, es una extralimitación policial. Si existe orden judicial, debería informarse al detenido de los supuestos en los que se ampara, para ejercer en su caso las acciones judiciales oportunas. En una democracia avanzada, los poderes públicos, también la justicia y la policía, actúan bajo el imperio de la ley, con el uso proporcional de la fuerza coercitiva de la que ostentan el monopolio.
Que el trato dispensado ante la Justicia varía según el rango del justiciable, no es novedad. En la memoria reciente están las imágenes del señor Undargairin, llegando por su pie al juzgado, mientras otros lo hacen esposados, desaliñados y vigilados. O del señor Camps, aunque éste tenía a su favor la condición de aforado.
Ahora la judicatura, atenta a su status, plantea acciones de fuerza ante el intento del Gobierno de introducir algunos cambios en el Consejo General, tan desprestigiado. Anuncian medidas llamativas, como la suspensión de vistas por las tardes, de las que no se tiene memoria en nuestro territorio. Pero no hemos escuchado ni una reflexión sobre las insuficiencias de la actual normativa procesal, ni sobre el necesario respeto a los detenidos, a los imputados y a quienes sufren sin motivo por la dilación de las sentencias.
