Su actual Presidente, al parecer no ha impuesto nunca una sentencia. Su nombramiento solo puede explicarse desde una maniobra partidista para asegurarse un peón fiel. Cuando ahora se descubre el abuso que viene realizando en materia de viajes y atenciones protocolarias, no puede olvidarse que todo el Consejo adolece de lo mismo, según ha denunciado uno de sus miembros, testigo incómodo que revela las semanas de tres días y el abuso de los viajes con cargo al presupuesto público. Nadie parece inclinado a dimitir.
Pero el Consejo encuentra tiempo para proponer una reforma radical de la planta judicial, suprimiendo multitud de partidos judiciales y concentrando la justicia en las ciudades y grandes municipios. No se persiguen objetivos de racionalización, ni de eficacia, o al menos no se justifican en el documento, disponible en su web. La reforma no ha sido consultada con nadie: ni Comunidades Autónomas, ni Audiencias Provinciales, ni Colegios Profesionales.
Y sin embargo todos los profesionales recitan de memoria los cambios necesarios: mantener una justicia de proximidad para los litigios de menor cuantía que son la mayoría y traspasar los asuntos complejos a las jurisdicciones especializadas. En el momento actual, por ejemplo, la mayor parte del trabajo de la Fiscalía, está centrado en las denuncias por alcoholemia. Mientras un juzgado con pocos medios, como el de Corcubión, tramita una de las causas más voluminosas de la última década, el "Prestige", y así va.
El Consejo olvida, como la Xunta y Feijoo, que eliminar servicios públicos del ámbito rural, sólo acelerará el despoblamiento, sin garantizar mejores niveles de eficiencia.