LA NECESARIA ETICA PUBLICA
A finales de 2009 la Fiscalía General del Estado informaba sobre 700 procedimientos en curso por presuntos casos de corrupción política. De entre las decenas de miles de personas vinculadas a la política, como cargos electos o dirigentes de la Administración, el porcentaje es mínimo, pero llamativo.
En un conocido ensayo sobre el político profesional, Max Weber disecciona las motivaciones de los dirigentes y de los seguidores, la lógica de los aparatos partidarios y las formas de ejercicio del poder. La caracterización es muy negativa : el político opera con una lógica de responsabilidad para conseguir un objetivo, no de acuerdo con las convicciones. Así los principios morales con frecuencia son abandonados u orillados para la consecución de los objetivos. De ahí que la opinión pública sea en todos los países, muy crítica con los políticos, tan imprescindibles como despreciados. Manejar diariamente ambiciones e intereses humanos, utilizandolos como arma, deja huellas.
No es algo inevitable. Cuando un político elige preferentemente las acusaciones de trazo grueso , las descalificaciones personales, la apelación a los jueces, la transformación de lo singular en causa general, deja al mismo tiempo de atender a los intereses generales, de convencer con argumentos y ejemplos, renuncia a los elementos principales de la acción política: la palabra, el discurso, la convicción. La política debe tender al debate de lo general, de lo común y superar la confrontación personal, tan inútil como desasosegante.
¿Por qué aflora ahora la corrupción con tanta fuerza? Una sociedad avanzada, con acceso a múltiples fuentes de información, tolera menos la impunidad. Sin embargo en el ámbito político la corrupción es juzgada como un hecho personal, no estructural, como una consecuencia indeseable de la propia acción política. Las medidas propuestas para combatirla son escasas y algunas inútiles, como la publicación de los patrimonios, de cuya lectura surgen no pocas sorpresas. Entre las normas más interesantes promovidas en España figuran dos Leyes, de Transparencia y de Subvenciones, ambas de la Xunta anterior, que con modestia pero también con firmeza, han reducido la discrecionalidad del Ejecutivo.
Es difícil que los partidos se reformen a si mismos. Pero debería existir alguna instancia independiente, un Comité de Etica Política, que promoviese normas legales y dictase recomendaciones a seguir frente a los distintos casos, imputados penales, condenados, incursos en irregularidades administrativas, o protagonistas de hechos incompatibles con la dignidad del ejercicio de un cargo público.
